Este año 2015 tres personas lograron arrebatar un poco de justicia al sistema que predomina en uno de los países más violentos e impunes del mundo. Una mujer, un campesino y tres jóvenes asesinados por policías, casos emblemáticos en un lugar donde ser joven, mujer y campesino significa un doble estigma, una carga muy pesada.
Magna Marbella: reflejo de una sociedad excluida
El 14 de septiembre de 2015 el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, decidió absolver a Magna Marbella del delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de sus 5 hijos menores.
Magna padece de un trastorno depresivo recurrente y psicosis, por lo que la capacidad para hacer juicios de la realidad estaba alterada al momento que intentó envenenar a sus hijos y suicidarse, hace tres años. Magna llevaba varios días sin comer, el padre de sus hijos la había abandonado, recién había sufrido un aborto, y estaba abandonada por su familia, y sobre todo por el Estado de Honduras.
Constitucionalmente, el Estado hondureño tiene frente a Magna y sus hijos tres obligaciones claras: Respetar sus derechos humanos en la no interferencia estatal en la libertad de acción y de uso de los recursos propios de Magna para satisfacer sus necesidades.
En segundo lugar, la obligación de proteger que exige la prevención de amenazas o ataques a sus derechos, así como la imposición de sanciones a los responsables de las conductas lesivas. Esta obligación tiene un carácter positivo-preventivo, en el sentido básico de que el Estado debe adoptar medidas positivas para proteger los derechos de Magna y sus hijos contra toda intrusión y acción perjudicial por parte de terceros.
Y en tercer lugar, la obligación de satisfacer, que implica tomar medidas concretas para permitir que Magna y sus hijos gocen de sus derechos, especialmente cuando no sean capaces de hacerlo por sí solos. Esta obligación tiene un carácter positivo-facilitador, en tanto el Estado está en la obligación de facilitar las oportunidades para que los derechos puedan ser disfrutados, y en su defecto, realizar y garantizar directamente un derecho cuando Magna no fue capaz de hacerlo por sí misma. En otras palabras, frente a la situación de pobreza de ella, el Estado hondureño tenía la obligación de satisfacer los bienes y servicios necesarios para que Magna y sus hijos pudieran vivir en condiciones dignas, ya sea facilitando su adquisición o proporcionándolos directamente.
Mientras estuvo en el Centro Penal de El Progreso, Yoro, Magna fue violada y producto de ello quedó embarazada. Ahora tiene una bebé de 1 año de edad y solamente tiene acceso esporádico a sus demás 5 hijos que se encuentran en un centro de asistencia en esta ciudad. El padre de los niños y niñas que Magna sigue acompañando se dio a la fuga. Pero Magna ha comenzado una vida nueva con su hija en brazos ya sin el sistema de justicia acusándola.
Lea más de su historia aquí: ¿Qué puede llevar a una madre a intentar matar a sus hijos?
Chabelo Morales gana batalla al sistema de justicia que lo condenó
Lágrimas en sus ojos, fue el reflejo de la felicidad, al recobrar su libertad… Después, de casi 7 años de estar encarcelado por un delito que no cometió, Chabelo no podía creer lo que el presidente del Tribunal de Sentencia pronunciaba: “La Fiscalía no logró, con la prueba que aportó, desvanecer su estado de inocencia, por lo tanto, este Tribunal lo declara Inocente del delito que se le imputa”. El sistema de justicia hondureño sometió a José Isabel Morales a tres juicios amañados, violentándose el debido proceso, el derecho a defensa y el principio de inocencia.
Rodeado de sus familiares, amistades y compañeros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), “Chabelo” entre llanto y sonrisas agradeció a todas las personas y organizaciones que lo acompañaron durante el proceso. Sin duda, la solidaridad nacional e internacional fue fundamental para lograr la libertad absoluta del luchador agrario.
