Por Marvin Palacios
La directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera dijo que los fundamentalismos religiosos se imponen y son los que al final marcan las políticas públicas respecto a los derechos humanos de las mujeres en este país.
Rivera expresó que en el Examen Periódico Universal (EPU) del año 2015 hubo recomendaciones muy importantes de parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto a los derechos humanos de las mujeres.
Por ejemplo una de ellas es la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (o, por sus siglas en inglés, OP-CEDAW), también que en Honduras se considere la problemática del aborto en condiciones de inseguridad que está causando la muerte de cientos de mujeres en nuestro país, explicó Rivera.
“Sin embargo el estado de Honduras finalmente se apegó, diría yo, a mandatos de las iglesias evangélicas y no se logró, en septiembre de este año frente al Consejo de Derechos Humanos, el estado no llegó a aprobar el Protocolo facultativo de la CEDAW, y es más, lo que hizo fue tomar nota, que eso significa que no va a hacer nada”, señaló la defensora de derechos humanos.
Como siempre el estado de Honduras, a última hora aprobó la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, pero como para salir del paso, porque a estas alturas del tiempo, no ha puesto en práctica la aplicación de esta ley, dijo Rivera.
Consultada sobre las implicaciones que tiene la aprobación en el Congreso Nacional del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (o, por sus siglas en inglés, OP-CEDAW), la directora del CDM dijo que “este es un mecanismos frente al cual las organizaciones de mujeres podemos presentar ante el comité de la CEDAW, quejas y denuncias por incumplimiento del estado de Honduras respecto a derechos humanos de las mujeres”.
Pero ellos (el estado de Honduras), no lo aceptan porque dicen que nos van a conceder más derechos como el aborto, algo que creemos que es importante debatirlo en el país, pero hay que decir que el protocolo no nos concede el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, o sea, sí plantea el mecanismo que sí nos permite presentar quejas ante el Comité de la CEDAW sobre incumplimientos del estado de Honduras respecto a los derechos humanos de las mujeres, detalló Rivera.
Al final de cuentas los fundamentalismos religiosos se imponen y son los que al final marcan las políticas públicas respecto a los derechos humanos de las mujeres en este país lastimosamente.
Las recomendaciones que surgen frente al EPU, reflejan el problema de violencia contra las mujeres, los altos niveles de femicidios aparecen como una de las graves problemáticas que vivimos las mujeres en Honduras y también el poco compromiso del Estado al respecto, apuntó Rivera.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (o, por sus siglas en inglés, OP-CEDAW) es un protocolo que establece los mecanismos de denuncia e investigación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El Protocolo fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 y entró en vigor el 22 de diciembre de 2000. En agosto de 2015, el Protocolo tenía 80 Estados firmantes y 106 Estados parte .
Los Estados parte en el Protocolo otorgan competencia al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer para conocer denuncias de individuos o investigar violaciones graves o sistemáticas.
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