Con el declarado conteo del 99% de las actas electorales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha jugado su última carta de “transparencia” en el manejo del proceso eleccionario, dando por confirmado el triunfo del oficial Partido Nacional (PN), con el 36,8% de los votos sufragados.
En contraste, los partidos perdedores, cada uno con sus propias argumentaciones y perspectivas políticas, rechazan el veredicto oficial del TSE, a lo que se suma la incongruencia –para decir lo menos— en los criterios de los observadores internacionales y locales, con predominio, por supuesto, del clásico libreto hegemónico.
Dentro de lo que podríamos calificar “realpolitik”, Juan Orlando Hernández, reafirmado por el TSE como el virtual presidente de Honduras en el cuatrienio 2014-2018, es asumido por una mayoría por lo menos del 80% de la ciudadanía como un bocado indigesto tragado por la fuerza del fraude.
Ese sentimiento colectivo –que viene a ser una mezcla de decepción por la continuidad de las “elecciones estilo Honduras”, de indignación por los increíbles niveles de cinismo político local e internacional y de frustración por la falta de capacidad de la camarilla en el poder para vislumbrar las necesidades de cambio político-social—tiene que ser, dentro del proceso histórico, la fuente de conversión ante la agudización de la crisis multipolar de hecho decretada.
Por el momento, la contundencia del “fait accompli” supera la lógica de la oposición al resultado oficial proclamado por el TSE, sin importar la abundancia de pruebas fehacientes y de análisis técnicos sobre la consumación del fraude. Un fraude, se dice, que por su profundidad y extensión da creación a una nueva modalidad del golpe de Estado electoral, o, si se quiere, la continuidad del golpe de Estado 28-J de 2009.
Según declaraciones de LibRe y del PAC, por lo pronto su inconformidad con el manejo electoral se condensará en el reclamo de un obligado recuento de las actas de votación, confrontando lo operado por el TSE con las pruebas documentales de estos partidos. Es decir, el seguimiento de los procedimientos legales, hasta llegar, de ser necesario, a las instancias internacionales.
Sobre este punto vale la pena tomar nota, con reiteración, de lo expresado por portavoces del Departamento de Estado de Estados Unidos, y, en similar sentido, por la Unión Europea (UE), cuya Alta Representante, Catherine Ashton, afirmó en boletín oficial: “Confío en que los asuntos que están surgiendo de las elecciones serán dirigidos al Tribunal Supremo Electoral y los mecanismos judiciales existentes y estoy segura que serán tratados de manera justa y rápida”.
Aunque parezca ingenuidad, los partidos que se sienten vulnerados por la aplanadora azul –que implica masivo uso de los fondos públicos, abuso de poder y ausencia de escrupulosidad— han tomado, por el momento, las vías legales a sabiendas de los designios del sistema. Siguen, por lo tanto, la lógica de los dueños de la democracia, que tiene emulaciones de lógica “kafkiana”.
Diciembre 02, 2013
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