En todo el mundo se están promulgando medidas de emergencia sin precedentes. América Latina no es ajena a esta situación. Se han impuesto confinamientos en todos los países de la región para proteger la salud y la seguridad pública, se han cerrado las fronteras y los estados de emergencia se han ido declarando uno tras otro.
Sin embargo, todas estas medidas deben dictarse partiendo del respeto de los derechos humanos y esto incluye tomar en cuenta la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los derechos de cada persona son inalienables y permanecen aún en tiempo de pandemia. Para ello, el derecho internacional de los derechos humanos fue elaborado por los Estados para también acomodar crisis como esta.
Desde el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina1 nos preocupa muy seriamente que este no sea el caso en la región. La situación actual de la pandemia de la COVID-19 sólo se está analizando desde la perspectiva sanitaria y económica quedando de lado la atención de los derechos humanos, la cual debería ser un elemento transversal e insustituible para analizar y afrontar esta grave situación. Además, hemos identificado peligrosas dinámicas de mal uso y abuso de derecho de los poderes de emergencia invocados durante estas semanas.
Honduras
El sistema carcelario hondureño está integrado por 29 establecimientos a nivel nacional. Desde el pasado 18 de diciembre pasado, el control penitenciario y la guardia y custodia la ejerce una junta interventora conformada por miembros activos de las fuerzas Armadas.
Esta situación permitió observar, desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con población carcelaria, un retroceso en la gestión carcelaria y un aumento de las vulneraciones de derechos humanos como, por ejemplo; Frente a la pandemia del COVID-19 desde el 12 de marzo están suspendidas las visitas de los familiares y solo el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura tiene acceso a los centros carcelarios. Existe un caso de fallecimiento por COVID-19 en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Santa Bárbara, familiares de las personas privadas de
libertad alegan que existe más casos en otros centros carcelarios.
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