Desempleo dura realidad de 2 millones de hondureños
El Diccionario Jurídico Elemental de Cabanelas de Torres define la Extradición como la “Entrega que un país hace a otro, cuando éste así lo reclama, del acusado de ciertos delitos para ser juzgado donde se suponen cometidos”.
Para septiembre de este año había 26 solicitudes de extradición en manos de la Corte Suprema de Justicia, sobre las cuales había emitido 15 órdenes de captura de extraditables y 11 se encontraban entrampadas, algunas de ellas porque los magistrados que actúan como jueces de extradición no habían emitido la resolución y en otros porque las órdenes de captura no habían sido enviadas a la Secretaría de Seguridad.
Las extradiciones en sí mismas y la lentitud con la que la Corte Suprema de Justicia las está procesando refleja dos realidades: En primer lugar, como lo señala Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, que el Poder Judicial es una institución “que ha sido opaca, poco transparente y sin rendición de cuentas, que permite que este tipo de omisiones pueda estar tras bambalinas o de forma subterránea en total oscuridad”.
En segundo lugar, que las extradiciones es el reflejo trágico de la situación de la justicia hondureña que no es capaz de juzgar y sancionar a los grandes criminales que tienen al país hundido en la miseria y la corrupción, y que al verse seguros de la impunidad, siguen cometiendo sus crímenes, alimentando de este modo el miedo en la sociedad e impidiendo la plena realización del Estado de derecho y la democracia.
El Poder Judicial hondureño a lo largo de su historia ha jugado un papel crucial para que la ley se aplique diferenciadamente si se trata de personajes con poder político o económico como Callejas, Micheletti o Vásquez Velásquez, o si se trata de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas quienes deben afrontar la actuación efectiva de las normas y de la fuerza pública.
La ciudadanía debe de estar consciente que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia no es un simple reparto político de puestos públicos sin ningún impacto para nuestras vidas. Lo que está en juego es la existencia misma de la sociedad y el Estado democrático de derecho, pues la presencia de un poder judicial independiente e imparcial es fundamental para acabar con la impunidad y la corrupción, y para la vigencia efectiva de los derechos humanos.
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