Por Marc Allas
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha emitido una Acción Urgente dirigida a autoridades y a organismos internacionales de derechos humanos, en la cual se exige al régimen de Juan Orlando Hernández, que detenga los asesinatos y los abusos cometidos por fuerzas policiales y militares en contra de la ciudadanía, en medio de la pandemia de coronavirus o covid19 en Honduras.
El COFADEH “denuncia que las fuerzas militares de Honduras, en sus diversas denominaciones como son: La Policía Militar de Orden Público (PMOP), Policía Antimotines, TIGRES, Policía Preventiva, Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Policía Comunitaria, están actuando sin control contra la integridad física, la libertad y la vida de la población en el marco de la emergencia provocada por el coronavirus”.
Desde el 20 de abril al 20 de mayo, se han registrado una serie de casos en los cuales concurren puñetazos, bofetadas, puntapiés, insultos verbales, golpes con objetos contusos, gases lacrimógenos, torturas psicológicas y balazos por parte de las fuerzas antes citadas, que actúan al servicio de la dictadura que tomó control ilegal del Estado desde 2009.
Las víctimas han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando circulaban por retenes policiales, o cuando fueron requeridos en distintos puntos del país, por patrullas policiales-militares, durante los toques de queda decretados por el régimen.
“Las denuncias describen encierros en instalaciones hacinadas sin medidas de higiene personal, fracturas sin atención médica, ingresos forzados a instalaciones sanitarias bajo vigilancia de sus propios agresores, golpes en público sin derecho de sus familias o vecinos a registrar los hechos y, en el peor de los casos, muertes violentas a causa de balas disparadas por armas de fuego de uso oficial”, detalla la acción urgente.
El documento registra la muerte violenta a manos de un efectivo de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), del joven Marvin Rolando Alvarado Santiago, quien falleció en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula el 24 de abril. Su hermano Héctor Alvarado resultó herido del ataque con arma de fuego.
En Protección, Santa Bárbara, en el Occidente del país, el joven mecánico Alex Castellanos (22) fue detenido ilegalmente el 25 de abril en un retén de policía preventiva por no portar sus documentos personales. Castellanos fue conminado junto a otra persona menor de edad, a realizar repetidos ejercicios militares a cambio de obtener su libertad. El joven denunció vigilancia policial.
Mientras tanto, en el municipio de Amapala, departamento de Valle, en la comunidad de Zacate Grande, agentes antimotines de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), agredieron con gases lacrimógenos, puntapiés y puñetazos a Oscar Machado y a Eduardo Vásquez, quienes registraban la temperatura de los transeúntes al ingresar a la comunidad.
Los uniformados rehusaron cumplir la rutina comunitaria y además dispararon al aire al atravesar el puesto de control ciudadano. El hecho ocurrió el 24 de abril a las 8:00 de la noche.
El 20 de mayo Heydi Mareli y su hermano Wilmer Roberto Amaya Rubio fueron arbitrariamente detenidos y agredidos físicamente con puñetazos, puntapiés y bofetadas, además de insultos, por 9 agentes de la Policía Preventiva que no admitieron nunca que Wilmer acompañara desde su auto, las diligencias de su hermana, plenamente habilitada para circular en el municipio de Campamento, Olancho.
Golpizas, agresiones y detenciones ilegales son registradas casi a diario, en la que los protagonistas son agentes de seguridad y efectivos militares, que actúan impunemente en contra de ciudadanos y ciudadanas.
Acciones como éstas se han producido en el municipio de Guaymaca, Francisco Morazán, municipio de Pavana, Choluteca, municipio de Guarizama, Olancho y en el municipio de Danlí, El Paraíso, entre otros lugares.
“El COFADEH siente profundamente el dolor y la impotencia de las familias que han perdido seres queridos por la violencia impune de los agentes del Estado a cargo de la cuarentena obligatoria y protesta en voz alta contra las agresiones, torturas, amenazas de muerte y humillaciones contra hombres y mujeres que ejercen sus derechos a la circulación, la libre expresión, la organización y la protesta, atendiendo las medidas bio-sanitarias, exigidas por la Organización Mundial de la Salud”, resalta la Acción Urgente.
El documento fue remitido al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rolando Argueta, al Fiscal General, Oscar Chinchilla, al Comisionado Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres y a la ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva.
Por otro lado, la Acción Urgente se remitió a la Representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Isabel Albaladejo Escribano.
Descargar aquí Acción Urgente: Accion urgente casos graves de violaciones de ddhh
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