La conflictividad social agraria en el Valle del Aguán, venía provocando la muerte sistemática de campesinos y campesinas en manos de guardias de seguridad de terratenientes de la región. Además, del proceso de criminalización del campesinado con la judicialización de más de 5 mil campesinos y campesinas, según cifras de Vía Campesina.
Un 4 de agosto del 2008, ocurrió trágicamente en la comunidad de Marañones, en Trujillo, Departamento de Colón un hecho que marcaría la historia de la comunidad. A pesar de que varios campesinos buscaron a la policía, no tuvieron respuestas efectivas, para evitar los sucesos de aquella tarde en la que diez personas, entre familiares y guardias de seguridad del terrateniente y Comisionado de la Policía Nacional, Henry Osorto, perdieron la vida en un incendio, hecho más conocido como la “Masacre de Silín”.
Después de muchas confrontaciones, amenazas y hostigamientos realizados por la familia Osorto, y luego del asesinato del campesino Arnulfo Guevara en la comunidad Guadalupe Carney; aquel día, los campesinos y campesinas decidieron enfrentar a los familiares y guardias de seguridad de la familia Osorto, quienes les impedían recoger el cadáver del campesino asesinado.
Unos 300 campesinos con palos, machetes y armas de fuego, se aproximaron a la propiedad de Osorto ubicada en la Aldea Nueva Marañones, municipio de Trujillo, departamento de Colón. Los guardias de seguridad dispararon contra la vida de los campesinos, pero éstos, en vez de retroceder, siguieron avanzando. Inesperadamente, la vivienda de Osorto comenzó a incendiarse, presuntamente, porque el armamento guardado en la misma causó una explosión que dejó como resultado once muertos, entre familiares y guardias de seguridad.
El día del enfrentamiento, José Isabel, como de costumbre salió muy temprano a vender helados en su bicicleta. Al terminar, se fue a jugar fútbol junto con otros jóvenes a la cancha de la comunidad, lugar donde se encontraba cuando fue avisado de la muerte de su compañero Arnulfo Guevara y por petición de la compañera de hogar del occiso, se encaminó en dirección a la hacienda de la familia Osorto para apoyar con el cadáver de su compañero Arnulfo.
La presencia del campesino luchador, auxiliando a las víctimas del incendio fue el argumento suficiente para condenarlo injustamente y estar preso cerca de 7 años de su vida. “Chabelo” fue acusado por testimonio de Carlos Manrique Osorto, sobrino del Comisionado de la Policía Nacional, Henry Osorto. La acusación inicial fue por diez asesinatos, tentativa de asesinato y un homicidio, robo agravado e incendio agravado, y en ninguno de esos delitos el Ministerio Público tuvo pruebas en su contra.
Para la abogada Sara Aguilar y el abogado Omar Menjivar, apoderados legales de “Chabelo” el fallo emitido por los jueces era esperado desde el primer juicio, porque el Ministerio Público nunca pudo probar los delitos por los que se le acusaba.
Además, este caso demuestra “que el Ministerio Público y las entidades investigativas no fueron capaces de realizar una investigación fuera de cualquier sesgo, pues desde un primer momento acomodaron las investigaciones para acusar al campesino”. Este caso, evidencia que el sistema de justicia hondureño es incapaz de brindar seguridad y realizar una investigación objetiva, situación que conlleva a la criminalización del campesinado y expone a la población hondureña a ser víctima de un mal procedimiento judicial.
El equipo jurídico del área de Investigación del ERIC consideró que el acompañamiento integral fue eficiente, ya que ha tenido resultados significativos en la lucha contra la impunidad. “Al evidenciar el proceso amañado e injusto, por parte del sistema de Justicia; logrando la anulación de dos sentencias condenatorias por el máximo órgano de justicia, quien ha reconocido que en todo el proceso se ha violentado el debido proceso, especialmente el derecho de defensa, ordenando se repita por tercera ocasión el Juicio. Logro que se concretiza con la libertad absoluta del campesino. Esperamos la sentencia por parte de Tribunal, para presentar el caso ante la Comisión IDH”.
