martes, 30 de junio de 2020
Corruptos y criminales
Existe una relación lógica entre los derechos humanos y una vida libre de corrupción, ya que la corrupción provoca una afectación directa en los derechos humanos, particularmente en los económicos, sociales y culturales vinculados a las condiciones materiales para vivir con dignidad.
Así, cuando en un país la corrupción es generalizada y estructural como en Honduras, los recursos no llegan a la población en situación de mayor vulnerabilidad porque se desvían a los bolsillos de quienes se aprovechan de sus contactos, influencias y posiciones de poder.
Y a ello se suma la impunidad que blinda a quienes cometen actos de corrupción, lo cual provoca que la ciudadanía desconfíe de las instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial que deberían de investigar y sancionar a las personas corruptas.
Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la corrupción atraviesa actos cotidianos junto a estructuras de corrupción sistémica”, que en algunos casos llegan a niveles de complejas formas de captura del Estado, cooptación de estructuras estatales y desviación institucional con fines delictivos.
El Estado de Honduras es un ejemplo de ello, ya que no cabe duda que ha sido cooptado por una estructura criminal que, además de estar vinculada con el narcotráfico, como lo señaló la fiscalía del Distrito Sur de New York, ha aprovechado de forma miserable la pandemia del COVID-19 para robar descaradamente.
De esta manera, mientras en el país se han ejecutado hasta el 12 de junio 4,366 millones de lempiras para enfrentar la pandemia sin que sepamos dónde está invertido ese dinero, El Salvador construyó el hospital más grande de América Latina con más de dos mil camas, especializado en tratar el coronavirus.
Lo revelador es que con esos millones supuestamente ejecutados se hubieran podido construir dos hospitales y medio como el de El Salvador, como lo señala el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). Sin duda alguna, este latrocinio está teniendo un grave impacto en la vida y la salud de la ciudadanía.
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