sábado, 19 de diciembre de 2015

Falta de voluntad política agrava situación de migrantes centroamericanos



Por Sandra Rodríguez

"Antes se les podía ver sobre la bestia, ahora las rutas y modos han cambiado, no sabemos cómo emigran, si van hacinados en una troca hasta por 15 horas, o dónde se van" hna. Leticia Gutiérrez. 

Hoy se presentó el Informe de la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de DDHH de migrantes hondureños, el cual ya fue expuesto en Ginebra, Estados Unidos y México.
La visita de verificación fue en julio pasado. En esta ocasión, participaron las integrantes de la Misión Internacional Patricia Montes y la Hermana Leticia Gutiérrez con el acompañamiento de Sergio Blanco y Mayra Alarcón representante de Consejería en Proyectos (PCS) para Centroamérica y México.
El documento contiene recomendaciones para el Estado hondureño, en cuanto al tema migratorio que afecta a más de 60 mil compatriotas que son retornados desde México, sin embargo las autoridades gubernamentales, desde hace un mes, no habían confirmado la cita para recibir el informe.
“Desde el mes de noviembre se ha estado solicitando un espacio de diálogo con el alto gobierno de Honduras, solicitud tramitada a través de la Vicecanciller María Andrea Matamoros, sin que a la fecha se haya tenido respuesta favorable. Se espera que para hoy se logre una reunión con la Sra. Vicecanciller y la primera dama de la nación”, dijo Mayra Alarcón, en horas de la tarde, apenas unos momentos antes de volver a su país.
El tema de migración y las violaciones a derechos humanos lleva a que se ejecute desde la voluntad política, pues las personas que emigran son motivadas por el desempleo, inseguridad, falta de alimentación, falta de educación, en general, porque no tienen oportunidades que deberían surgir desde políticas públicas implementadas por los gobierno, y no al contrario, ya que se dan casos donde las autoridades gubernamentales preguntan a los ciudadanos ¿Qué va a suceder con la migración en los próximos años?
La respuestas es lógica, seguirá la migración, entre 150 mil y 400 mil centroamericanos atraviesan el estado de México, sin ninguna garantía a que se les respete la vida, expresó la hermana Leticia Gutiérrez, de la Pastoral de movilidad humana, Guatemala.
La Misión intentó visitar las instalaciones provisionales del Centro de Atención a niños, niñas y adolescentes migrantes retornados “El Edén” pero no fue posible su ingreso, logrando sí conocer el nuevo Centro de Atención al Migrante Retornado de Omoa, abierto por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras a finales de septiembre de 2015 y gestionado en la actualidad por Cruz Roja Hondureña. El responsable del Centro de Omoa reportó que actualmente están recibiendo entre unos 1000 y 1250 personas migrantes deportadas a la semana.

Recomendaciones en el tema de derechos de los migrantes retornados
Al gobierno de Honduras se le recomienda que, para dar respuesta a las causas que generan la migración forzada en Honduras, recomendamos al gobierno que desde lo municipal y nacional se implementen políticas que enfrenten las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que viven importantes sectores de su población, a fin de garantizar la vida digna y el respeto a los derechos humanos. Reconociendo y respetando los derechos ancestrales de las comunidades afro-hondureñas e indígenas.
Y que para prevenir el desplazamiento por violencia, el Estado hondureño debe mejorar y ampliar sus estrategias y programas de atención a la niñez, a los jóvenes y otras poblaciones vulnerables. Asimismo, sus estrategias de seguridad deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y deben ser implementadas por instituciones civiles de seguridad.
Es así que el gobierno de Honduras debe establecer, ampliar y mejorar sistemas y mecanismos de atención para las personas desplazadas por violencia, que involucren la creación de casas de refugio y el establecimiento de programas sociales para la reubicación y reinserción en condiciones de dignidad de las personas y familias que se ven obligadas a abandonar sus casas y comunidades.
Para quienes se ven obligados a desplazarse más allá de sus fronteras, el gobierno de Honduras debe ampliar y fortalecer el trabajo de la red consular en el extranjero, mediante la asignación de recursos financieros acordes a las necesidades de la población migrante; la contratación de más personal y su profesionalización en materia de derechos humanos y atención consular, que les permita brindar una atención oportuna y adecuada que incluya el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y sus familiares.
Para la atención de la población migrante hondureña que es retornada al país, el gobierno de Honduras debe abrir lo antes posible un centro de atención a la población migrante retornada en la frontera entre Honduras y Guatemala que garantice la recepción digna. Para las niñas, niños y adolescentes que retornan se debe asegurar una atención integral que trascienda a la recepción y entrega a sus familiares en los centros de recepción.
El gobierno de Honduras debe fortalecer sus mecanismos de monitoreo, seguimiento y atención para los niños, niñas y adolescentes que han sido deportados, especialmente para aquellos que están en riesgo de sufrir violencia, los cuales deben aplicarse desde su recepción, integración familiar y reinserción en su lugar de destino.


Urge que el gobierno de Honduras establezca y amplíe servicios de atención en programas de reintegración social para la población migrante retornada, tales como: acceso a fuentes de empleo, acceso a becas para la niñez y adolescencia, oportunidades de capacitación laboral, acompañamiento y atención psicosocial. Poniendo especial atención a las condiciones de vulnerabilidad, falta de protección e seguridad que puedan enfrentar en sus comunidades aquellos que se vieron obligados a migrar por razones de violencia y que fueron retornados de la ruta migratoria.
El gobierno de Honduras debe pronunciarse ante los gobiernos de los países de la ruta migratoria en la región en defensa y protección de los derechos humanos de su población, quienes por razones estructurales, de violencia y reunificación familiar han migrado y sus derechos les han sido violentados.

