Por Sandra Rodríguez
Privados de libertad en centro penal de Choluteca/ imagen compartida
Familiares de privados de libertad en el centro penal de Choluteca, denunciaron la falta de atención médica oportuna en favor de sus parientes que han mostrado signos de enfermedad sin ser atendidos adecuadamente.
Unas imágenes muestran a privados de libertad acostados en colchonetas o en el suelo del centro penal ubicado en la zona sur del país, no se descarta que entre ellos existan contagiados por Coronavirus o Covid-19.
La denuncia fue interpuesta ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), al mismo tiempo que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), mostró su preocupación por los crecientes contagios de Covid-19 en las cárceles de todo el país.
Según información oficial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), sólo en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, más de 120 privados de libertad están contagiados por Covid-19. Se estima que hay unas 5 víctimas mortales confirmadas o sospechosas de coronavirus.
José Gonzáles, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se ha referido que hay más enfermedades estacionarias como dengue, gripe, chicungunya, mientras que los enfermos de Covid-19 esperan ser sometidos a nuevos análisis.
Mientras OACNUDH, pide fortalecer las medidas de prevención y control de COVID-19 en los centros penitenciarios, así como el acceso a servicios médicos, medicinas y pruebas que permitan detectar de manera oportuna el coronavirus, tuberculosis, dengue y otras afectaciones que pongan en riesgo la población penitenciaria.
De igual manera, insta la aceleración de los procesos normativos, judiciales y administrativos, necesarios para la excarcelación de personas privadas de libertad, priorizando en los reclusos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia.
En este sentido, el Estado hondureño no ha hecho nada por presos políticos cuya salud es complicada por padecer enfermedades de base. Tal es el caso de Jeremías Martínez, preso en El Porvenir, departamento de Atlántida, por defender el Río Guapinol, o Antonio Felipe Esquivel, encarcelado en Choluteca, acusado por hechos que no cometió.
Junto a Esquivel, hay unos 300 privados de libertad enfermos. Antes la familia les podía llevar su medicamento, pero ahora todo está muy restringido. Y el Colegio Médico de Honduras reitera que el sistema de salud está colapsado.
Familiares, defensores de ddhh e integrantes de "Bastión del Sur"se han pronunciado publicamente ante la crisis sanitaria penal y Código Penal.Familiares, defensores de ddhh e integrantes de “Bastión del Sur”se han pronunciado publicamente ante la crisis sanitaria penal y Código Penal.
“En el centro penal de Choluteca los médicos no están atendiendo a los privados de libertad, hay más de 300 personas enfermas y no nos dejan llevarles medicamento, ni pinole (maíz tostado en polvo) nos dejan llevarles, y eso es preocupante”, denunció Aleyda Huete, lideresa de oposición al régimen de Juan Orlando Hernández.
Huete no ha visto a su compañero Esquivel, ambos perseguidos políticos por relacionarlos al grupo de oposición “Bastión del Sur”. Ella fue sobreseída de los cargos que se le imputaban en marzo pasado, pero a él se le ha alargado la audiencia que lo podría devolver la libertad, debido a la crisis sanitaria por Covid -19 que registra oficialmente 285 casos positivos, tres fallecidos y 25 recuperados.
Las restricciones de comunicación entre los privados de libertad y sus familias cada vez son más estrictas. Suma la limitación de hacerles llegar alimentos y medicinas que muchos de ellos usan permanentemente.
A más de 100 días de emergencia por esta pandemia mundial, el COFADEH y diversas organizaciones a nivel nacional e internacional continúan exigiendo la liberación de los presos políticos en el caso de los ambientalistas de Guapinol, privados de libertad en Olanchito, Yoro; y El Porvenir, Atlántida. Así como los casos de Choluteca, donde se les vincula a supuestos hechos delictivos ejecutados desde el grupo de oposición Bastión del Sur, con el objetivo de desarticularlo.
No hay respuesta ante la solicitud que el Estado aplique medidas distintas a la prisión preventiva, a favor de los ciudadanos considerados como “presos políticos”, para evitar que sean víctimas de contagio del coronavirus o Covid19.
En la zona norte los presos políticos por defender el río Guapinol son: Jeremías Martínez Díaz, José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán.
En el sur del país está Antonio Felipe Esquivel y Víctor Castillo, presos en el centro penal de Choluteca; y del docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa.
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