Por Marc Allas
El ejercicio periodístico y la libertad de expresión están siendo violentados en Honduras, en medio de la suspensión de garantías constitucionales dictadas por el régimen para contener el impacto de la pandemia de coronavirus o covid19.
“Teniendo en cuenta que el ejercicio de la libertad de expresión ha sido violentado, los periodistas han sido objeto de ataques violentos por las fuerzas de seguridad del Estado. Ellos están sufrieron ataques en el marco de la suspensión de garantías constitucionales, para evitar que realizaran su trabajo”, expresa una nota escrita el 2 de junio por la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva y dirigida al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.
Si bien, no existen restricciones para el ejercicio periodístico en los decretos aprobados por el régimen de Juan Orlando Hernández que contemplan los toques de queda y la suspensión de garantías constitucionales, reporteros y periodistas han sido víctimas de malos tratos y detenciones ilegales por parte de agentes del estado.La nota enfoca su denuncia en eventos acontecidos en la ciudad de Choluteca, en el sur del país, donde fuerzas de seguridad del régimen atacaron a periodistas, reporteros y comunicadores sociales que brindan cobertura a protestas y manifestaciones que exigen alimentos y trabajo a causa de los toques de queda, cierre de empresas y suspensión del transporte público y privado.
La misiva destaca que “en Honduras, es altamente peligroso el ejercicio de la protesta social y aún más la difusión de las mismas. Es así que en Honduras, el uso desproporcionado de la fuerza es reiterado e intencional. Desde el golpe de Estado en 2009, la ilustre Comisión documentó la muerte de al menos 7 personas producto del uso desproporcionado de la fuerza. En la crisis post electoral de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (0ACNUDH) documentó por lo menos 23 muertos”.
En medio de la pandemia de covid19, n diferentes regiones se han producido protestas exigiendo al gobierno alimentos para poder sobrellevar la cuarentena. Los protestantes se han concentrado en las principales vías de acceso a las ciudades.
Al menos 67 de las manifestaciones públicas, han estado marcadas por la fuerte represión policial y militar, que ha sido criticada por varios organismos y organizaciones de derechos humanos. Los agentes antidisturbios han disparado bombas lacrimógenas, balas de goma y balas convencionales (“bala viva”) contra los manifestantes, resultando, al menos 10 personas heridas y cientos detenidas.
Entre abril y junio de 2019, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas que tuvieron lugar en el país. El 20 de junio, el gobierno desplegó al ejército para controlar las protestas, con consecuencias lamentables. Al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas durante esta ola de represión, muchas de ellas con armas de fuego disparadas por las fuerzas de seguridad o armas menos letales, como gas lacrimógeno o balas de goma.
En este mismo período se reflejó un patrón de ataques contra periodistas y comunicadores sociales en el marco de las protestas sociales en Choluteca. El 21 de abril de 2019 agentes de la Policía lanzaron gases lacrimógenos directamente contra una periodista del canal Crtv Choluteca, que cubría la protesta y que había recibido amonestaciones de que “dejara de grabar”.
En igual situación fueron agredidos el 6 de abril de 2019, periodistas del canal de televisión Metro TV, cuando elementos de la Policía Nacional arrojaron gases lacrimógenos al interior del edificio donde funciona el medio, que se vio obligado a interrumpir la programación televisiva de ese día. También resultó afectado el periodista Bladimir Rivera, de Canal 51.
Bajo este contexto el COFADEH, instó al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, a “mantener el monitoreo sobre las medidas adoptadas en la crisis sanitaria, señalar y recomendar al Estado de Honduras sus obligaciones internacionales de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la justicia.
Recordarle que cualesquier medida u acto debe de tener los derechos humanos como límite. Recordarle al Estado que las medidas restrictivas a los derechos humanos deben cumplir con los estándares de proporcionalidad, necesidad, temporalidad, valoración y supervisión constante y garantía de derechos.
Y finalmente “exigirle al Estado tomar medidas categóricas para detener el proceder inaudito de la Policía en Choluteca, que garantice una investigación efectiva, exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados”.
Ver Carta: Comunicacion RELATORIA Caso Choluteca
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