Al gobierno de los Estados Unidos
En el diseño e implementación de sus políticas para la región en materia migratoria, el gobierno de los Estados Unidos debe tener en cuenta las causas estructurales y las situaciones de violencia que están originando la migración forzada en Honduras. Por lo que la cooperación de los EE.UU hacia los países del Triángulo Norte, deben estar dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, asegurando el respeto a sus derechos humanos.
La presencia y cooperación de los EE.UU. hacia los países del Triángulo Norte y México debe estar basada en una amplia visión de seguridad humana y no en la militarización de sociedades y fronteras. Para lo cual el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la región debe implementar mecanismos de protección internacional para toda la población migrante que ha sido vulnerada en sus derechos humanos, con especial énfasis en la niñez y adolescencia.
El gobierno de los Estados Unidos debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en un proceso legal migratorio en su país, tengan acceso a un asesoramiento jurídico eficaz y oportuno, que tenga en cuenta los factores expulsores que les llevaron a migrar. Garantizando condiciones dignas para las y los migrantes adultos que se encuentran en los centros de detención para migrantes.
Que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) además de otras autoridades migratorias garanticen que todas las personas migrantes que soliciten asilo sus casos sean debidamente evaluados, a fin de asegurar y proteger su derecho a acceder a la protección internacional. Brindando la debida ayuda humanitaria a las necesidades urgentes y protección de las y los migrantes.
Que el gobierno de los Estados Unidos de inmediato ponga fin a la detención de familias migrantes.
Que el Congreso de Estados Unidos tenga la voluntad política para aprobar una reforma migratoria justa.

Al gobierno de México
Al gobierno de México se le recomienda que en la detención y traslado de la población migrante hondureña, se deba tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar su retorno en condiciones dignas y seguras.
La MIV recomienda que las mujeres embarazadas y la infancia que está siendo retornada por tierra en viajes de 12 hasta 30 horas, sea retornada al país por la vía aérea, que los autobuses en los cuales regresan las y los migrantes se encuentren en condiciones adecuadas y cuenten con servicios básicos para el recorrido que estarán haciendo.
El gobierno de México debe implementar políticas públicas dirigidas a prevenir, proteger y sancionar los delitos y las graves violaciones a los derechos humanos que son víctimas la población migrante hondureña y centroamericana. Brindando una atención adecuada a las víctimas y sus familiares, reconociendo su derecho a una adecuada reparación del daño causado.
El gobierno de México debe garantizar la protección a las y los defensores de los derechos humanos de la población migrante. Se deben incluir medidas de protección, además de la investigación y sanción de amenazas y/o ataques contra defensores/as; el reconocimiento y respeto a la labor que ellos realizan.
Las autoridades mexicanas de inmigración deben garantizar el debido proceso para las solicitudes de asilo de las personas migrantes. Deben proporcionar información veraz que explique a las y los migrantes que solicitan refugio, que durante el proceso de su solicitud no tienen que estar en centros de detención y pueden hacer este trámite desde las casas del migrante.
En la búsqueda y localización de la población migrante, el gobierno de México debe garantizar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos el acceso a los centros de detención y de recepción de migrantes.

A los gobiernos de los países de región
Los gobiernos de los países de la región deben escuchar y atender las demandas de las madres y familiares de las y los migrantes desaparecidos y no localizados en la ruta migratoria. Es urgente y necesario crear e implementar un mecanismo transnacional y regional de búsqueda, localización, retorno y repatriación de las y los migrantes desaparecidos. Este mecanismo transnacional debe ser establecido en cada país y coordinado con los comités de familiares.
Para avanzar en el establecimiento del mecanismo transnacional de búsqueda de los migrantes desaparecidos, es imperativo que el gobierno de México implemente lo más pronto posible el acuerdo suscrito por la Procuraduría General de la República (PGR) que permite nombrar agregados consulares en Centro América que respondan en los países de origen a las demandas de las familias con migrantes desaparecidos.
Urge que con el apoyo de los gobiernos de México y Estados Unidos, el gobierno de Honduras garantice una atención amplia e integral para los migrantes que han retornado mutilados y discapacitados en su paso por la ruta migratoria.
Que los gobiernos de la región implementen de forma integral la carta de entendimiento para una repatriación digna, ordenada, ágil y segura de ciudadanos centroamericanos vía terrestre.

Integrantes de la Misión Internacional de Verificación:
Lisa Haugaard, Directora Ejecutiva de Latin American Working Group; Amalia García Medina, Diputada federal de México y Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados; Patricia Montes, Directora Ejecutiva del Centro Presente en Boston, EEUU; Padre Juan Luis Carbajal, Misionero Scalabriniano y Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala; Hermana Leticia Gutiérrez, Misionera Scalabriniana y Secretaria Técnica del Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados de México-CODEMIRE; Pilar Trujillo Uribe, Directora Ejecutiva de Consejería en Proyectos-Project Counselling Service.
Esta misión será la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, para que se respete el derecho a migrar o no migrar, que a las personas se les trate con respeto de forma que sea dignificada su vida por donde quiera que transite. 

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