Agenda neoliberal

Vos el Soberano 

Editorial Diario Tiempo

El congreso nacional aprobó un abultado paquete de reformas a la legislación laboral y a las leyes administrativas, incluyendo lo relacionado con la Procuraduría General y la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

El propósito declarado de ese extenso paquete de reformas es pavimentarle la vía al gobierno entrante para que proceda, con velocidad de rayo, al achicamiento de la burocracia mediante la eliminación, fusión o adelgazamiento del gabinete de gobierno y, en general, de la estructura administrativa.

La decisión de realizar en la postrimería del gobierno actual esas reformas, que indudablemente afectarán a miles de empleados públicos y sus familias, es con la idea de evitar un debate crítico en la asamblea legislativa entrante, en la que el Partido Nacional (PN) no cuenta con la mayoría ordinaria para imponer su voluntad.

También, en segundo lugar, para darle espacio al siguiente gobernante para lograr, con los ases en la mano, apoyos y acuerdos del sector privado en línea con la implementación de su programa neoliberal, en seguimiento de políticas agresivas aprobadas, pero inaplicadas, en la administración Lobo Sosa.

Es cierto que en la actual administración hubo un crecimiento burocrático desmesurado, de alguna manera orientado a la satisfacción del clientelismo político, pero también para atender requerimientos exigidos por su condición transicional y la complejidad de los problemas políticos, económicos y sociales provocados por el golpe de Estado de 2009.

Asimismo, la ineficacia de tal burocratización condujo al empeoramiento de la labor administrativa, hasta el punto de marcarle un signo de fracaso en lo económico, con énfasis en el aumento de impuestos y devaluación programada, así como una relativa incoherencia en la aplicación de las medidas orientadas a la coordinación del aparato ejecutivo.

Sin embargo, en el ámbito legislativo hay insatisfacción expresa por la forma en que la

mayoría mecánica del cuerpo legislativo, a cargo del PN en el poder, ha procedido a aprobar ese paquete de reformas, las que, a pesar de constituir un drástico giro en materia administrativa y laboral, merecía, cuando menos, su discusión en los tres debates reglamentarios y un trabajo de consenso político y social.

No hay duda —y, en verdad, poco desacuerdo— en la necesidad de reestructurar el aparato administrativo para conciliarlo con nuestra realidad política y económica, dado el enorme déficit fiscal que dificulta el sostenimiento y el funcionamiento del Estado. Pero esa reforma administrativa debe hacerse bajo criterios justos, tomando en cuenta los derechos humanos, algo que no existe e incluso es repudiado en la agenda neoliberal.

Los días por venir, por lo tanto, no serán de cinturón apretado para el empleo gubernamental, que es, con mucho, el más importante del país. Serán de algo más que eso, tomando en consideración el enorme desempleo —del 45% de la población económicamente activa—, la falta de inversiones y el crecimiento vegetativo en la demanda de puestos de trabajo.