lunes, 15 de junio de 2020

La deuda o la vida



Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

Para financiar la guerra por la independencia, los criollos dirigentes acudieron a préstamos de banqueros y financistas europeos. Las dificultades aparecieron con la fundación de los nuevos Estados, porque las deudas se volvieron impagables, de modo que, aprovechando la crisis europea, a mediados de 1827 los Estados latinoamericanos habían suspendido pagos (excepto Brasil), que solo se reanudaron décadas más tarde. 

La deuda de la Gran Colombia fue repartida al desintegrarse la entidad en 1830: el 50% de ella a Nueva Granada (Colombia), a Venezuela el 28½, y a Ecuador el 21½, equivalente a 2.108.377 de libras esterlinas. El pago de esa deuda fue acompañado por una larga historia de infamias y corruptelas. Ecuador intentó arreglarla incluso con territorios en la Amazonia o con las islas Galápagos; y Eloy Alfaro (1895-1901 y 1906-1911) tuvo que suspenderla para contar con recursos para el ferrocarril. Los últimos bonos de la “deuda de la independencia” fueron cancelados en 1974, gracias a que el país contaba con fabulosos ingresos petroleros.

Pero siempre requeridos de recursos, los diversos países latinoamericanos continuaron endeudándose en el siglo XIX e inicios del XX. Las deudas adquiridas tienen sus propias dinamias y sus propias infamias, así como dependieron de los ciclos financieros y políticos de los banqueros y las potencias acreedoras, como lo ha estudiado Carlos Marichal en su reconocida Historia de la Deuda Externa de América Latina: desde la independencia hasta la gran depresión, 1820-1930 (https://bit.ly/3ce9di2). En México, Benito Juárez (1858-1872) se negó a reconocer las reclamaciones de los especuladores, provocando la inmediata reacción de Francia, Gran Bretaña y España, que en 1862 invadieron el país con una fuerza conjunta. Quedaron los franceses, que impusieron el imperio de Maximiliano I (1864-1867).

Al comenzar el siglo XX, México era el país latinoamericano más endeudado; sin embargo, en 1914 tuvo que volver a suspender los pagos y entró en negociaciones con los acreedores, presididos por la banca J.P. Morgan, hasta lograr (1942) su reducción. Desde mediados del siglo XIX, Ecuador acrecentó su deuda interna con banqueros nacionales, que obtuvieron el decisivo control del poder político durante la “época plutocrática” (1912-1925), que solo terminó con la Revolución Juliana (1925) y la fundación del Banco Central (1927).

Cuando sobrevino la crisis de los años 30, América Latina tenía deudas sobre títulos y bonos emitidos por los mercados financieros (bolsas) europeos y norteamericanos. El crack de la bolsa de New York (1929) arrastró a los países de la región. Sin embargo, Bolivia anunció que dejaría de pagar su deuda y le siguieron otros, de modo que en 1935 eran 15 los países que habían suspendido pagos. Fue una situación históricamente excepcional, que aprovechó la suspensión de pagos de remesas de varios países europeos a los EEUU. 

Las condiciones mundiales cambiaron con los Acuerdos de Bretton Woods (1944) que dieron nacimiento al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). Los países latinoamericanos utilizaron algunos créditos para obras públicas en el marco del “desarrollismo”. Pero el panorama cambió a mediados de la década de 1970 cuando los grandes bancos privados de los países capitalistas centrales presionaron a la región para que adquiriera deudas a bajo interés, sustentadas en los altos flujos de “petrodólares”. Cuando los intereses subieron y también se expandió la ideología neoliberal patrocinada por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), la deuda externa latinoamericana se volvió impagable. En 1982 México anunció la suspensión; al poco tiempo, cada uno de los países latinoamericanos anunció lo mismo. Reagan impidió cualquier unión de países deudores (como había ocurrido en los años 30) y el FMI impuso el trato bilateral a través de sus “cartas de intención”, basadas en un mismo recetario, que a partir de 1989 sería conocido como “Consenso de Washington”, y cuyo eje fue la liberación de mercados, el achicamiento de los Estados, la privatización de bienes y servicios públicos, la reforma tributaria y la flexibilidad laboral.

El impacto de tales políticas “neoliberales” ha sido ampliamente estudiado. Una visión global se encuentra enLa crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica(2014), publicado por la Cepal (https://bit.ly/2L64L95). Es una historia de devastación social y laboral, que tiene, como contraparte, la concentración de la riqueza en elites minoritarias y las negociaciones siempre en beneficio de los acreedores y en perjuicio de los Estados.

Hoy, América Latina se halla en parecidas condiciones a las del pasado inmediato, aunque con un hecho agravante e inédito: la crisis económica por la pandemia del coronavirus. Ya no es un “riesgo” sino una realidad inexorable que solo sigue agrandándose: en cada país cae la producción, cierran empresas, se despiden trabajadores, los Estados carecen de recursos suficientes, las elites no quieren pagar impuestos y acumulan sus montos por evasión o trasladan fondos a los paraísos fiscales. Y las demandas sociales para un cambio de rumbo, chocan con gobiernos conservadores y con la hegemonía que siguen manteniendo tanto las consignas empresariales privadas como las visiones de los economistas aferrados a las viejas fórmulas neoliberales. 

Se volvió necesario replantear el sistema financiero mundial y la intervención estatal sobre la banca privada. El BM y el FMI reconocen la suspensión de las deudas de los países en desarrollo (https://bit.ly/2KxDqMT). Pero en América Latina el tema es afrontado en forma aislada, porque las instituciones latinoamericanistas han sido desestructuradas. 

En esas circunstancias, 135 académicos y economistas de prestigio mundial y distinta ideología (entre otros: Joseph E. Stiglitz, Edmund S. Phelps, Carmen M. Reinhart, Jeffrey D. Sachs, Dani Rodrik, Kenneth Rogoff, Ricardo Hausmann, Carlos Ominami, Thomas Piketty), apoyan la reestructuración de la deuda planteada por Argentina, país considerado por la ONU como uno de los que tiene peores impactos por el shock de la pandemia en la región. Los intelectuales advierten que la presión sobre las finanzas públicas se ha vuelto enorme y pesa la deuda (son herencias del “macrismo”), que es el momento de la “sostenibilidad” y que el país encabeza un proceso de reestructuración de su deuda pública “de manera constructiva, de buena fe y con el apoyo de todos los sectores políticos nacionales” (https://bit.ly/2xLEoCy).      

El contraste histórico se vuelve inevitable: Ecuador decidió el pago de 325 millones de dólares a los tenedores de bonos (https://bit.ly/354zsoq), impone leyes con beneficios extraordinarios a los empresarios privados, añade nuevos despidos de trabajadores públicos, y hace recortes a los presupuestos universitarios para tratar de obtener alguna liquidez. La cuarentena no impidió que en el país surgiera una consigna que se generalizó en las redes sociales: “La deuda o la vida”.

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