Por Lester Ramírez Irías *
Hay un fenómeno que todas las organizaciones de sociedad civil comparten, y es que al representar intereses o demandas colectivas y buscan hacer “incidencia”, se convierten en actores políticos en su interacción con las autoridades públicas y por ende, son invitados al juego político.
Posiblemente la cooptación política, es el riesgo más grande al jugar el juego político para cualquier organización de sociedad, sin importar si es un patronato de unos 50 vecinos o una ONG bien montada, sí interactúa con el caudillo de provincia o con el Presidente de la República, o si tiene recursos financieros o no. La cooptación en el contexto de la sociedad civil hondureña, se puede entender como el “control” –va más allá de la injerencia- de una élite política sobre una organización social a través de recursos económicos y/o concesiones políticas, para asegurar el mantenimiento de su posición dominante y su agenda (menciono “élite política”, porque no necesariamente se tiene que estar en el poder o gobernando para cooptar).
La cooptación de una organización de sociedad civil no necesariamente es permanente o total. Es decir, no busca controlar toda la vida de la organización social –ni tampoco le interesa al político esto-, sino solo momentos claves en que se requiere del apoyo “político”. Por otro lado, no requiere controlar toda la estructura, sino a piezas claves que ejercen influencia; es decir, tienen poder dentro de la organización. Dos ejemplos de cooptación bajo estos criterios se me vienen a la mente. El primero, fue durante la crisis de 2009, en el cual organizaciones sociales que se habían mantenido al margen de los pleitos entre políticos, terminaron trabajando para los extremos en pugna, y no solo fue por el conflicto ideológico, sino los recursos y espacios de participación que les ofrecieron. El otro ejemplo, y una cooptación más extrema, fue lo que pasó con el Conseja Nacional Anticorrupción (CNA) hace unos años atrás, cuando se insertaron piezas claves a lo interno de la organización para anular su labor. En ambos ejemplos, la cooptación pasó una enorme factura en términos de credibilidad y efectividad de las organizaciones.
La cooptación de las organizaciones sociales no es nada reciente, vino con el mismo nacimiento de la sociedad civil hondureña. Tal como menciona, Álvaro Cálix (2003), un referente en estudios de los movimientos sociales en Honduras, los sindicatos y grupos campesinos fueron las primeras víctimas de la cooptación política durante los años setenta. Esa cooptación, a mi parecer, no les permitió incidir en los acuerdos que dieron con la Constitución de 1982 y hacerle frente al desmantelamiento del Estado que se da con el proceso neoliberal en los noventas. Por otro lado, la cooptación tampoco es algo que solo sucede en Honduras, sino que es característico de los Estados latinoamericanos que comparten herencias autoritarias.
Ahora bien, sabemos que las organizaciones de sociedad civil al ser actores políticos tendrán que jugar el juego político, y al jugar ese juego, la cooptación política será unos de los partidos que tendrá que jugar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Indudablemente no hay un esquema táctico que evite la cooptación, pues en el juego de la política vernácula hondureña, no se juega con el mismo número de jugadores o en la cancha que uno quiere o con reglas claras y acordadas. La respuesta, es que hay ligas en que simplemente las organizaciones de sociedad civil no deben jugar. Y esa realidad empieza con el reconocimiento de la naturaleza y propósitos de la sociedad civil. Daré un ejemplo, para explicar esta confusa metáfora en términos prácticos.
Para muchos lograr que ese cuerpo heterogéneo y plural llamado “sociedad civil” fuera incluido dentro de los siete actores que participará en la nominación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia allá por el año 2001 fue una victoria para la participación ciudadana y una muestra de madurez democrática. ¡Qué mejor manera de incidir en el Poder Judicial viciado por la politización! Sin embargo, hay dos grandes diferencias entre la sociedad civil y el resto de los miembros de la Junta Nominadora que me hace pensar que no es la liga donde debe estar jugando.
Representación: La sociedad civil, a diferencia del resto de los miembros de la JN, no es una organización con un marco legal o una asociación de agremiados o un órgano colegiado, sino un espacio horizontal de ciudadanía. Para lograr lo más cercano a tener representación, tiene que ajustarse a unos requisitos legales y llevar a cabo un proceso electoral que la obliga a configurarse como organización en un mínimo de tiempo –dos meses entre la convocatoria y la juramentación de sus representantes. Y para rematar, esos requisitos y procedimientos ni son definidos o discutidos por la sociedad civil, sino es una autoridad gubernamental que los impone.
Control democrático: La sociedad civil que aparece en los ochentas y noventas tenía como norte la lucha por los derechos humanos; la que surge en los años post Mitch hace uso de las auditorias sociales para controlar el uso de los recursos públicos de la reconstrucción y la ERP; y, la de hoy está incursionando en procesos de políticas públicas bajo la incipiente gobernanza. Un denominador común en todo esto es que su rol sigue siendo de control democrático. Es decir, ante una institucionalidad débil, las organizaciones de sociedad civil aparecen para participar en procesos públicos, denunciar la mala gestión, recomendar mejoras institucionales, monitorear y evaluar los servicios públicos, pero en ningún momento deciden en nombre del Estado o sustituyen la institucionalidad pública.
Ningún otro miembro de la junta nominadora es tan heterogéneo, plural, horizontal, territorialmente disperso e ideológicamente diverso que la sociedad civil. Sin embargo, legalmente tiene que proponer 20 candidatos y después “consensuar” una lista de 45 que se presentará al Congreso Nacional. Paralelamente, tiene que vigilar que el proceso se haga de manera transparente y que se escojan a los candidatos más idóneos según méritos, capacidades e integridad, manteniendo la prerrogativa de denunciar cualquier irregularidad en el proceso o candidato que no cumplan los criterios. Por un lado, participa en el proceso y por el otro, hace veeduría de ese mismo proceso. Es decir, es juez y parte.
Me decía un amigo que está curtido en estas cosas de la política vernácula hondureña que al meter a la sociedad civil dentro de la junta nominadora, la sociedad civil se convierte en parte del problema y no la solución. Sin duda alguna, se ha convertido en parte del problema. Todos vimos el pleito que se montó en el día de la elección de sus representantes ante la junta nominadora, un pleito que se pudo haber evitado si hubiera evitado jugar ese juego político…
Si me preguntan, ¿qué reforma debe haber en el proceso de nominación para la Corte Suprema de Justicia? La respuesta es fácil, sacar a la sociedad civil como miembro nominador y convertirla en un veedor del proceso, donde tendrá la legitimidad y credibilidad para investigar, denunciar y hacer control democrático. En otras palabras, de jugar el juego político, tendrá oportunidad de arbitrar el juego político.
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