Todo empezó en marzo pasado cuando la dictadura, que para ese momento había perdido todo chance de comunicarse con la población, recibió el Covid19 en bandeja de plata.
En aquellos días, Juan Orlando Hernández estaba invisible, opacado en las sombras, esperando la sentencia de su hermano Tonny o algún evento fortuito que representara una oportunidad. Y llegó.
En los tres meses y medio transcurridos lo más relevante es haber tenido 100 mil millones de lempiras para una emergencia que apenas empieza ahora, justo cuando no hay ni rastros de aquél dineral.
Y no menos relevante es la nueva entrada en vigencia de un código penal despreciable que nadie quiere, excepto los delincuentes que lavan dinero, los corruptos que roban fondos públicos, los criminales que trafican con drogas y fabrican el miedo a la libertad en laboratorios clandestinos.
La próxima semana ese código estará frente a una población que no quiere reformarlo, quiere eliminarlo. Y una élite delincuencial que quiere imponerlo por sus pistolas; en efecto, con los fusiles de las fuerzas armadas de ocupación, mercenarias.
Una ley como esta no es producto del consenso social ni la expresión de los pesos y contrapesos políticos de la sociedad. Es una imposición unilateral de un grupo armado que tomó control del Estado por la fuerza de las armas en 2009. Y que quiere impunidad permanente frente a las evidencias de los delitos cometidos. Así de claro.
La entrada en vigencia del código de la impunidad y la corrupción será un factor adicional a la inestabilidad que sufre Honduras hace 11 años y hasta podría ser un nuevo detonante de la interminable crisis que se traduce en violencias, violaciones, emigraciones y una terrible desigualdad que estremece.
Por eso hay quienes inclusive piensan que se debería dejar correr su vigencia, para que el país se levante en llamas hasta la purificación que le hace falta. La revolución que ponga en su lugar las placas que están desbalanceadas.
El Cofadeh es del criterio que ese código debe ser parado constitucionalmente y hacer uno de verdad con los ciudadanos y no con los abogados, con las mujeres y no con las iglesias, con los libre pensadores y no con los técnicos del fondo monetario o de cooperantes intervencionistas.
El sacrificio de tener una dictadura como interlocutora y no un gobierno democrático es enorme para la sociedad hondureña. Como hemos repetido sin cansarnos, de esta mascarada son responsables la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Los mismos polos de poder que sostienen una banda de crimen organizado a la que llaman gobierno después de los fraudes monumentales de 2013 y 2017.
Este fraude de gobierno es el mismo que nos tiene en las actuales circunstancias de reapertura inteligente en el pico más alto de los contagios por Covid19, precisamente en el momento cuando los hospitales no pueden más.
Aquí nadie se pierde. Este régimen pirujo llama héroes a los que sobreviven, irresponsables a los que se contagian e inteligentes a los que roban. Y experimentan con nixtamal para satisfacer al loco Trump.
La reapertura de la economía en estas circunstancias es una moneda al aire. Una cara salva 400 mil empleos que estaban en peligro de perderse y la otra se traga en bienes y servicios el décimo cuarto mes de salario. Es cara o cara. Y bien cara.
El discurso de los médicos en el seguro social, en el hospital universitario, San Felipe y Torax, en los congestionados Rivas y Martínez en el Norte, es el mismo. No tenemos personal y estamos al máximo de nuestra capacidad. Y es ahí donde va el pueblo. El pueblo no puede ir a los centros médicos privados, a los hospitales de la élite ni al de los militares, la otra élite.
Estamos frente a una violación grave de derechos humanos en el terreno de la salud. El Estado es responsable de esta situación. Y había sido advertido. No pongan a los militares a administrar la crisis y no dejen a los corruptos dirigir las adquisiciones.
En el momento máximo de la emergencia ni tenemos hospitales móviles ni personal calificado contratado ni equipos suficientes. En realidad no tenemos nada. Lo que tenemos es un nuevo grupo de millonarios.
Eso no es irresponsabilidad. Eso es violación de derechos humanos.
La población debe estar alerta. Cuidarse. Protegerse mutuamente. Sobrevivir y esperar el instante para cobrárselas todas juntas delante de esta manada de cobardes.
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