Se logró que el caso fuera asumido por las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos, principalmente de la región Noroccidental, como símbolo de la lucha por el derecho a la tierra y la criminalización al campesinado hondureño. “Esto nos permitió evidenciar que su situación no era un hecho aislado y que existe todo un contexto de graves violaciones a los derechos humanos en la región del Valle del Aguan y en el país en general”, concluyó.
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Policías presos por asesinar a jóvenes
El Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús y Radio Progreso, “ERIC-RP”, acompañó el caso de los Jóvenes asesinados en Agua Blanca Sur en febrero de 2011. Uno de los jóvenes era hijo del líder comunitario Merlín Bonilla quien pertenece a la Asociación Intermunicipal de Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH).
El 1 de febrero de 2011, los jóvenes, Nahúm Murillo (27), Neptaly Galeano (19) y Narzy Bonilla (20), salieron en horas de la mañana con la intención de trasladarse al balneario Los dos encuentros, tres kilómetros arriba de la comunidad de Agua Blanca sur. Según versiones de testigos los tres jóvenes fueron vistos en el balneario, cuando fueron requeridos por los policías de la comunidad, dos hombres y una mujer, quien estaba al mando policial. Acto seguido los sometieron y los redujeron, disparando sus armas para intimidarlos, los "enchacharon", torturaron y los fueron liquidando uno a uno utilizando armas de tipo comercial y policial.
Durante todo este tiempo, el padre de uno de los jóvenes se ha dedicado a llevar testigos al Ministerio Público y a hacer averiguaciones por cuenta propia. Entre las acciones de investigación que se hicieron se destaca la vez que volvió a subir al lugar donde fueron ejecutados los jóvenes con dos detectores de metales y en la que se encontró un casquillo de fusil galil. Tras hacer la prueba comparativa con los fusiles decomisados de los policías, dio positivo. También llevó un testigo que vio cómo se manipulaban la escena del crimen y hasta un testigo presencial que vio a los policías trasladando los cadáveres al bosque. A uno de los testigos, lo asesinaron posteriormente agentes de la policía de Agua Blanca Sur.
El 25 de marzo de 2011 interpuso denuncia formal contra los policías ante la Oficina de asuntos internos en Tegucigalpa que terminó con una orden de captura contra los tres policías. Sin embargo, solo capturaron a dos de ellos. Tras la audiencia, los policías siguieron en sus puestos de trabajo en la Jefatura de El Progreso, Yoro y se les otorgó medidas sustitutivas consistentes en presentarse al juzgado una vez por semana, no salir del país y de no acercarse a nuestra casa.
El proceso culminó con un auto de sobreseimiento provisional y la extensión de cartas de libertad a cada uno de ellos. Contra esa decisión judicial se interpuso Recurso de Apelación el cual fue resuelto revocando el sobreseimiento provisional por lo que el caso volvió al tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso. Tras insistir mucho y habiendo reprogramado esta audiencia por cuatro veces se celebró la audiencia probatoria el 6 de Octubre de 2014, en la cual admitieron todos los medios de pruebas y señalaron audiencia para el Juicio Oral el día uno y dos de Octubre del año 2015.
En este juicio se declaró culpables a dos de los policías, mientras que la mujer policía está prófuga de la justicia. La individualización de la pena aún no se da, sin embargo según el Código Procesal Penal cada uno estaría recluido entre 45 y 60 años.
Este caso visualiza la grave situación de corrupción e involucramiento en el crimen organizado de las instituciones del Estado. En concreto, las de la Policía Nacional, la cual paradójicamente es la institución encargada de dar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. Este caso nos permite evidenciar la debilidad institucional del Estado de Honduras y la necesidad de constituir una policía independiente y comprometida con su labor de proporcionar seguridad a la ciudadanía.
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