Por Efraín Bu Figueroa
En 1965 el entonces Coronel Oswaldo López Arellano, quien dos años atrás había propiciado un golpe de Estado contra el gobierno liberal de Ramón Villeda Morales, se legitimó a través de una Asamblea Nacional Constituyente, para la cual convocó a elecciones, que fueron fraudulentas, etiquetadas por la prensa internacional como “elecciones estilo Honduras”; quizás una de las mas vergonzosas de la historia electoral de este país.
Aquellas elecciones se caracterizaron por la imposición violenta ejercida durante el proceso electoral por el Ejército y el Partido Nacional: atemorizaron a la oposición, falsificaron votos, asaltaron urnas e intimidaron y agredieron a los votantes,. El resultado de ese proceso fue el gane del Partido Nacional; López Arellano fue elegido presidente y los militares se quedaron en el poder por 16 años, una las épocas mas nefastas de nuestra historia.
Casi cinco décadas más tarde, hoy, se repite una historia de fraude generalizado, sin asalto ni violencia en la urna, pero esta vez, bajo los influjos manipulados de la nueva tecnología y por el mismo partido político de aquellos años. A diferencia de los viejos tiempos, con nuevos y avanzados métodos, el fraude se tornó mas elaborado, muy planificado, digamos mas sofisticado, nada invisible, muy trasparente.
Este proceso electoral viciado no comenzó el 24 de noviembre pasado. Se inició, hace un año, en las elecciones primarias del Partido Nacional, denunciadas públicamente como fraudulentas por Ricardo Álvarez, actual designado presidencial nacionalista. Aquel fue el experimento preliminar de como maniobrar las actas, en la transferencia y registro de resultados en el Tribunal Supremo Electoral, y si hace un año les dio resultado, al aplastar a Álvarez que era el seguro ganador del nacionalismo; ¿porque no podría ocurrir lo mismo en las elecciones generales?
Habiendo sido exitoso aquel perverso ensayo intrapartidario nacionalista, continuó tejiéndose la trama para las elecciones de noviembre del 2013. El siguiente paso, era asegurarse el marco jurídico para neutralizar el proceso de impugnación que podría derivarse de un potencial descubrimiento del “sutil” fraude, para ello se volvía necesario el control de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que fue sustituida arbitrariamente por el titular del Congreso Nacional utilizando para ello la arrolladora bancada de diputados nacionalistas mas algunos miembros de otros partidos, debidamente bonificados. Siguiendo la misma estrategia, meses después, se concreta la destitución del Fiscal General de ese momento Luis Rubí, reemplazándolo por un correligionario políticamente afín, que se encargaría de empantanar el delito electoral tal como lo explica Nasralla.
Montada esta estructura, se imponía asegurarse el mayor numero de votos mediante diferentes artimañas preelectorales, como compra de voluntades, en efectivo o en especie, desaparición de tarjetas de identidad, resucitación de muertos debidamente documentados para votar, venta de credenciales, culminando el día de la elecciones con: compra de votos, transferencia alterada de datos de votación de las actas escaneadas a los registros del SIEDE, actas falsas escaneadas desde puntos desconocidos, retención para un supuesto escrutinio especial de por lo menos un 20% de las actas, tipificadas como irregulares y de las cuales no se ha dado explicación alguna, robo de las mismas, ocurrido en Ceiba y saqueo de maletas electorales en las bodegas del TSE.
En todo esto, los responsables han dejado huella, transparentaron su engaño y cínicamente han declarado que la fiesta cívica fue tranquila y limpia, avalados por observadores (turistas) internacionales, quienes no penetraron en la profundidad del proceso electoral.
Con la misma esencia, pero de forma distinta, la historia de 1965, se repite, pero ahora, desprendiéndose de la marrullería cavernaria y castrense de aquella época; con un nivel de malicia cualitativamente superior, aprovechando la oportunidades que ofrecen las vulnerabilidades informáticas de la tecnología del siglo XXI. El candidato nacionalista es elegido falsamente, con apenas el 36% de los votantes. Queda pendiente, hacer lo que se tiene que hacer, instrumentando a la policía política, oportunamente creada, para silenciar, la protesta digna de un pueblo burlado.
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