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Por Sara Más
La pandemia del nuevo coronavirus ha develado la situación estructural de precariedad, pobreza y desigualdad de la comunidad LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y más) en Latinoamérica, señalaron activistas de la región durante un foro virtual.
«La pandemia no reconoce sexo, raza, género, ni condición económica; atraviesa a todas las personas, pero no nos impacta por igual», aseveró la mexicana Ari Vera Morales durante un foro virtual en la plataforma EntreDiversidades, como parte de la XIII Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
La situación de vulnerabilidad para la comunidad LGBTI+ no se debe solo a enunciarse como tal, agregó la activista, al frente de una secretaría de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGA-LAC).
«La pandemia nos coloca en vulnerabilidad porque no hemos tenido ni tenemos pleno acceso a derechos como salud, educación y trabajo, como el resto de la población», sostuvo Vera Morales, quien creó en 2015 el proyecto Almas cautivas, que busca cambiar la situación de las mujeres trans que cumplen sanción privadas de libertad en la capital mexicana.
La activista se refirió en específico a las mujeres trans, la mayoría de ellas trabajadores sexuales sin condiciones o recursos para rentar casas, por lo que muchas viven en los hoteles de renta baja donde también hacen su trabajo.
Una vez emitida en ciudad de México la orden de cerrar todos los hoteles, en cuestión de horas la mayoría de las trabajadoras sexuales pasaron a condiciones de calle, entre ellas las personas trans, explicó.
La emergencia sanitaria evidenció una gran desigualdad, que afecta marcadamente a otros grupos de atención prioritaria, dijo, como personas con discapacidad, afrodescendientes, indígenas sin acceso a información por la barrera de la lengua, migrantes y otras. «Son desigualdades desproporcionadas que no han querido ser reconocidas, históricamente, por muchos Estados», aseguró.
En Uruguay sucede algo similar, comentó la activista social trans Collette Spinetti Núñez. En la nación suramericana el 88 por ciento de las mujeres trans son trabajadoras sexuales, mientras los varones trans tienen un trabajo informal.
«Por la pandemia, muchas de estas personas no pueden pagar rentas ni servicios básicos; tampoco hay subvenciones del gobierno nacional para poblaciones vulneradas y entonces bajan al escalón de la pobreza», dijo Spinetti, presidenta del Colectivo Trans de Uruguay (CTU).
«Quédate en casa es una cuestión de clase: la clase trans no puede quedarse en casa porque tiene que salir a buscar el pan de cada día», sostuvo.
Otro grupo vulnerable es el de las personas privadas de libertad, con una situación agravada para las trans en esa condición.
«Vienen de la expulsión familiar, educativa, de vivir en la calle; hay una interseccionalidad y en ciertos casos, como el de las personas trans, pareciera que pasar por la cárcel es una obligatoriedad» explicó.
Entre las medidas adoptadas por la Covid-19 está restringir las visitas a los centros penitenciarios y permitir la entrada solo a un familiar. Muchas no tienen entonces quién las vaya a ver, pues tampoco pueden contar ahora con visitas de organizaciones y activistas que habitualmente las apoyan.
«Las personas trans privadas de libertad viven una situación de aislamiento obligatorio que tampoco les permite ver la dimensión de la Covid-19 en el mundo», refirió Spinetti.
Tanto Vera como Spinetti abogaron por el trabajo en redes, desde el activismo, en favor de los derechos de la comunidad LGBTI+ frente a la precariedad social, económica y afectiva de esta población.
Relataron, además, acciones concretas que desarrollan desde organizaciones de la sociedad civil para ayudar a quienes tienen más necesidades.
Desde reclamos al gobierno de México para que abriera albergues temporales para personas en condición de calle, hasta largas cadenas de ayuda solidaria de recogida y envío de alimentos y productos de aseo y limpieza en ambos países y que, eventualmente, han llegado a las prisiones, en el caso particular de Uruguay.
