расширения joomla 3.5 Los jugosos salarios que devengan los funcionarios de alto nivel en las instituciones operadoras de justicia, contrastan con los niveles de impunidad que campean en Honduras.
Un informe de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) indica que el 96% de los homicidios que ocurren en este país quedan en la impunidad por fallas en el debido proceso. Devela que de 27,272 homicidios ocurridos entre 2010 y 2013 solo 1,009 fueron resueltos con sentencias condenatorias. Es decir, únicamente en 4 de cada 100 asesinatos los responsables son investigados, judicializados y condenados a purgar penas. A lo anterior se suma la gran cantidad de casos de corrupción, pendientes de investigar en Ministerio Público y de resolver en los tribunales jurisdiccionales, muchos de los cuales logran ser conciliados en la Procuraduría General de la República (PGR).
La situación se muestra pavorosa, pero los magistrados y otros funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, de Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado, ajenos del dolor de los que sufren, reciben enormes salarios y prebendas.
Los sueldos
En las últimas semanas se ha desatado en Honduras una tremenda pugna entre los abogados que tratan de llegar a ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia, que a partir de enero de 2016 será la base del Poder Judicial. Acusaciones de todo tipo surgen en momentos en que la Junta Nominadora realiza las acciones conducentes a presentar la nómina que la Constitución de la República le ordena hacer ante el Congreso Nacional.
Todos hablan de transparencia. Y la situación levanta expectativas en una sociedad sedienta de justicia. Sin embargo, la mayoría de proponentes son personas con cargos importantes en la administración pública, que más estarían interesados en los beneficios personales, que en favorecer a la colectividad.
Entre los nominados cuentan 12 de los quince magistrados que conforman la actual Corte suprema de Justicia.
Y es que no es fácil renunciar a la oportunidad de llegar a devengar un salario mensual de 185 mil 489 lempiras, aumentado con gastos de representación de 40 mil, más un seguro médico anual de 750 mil lempiras, como el que en este momento gana el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés. Este funcionario también goza de una asignación de 5 millones 960 mil lempiras para el pago de su seguridad y 135 mil para gastos de telefonía.
Salarios Magistrados CSJ (descargar en pdf)
Cada uno de los 14 magistrados restantes reciben un salario mensual de 113 mil 355 lempiras, con 45 centavos, 40 mil de gastos de representación, seguro médico y su correspondiente asignación personal para el pago de seguridad.
El Presidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla y los otros tres concejales propietarios, devengan salarios de 153 mil 355 lempiras cada uno, tienen una asignación de 4 millones 277 mil lempiras para gastos de seguridad y 77,625 lempiras como partida para gastos de teléfono.
En el mismo sentido encontramos al Fiscal General del Estado, Oscar Chinchilla, con un salario de 117 mil 811 lempiras, gastos de representación de 68 mil lempiras, 94,500 para gastos de teléfono y 4 millones 376 mil lempiras en seguridad.
La Presidenta de la Comisión de Bancos y Seguros, Ethel Deras, devenga 150 mil 750 lempiras de salario, tiene una partida de 94,500 lempiras para teléfono, 4 millones 772 mil lempiras para seguridad y un seguro médico de 116, 666 lempiras; por su parte, el Procurador General de la República, Abraham Alvarenga, gana 125 mil lempiras de salario, 20 mil de gastos de representación, 74,812 de teléfono y un presupuesto de 3 millones 881 mil lempiras para seguridad.
Infografía
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