Por Javier Suazo
“Algún día la autonomía universitaria no solo la vamos a defender en las calles,
sino en nuestras casas, con nuestras familias e hijos”.
Ventura Ramos, periodista y escritor
La autonomía universitaria ha sido uno de los activos más preciados que tiene la sociedad hondureña desde 1957. Ha habido varios intentos por despojar al pueblo de este bien, pero no han prosperado. A lo interno, las acciones provienen desde los mismos actores y funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y grupos empresariales que buscan mercantilizar la educación superior para otorga títulos sin control para los que puedan pagar. A ello se suman, gobiernos autoritarios que creen que no deben existir islas de poder, ya que les quitan recursos e imagen frente a los electores.
Las políticas de estabilización económica y ajuste estructural, benignas con la privatización de la educación pública, también conspiran contra la educación superior. Por un lado, acuerpan a los gobiernos a través de los Ministerios de Finanzas para que establezcan gastos rígidos o partidas especiales en el presupuesto nacional para que el monto asignado (6% del presupuesto total anual) a la UNAH sea menor; por el otro, favorecen políticas de creación de universidades privadas, con mecanismos impuros de privatización, sin que llenen los requisitos exigidos de enseñanza-aprendizaje, valores éticos y morales.
Con la crisis política de 2009 (léase golpe de Estado) la perdida de la autonomía universitaria ha estado latente, contra los estudiantes convertidos en el principal aliado del pueblo en las demandas de democracia, apoyo a los sectores más necesitados de la sociedad y contención de políticas de corte neoliberal ejecutadas. Frente a ello, se hizo evidente una práctica política de resolver los problemas internos de la UNAH mediante el uso de la Fuerza Pública, con lo cual los militares pudieron entrar varias veces a los campos universitarios en clara violación de su autonomía.
Es visible una tendencia a precarizar el trabajo académico, donde los profesores por Hora han sido los más afectados, ya que se les desconocen y vulneran sus derechos labores. Recién con la pandemia del COVID-19 fueron despedidos 1,018 profesores por hora, muchos de los cuales tenían más de 3 años de impartir clases regularmente, lo que debilita la postura de la UNAH frente al gobierno central al introducir un alto grado de inestabilidad en su cuerpo docente, perdida de derechos, y avalar entre “bastidores” políticas de privatización de bienes públicos, empezando por el trabajo docente.
Pero, además de ello, la nueva UNAH trajo consigo el debilitamiento del pensamiento y enseñanza critica, convirtiéndose en un Institución poco conectada con la realidad nacional y los problemas que aquejan al pueblo hondureño. Es preocupante lo que sucede en la Facultad de Economía, donde la carrera ha caído en la fantasía de la economía monetaria-financiera e ideología neoliberal, desconectada de las demandas económicas y sociales y búsqueda de un enfoque y política alternativa de desarrollo. Sin pensamiento crítico, no puede hablarse de autonomía universitaria diría el destacado sociológico hondureño, Matías Fúnez.
El ex/rector universitario, Osvaldo Ramos Soto, conocido en el mundo de la política hondureña como “Rata Gorda”, y campañas electorales como “cervecita helada”, después que se le han quitado de su presupuesto a la UNAH cerca de 1,000 millones de lempiras (¿o más?), congelado la enseñanza y cercenado la oferta académica y docente atribuido al Covid-19, considera que llegó el momento para crear una especie de Comisión o Consejo Superior para dirigir la educación superior en Honduras y controlar lo que pasa en la UNAH; una especie de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) o Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), lo que viola y en caso de darse, elimina la autonomía universitaria. El abogado Ramos Soto ha dicho que sus declaraciones han sido mal interpretadas, y las hace a titulo personal sin comprometer al Partido Nacional que “gobierna” el país.
Estas declaraciones en plena sesión virtual del Congreso Nacional, ha puesto en alerta a la comunidad universitaria, ya que no es la primera vez que se expresa de esa manera, antes hablaba de que la UNAH no tenía jurisdicción territorial y solo en términos de educación. Para el actual rector, Francisco Herrera, “la UNAH no es una empresa de telefonía obsoleta, ni una entidad regulatoria financiera que se vio superada en sus responsabilidades. Nuestro rol como ente rector de la educación superior es la mayor garantía que tiene la sociedad para evitar la imposición de un pensamiento único.” Esta dispuesto a defender el articulo 160 de la Constitución de la República de la autonomía universitaria y su rol rector de la Educación Superior.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) “hace un llamado a toda la comunidad universitaria a declarar non-grato a José Oswaldo Ramos Soto, declararlo enemigo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a arrancar de su memoria su nombre, a retirar cualquier retrato, placa, reconocimiento o nombre de aula o salón de tan despreciable personaje y que la historia lo califique como el cuervo que se come los ojos de la madre que lo pario” (SITRAUNAH.11/06/2020). Igual, el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales, también denuncia los intentos de violación de la autonomía universitaria, pero sugieren que las autoridades resuelvan el problema de los profesores por hora ya que tienen derechos adquiridos, no prestándose al juego de grupos internos que, en su mayoría, están ligados al partido nacional y lado oscuro del partido liberal, y persiguen intereses contrarios a la academia.
Los diputados de bancada del Partido Libertad y Refundación (LibRe) en el Congreso de la República, se han pronunciado en contra de esta pretensión, ya que lo que busca es promover el avance de la privatización de la Educación Superior y ablandar los estándares y niveles de calidad educativa que frenan a las Universidades Privadas para proliferar como moscas. Están de acuerdo es que el fortalecimiento de la educación superior, sea resultado de un consenso de los actores involucrados (autoridades, docentes y alumnos), donde el primer paso es integrar y juramentar el nuevo gobierno universitario democrático.
EL Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) todavía no se han pronunciado, pero desde ya, algunos de sus dirigentes, se manifiestan en contra de esta pretensión, y se harán sentir en las redes sociales y en protestas de los pobladores de Tegucigalpa y San Pedro Sula por la falta de comida y atención en los hospitales públicos a pacientes con Covid-19.
Es poco probable que esta pretensión de eliminación de la autonomía universitaria se concretice, más aún cuando el mismo Abogado Ramos Soto está consciente que una posible iniciativa de ley en el Congreso de la República, el mayor afectado será el Partido Nacional y su principal candidato a las elecciones del próximo año, Mauricio Oliva, presidente de dicho órgano legislativo.
A lo mejor, las declaraciones de Ramos Soto sean un “globo sonda” para desviar la atención sobre el mal manejo de la pandemia Covid-19 en el país, donde los hospitales públicos nacionales están a punto de colapsar y todavía no se alcanza el pico de la curva en un momento donde inició la apertura poco inteligente de la economía. Honduras reportó el 13 de junio un total de 8,132 casos oficiales Covid-19, con una tasa de letalidad de 3.76%, pero lo que preocupa es que están aumentando las muertes (reportadas y no reportadas), hay retrasos de cerca de hasta 15 días en la entrega de las pruebas PCR y los hospitales siguen mostrando serien carencias. Sin embargo, la comunidad universitaria debe cerrar filas en la defensa de la autonomía, empezando por su presupuesto que, al paso que vamos, se verá seriamente afectado y dejará por fuera a miles de alumnos de la enseñanza aniversaria pública en lo que resta del año y 2021.
La autonomía universitaria es presupuestaria y financiera también, y las autoridades deberían demostrar en el Plan Estratégico el déficit que se enfrenta para cubrir la demanda de estudio cada año. En caso de no mostrarlo en público, el gobierno central seguirá cercenando el presupuesto hasta que las propias autoridades exijan eliminar la autonomía por desuso.
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