Sin embargo, a los centros penitenciarios mexicanos solo podrán acceder después de la pandemia. «Creemos que vamos a encontrar a las personas trans privadas de liberad en un mayor estado precario, económico, social y emocional», comentó Vera, presidenta también de Corpora en Libertad, red de trabajo con personas LGBTI+ en privación de libertad.
Para Darío Arias, de Argentina, el momento actual marca una oportunidad para el movimiento, ante el desafío de luchar por los derechos aún pendientes.
«La población LGBTI+ ha vivido y sobrevivido a otras pandemias y esta no nos va a torcer el brazo; tenemos la fuerza y las condiciones para salir adelante», señaló el coordinador de Conurbanes por la Diversidad, espacio de lucha por los derechos LGBTI+ en la periferia y los suburbios de Buenos Aires.
Conurbanes integra un frente de alcance nacional de 30 espacios sociales y políticos que, mediante el trabajo en red y la coordinación con gobiernos locales y el federal, ha llegado con asistencia alimentaria y de otro tipo a colectivos más perjudicados con las medidas, como travestis y trans.
También les acompaña ante situaciones de violencia institucional por motivo de género y prejuicios de orientación sexual e identidad de género, que han aumentado en algunos lugares, agregó.
A partir de la experiencia argentina, el activista se refirió también al retroceso que implica la aparición de actores sociales y políticos neoconservadores y fascistas en la región, que dificultan el avance de políticas y conquistas del movimiento LGBTI+.
Destacó, además, que el nuevo gobierno argentino volvió a poner en el centro de la escena los derechos de las personas LGBTI+ y volvió a colocar en el Estado un enfoque de género que nunca debió perderse.
«Se tiene que alzar la voz cada vez más fuerte en el continente para que las medidas de confinamiento y las políticas de los Estados sean antidiscriminatorias y con enfoque de género, de diversidad territorial e interseccional», sostuvo Arias.
La formación y el empoderamiento de activistas en la lucha por sus derechos es igualmente una acción clave en estos procesos, consideró la cubana Isel Calzadilla, coordinadora de Las Isabelas, primer grupo de mujeres lesbianas creado en 2002 en Santiago de Cuba, a unos 860 kilómetros de La Habana.
Las Isabelas es parte de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales del Cenesex y al grupo se han unido personas trans, hetero y activistas de diferentes edades.
Entre las acciones del colectivo, en medio de la pandemia, Calzadilla refirió el levantamiento de las situaciones de salud o económica que viven algunas para poder apoyarlas con alimentos, medicamentos y acompañamiento, labor que realizan junto a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), trabajadoras y trabajadores sociales de los lugares donde residen las activistas.
Igualmente se mantiene activa una consejería LGBTI para vulneración de los derechos, en alianza del Cenesex y la Unión Nacional de Juristas, para apoyar, acompañamiento y solucionar problemas de la comunidad, mediante comunicación telefónica en las actuales condiciones de pandemia, precisó.
«Las mujeres lesbianas también viven situaciones difíciles: muchas no tienen trabajo en la circunstancia actual, algunas están aisladas y también afrontan las dificultades derivadas del bloqueo económico que nos impone Estados Unidos y nos hace la vida cada día más difícil», sostuvo la activista cubana.
La comunidad lésbica cubana tiene igualmente grandes retos en la lucha por sus derechos, reconoció Calzadilla, como seguir abogando por la reproducción asistida, el reconocimiento de todas las familias y que se implemente la letra de la Constitución.
«Exhortamos a nuestras compañeras de redes a realizar actividades por la visibilidad de todos los grupos, con iniciativas desde nuestras casas», sugirió. «Educar es una de las tareas del activismo, para que se entiendan nuestras luchas», acotó.
Una idea que al final reiteró el moderador del foro, el periodista cubano Francisco Rodríguez Cruz, al reiterar que «la necesidad de implementar en Cuba los derechos que han sido recogidos por la Constitución es un trabajo que nos queda por delante».
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