Cárcel de máxima seguridad La Tolva
Ante la inminente situación de riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en las cárceles hondureñas en el marco de la pandemia por COVID-19, las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) hacemos un llamado urgente al Estado de Honduras para tomar medidas inmediatas que garanticen los derechos de esta población.
Al día de hoy la información oficial es incierta e inconsistente entre los reportes del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER); sin embargo, hasta el momento se han reportado más de 200 casos positivos de COVID-19 al interior de las cárceles, incluyendo personas privadas de libertad y personal penitenciario, en al menos 5 cárceles distintas, y los medios de comunicación reportan al menos mil reclusos con síntomas de coronavirus en el centro penal de Támara. Además, habrían fallecido al menos seis reclusos como consecuencia del virus; y se presentaron amotinamientos en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social, donde se encuentran privadas de libertad alrededor de 1.300 mujeres, algunas conviviendo con niñas y niños.
Es de suma preocupación que en este contexto las acciones implementadas por el Estado se han tomado sin brindar información amplia, clara y oportuna. Así, de las medidas anunciadas por el Estado hay varias sobre las que no se saben detalles importantes, como la cantidad de pruebas realizadas; el contenido del protocolo de contención de la pandemia al interior de las cárceles, anunciado por el Gabinete de Defensa, y el Plan de Descongestionamiento penitenciario de la Corte Suprema de Justicia. Aunado a ello, la labor de monitoreo de organizaciones de sociedad civil se ha visto obstaculizada debido a la limitada movilidad, cierres y restricciones de las visitas en las cárceles.Aunque el Estado de Honduras ha anunciado medidas para prevenir la propagación del virus en los centros penitenciarios, entre ellas la liberación de personas para disminuir la sobrepoblación y el suministro de insumos sanitarios, el aumento de contagios demuestra que estas medidas han fallado en garantizar la salud de las personas en privación de libertad y los casos continúan aumentando en condiciones precarias y de hacinamiento. En el centro penal de Támara, por ejemplo, donde se han documentado decenas de casos de COVID-19, datos oficiales indican que hay un 98% de sobrepoblación, 7.000 personas privadas de libertad y alrededor de 1.000 funcionarios y funcionarias.
También resulta muy preocupante que las medidas de liberación o prisión domiciliar estén siendo negadas en casos de personas en prisión preventiva por razones políticas o criminalizadas por su labor de defensa de derechos humanos, como es el caso de las personas defensoras de Guapinol. Así, parece ser que no hay criterios objetivos para las medidas de reducción del hacinamiento, y que estas más bien se rigen por intereses particulares.
Esta situación motivó a diversas organizaciones a pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que solicitara información a Honduras sobre la situación en las cárceles frente a la pandemia. A raíz de ello, el Estado tiene plazo hasta este viernes 19 de junio para presentar información a la Corte.
Como representantes de víctimas ante el Tribunal Interamericano, enfatizamos que la crisis de salud actual en las cárceles del país no puede desprenderse de las problemáticas estructurales del Sistema Penitenciario que el Estado no ha subsanado, en gran medida como consecuencia del incumplimiento de lo ordenado por en las sentencias dictadas en los casos Alfredo López Álvarez y Pacheco Teruel y otros vs. Honduras.
En estas sentencias la Corte IDH ordenó al Estado adoptar todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones físicas y sanitarias en los centros penitenciarios; evitar la sobrepoblación y el hacinamiento; garantizar a la población privada de libertad atención médica y acceso a la alimentación; entre otras. Sin embargo; Honduras no ha cumplido con sus obligaciones y las deficiencias penitenciarias se han profundizado, como evidencian la militarización de los centros con el estado de emergencia decretado desde diciembre de 2019 y la contingencia sanitaria actual.
Al respecto, recordamos que el día de ayer finalizó el periodo de seis meses de la Comisión Interventora integrada por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) para intervenir el Sistema Penitenciario Nacional, y sostenemos, tal como han indicado diversos organismos de derechos humanos, que las fuerzas armadas no están capacitadas para realizar labores de gestión y custodia penitenciarias, por el contrario, son autoridades de carácter civil, debidamente capacitadas en derechos humanos, las que deben ocuparse de la administración carcelaria.
Frente a todo esto, desde la Mesa de Seguimiento urgimos al Estado de Honduras a dar cumplimiento inmediato a las medidas ordenadas por la Corte IDH y garantizar la salud, vida e integridad de la población privada de libertad, en línea también con las recomendaciones de organismos internacionales en el marco de la pandemia. Es indispensable que esto se realice en articulación con las representantes de los casos, así como las organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales que trabajan por os derechos de las personas privadas de libertad.
Asimismo, llamamos al Estado a tomar todas las medidas para erradicar la militarización que se ha instalado en las cárceles del país; garantizar el acceso a información pública, veraz y científica sobre la situación de la pandemia en los centros de detención, y a asegurar que las personas privadas de libertad puedan mantener comunicación con sus familiares, abogadas y organizaciones de sociedad civil, como han recomendado instancias internacionales.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula
Red Lésbica Cattrachas
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