Cepal proyecta que la tasa de desempleo se ubicará en 11,5%. en América Latina y El Caribe.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras dos meses de haber sido presentado el recurso, notificó la inadmisibilidad de un amparo colectivo que tiene como objetivo garantizar a las trabajadoras domésticas las medidas de bioseguridad en medio de la pandemia.
Según la Red de Trabajadoras Domésticas (RTD), en Honduras existen 139 mil empleadas domésticas, entre ellas 10 mil jóvenes y niñas. “La Sala de lo Constitucional notificó ayer -8 de junio- por la tarde, tras una decisión de inadmisibilidad, que nuestros reclamos no serán escuchados”, manifestó en un comunicado la RTD.
La abogada Kenia Oliva, representante legal de la Red de Trabajadoras Domésticas, explica que la Sala de lo Constitucional declaró inadmisible el Recurso de Amparo “aduciendo que las compañeras” tienen expedito la vía administrativa, es decir, que se le solicite a la Secretaría de Trabajo que elabore los protocolos de bioseguridad.
Sin embargo, la abogada Oliva indica que, a partir del decreto ejecutivo PCM 21-2020, en el cual se declara estado de emergencia, se suspenden los plazos y las labores en las secretarías de Estado: “así que no hay forma de que las personas podamos hacer uso del derecho a petición. La misma Corte ha dicho, en otras ocasiones, que cuando se trate de peticiones en estados de emergencia, sobre derechos fundamentales, el Amparo es el recurso idóneo”.
El 22 de abril, la Red de Trabajadoras Domésticas presentó el Recurso de Amparo contra las Secretarías de Estado en el Despacho del Trabajo y Seguridad Social, Salud y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) por no incluir el trabajo doméstico dentro de los más de 25 protocolos de bioseguridad para responder a la crisis sanitaria que provoca el Coronavirus.
La abogada Oliva señala que la Sala de lo Constitucional “ni siquiera ha leído las argumentaciones que nosotros planteamos en el Amparo, en vista que no motivó su resolución”, y agrega que la Corte Suprema tiene la responsabilidad de proteger judicialmente a todos sus ciudadanos y de salvaguardar el debido proceso, al inadmitir el recurso, la Corte está fallando a esa responsabilidad.
Oliva declara que como representación legal ya han presentado un recurso de reposición, el cual, en base a la Ley de Justicia Constitucional, deberá resolverse en un término de tres días.
Discriminadas
La Red de Trabajadoras Domésticas indica que, de las mujeres organizadas en dicha red, 19 han sido despedidas durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus, de las cuales, solamente a dos se les reconocieron sus derechos laborales.
Eda Luna cuenta con la “suerte” de aún conservar su empleo como trabajadora doméstica. Sin embargo, desde el inicio del confinamiento -16 de marzo- solo ha logrado ver en dos ocasiones a su familia: “una de las condiciones para contar con el trabajo es no salir, hemos sido obligadas por los empleadores a quedarnos en nuestros lugares de trabajo, sabemos que muchas son madres; no soy madre, pero tengo una familia, la única comunicación es un teléfono”.
Respecto al fallo de la Sala de lo Constitucional, Luna manifiesta que ven la acción como un acto de discriminación e injusticia “porque nosotras desde hace mucho tiempo venimos luchando por la dignificación del trabajo doméstico; las acciones de la Corte, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud solo ha dejado una vez más evidenciando que el trabajo de las mujeres, sobre todo el de las trabajadoras domésticas, no les importa”.
“Con esto, queda demostrado porque es urgente que el Congreso Nacional adopte medidas para proteger a las trabajadoras domésticas específicamente”, demanda la Red de Trabajadoras Domésticas, en un pronunciamiento público.
A inicios de mayo, la diputada Olivia Marcela Zúniga Cáceres presentó ante el Congreso Nacional la propuesta de Ley de Emergencia para la Protección de Mujeres, Adolescentes y Niñas Durante la Crisis del Coronavirus, en la cual se pide la implementación de protocolos de bioseguridad para el trabajo doméstico remunerado, como una responsabilidad del patrono el abastecimiento de los materiales y equipos necesarios para evitar el contagio y propagación del Covid-19.
“Nosotras exigimos estas medidas de bioseguridad por el peligro que implica seguir haciendo el trabajo doméstico, porque sabemos que el trabajo doméstico remunerado no ha parado y es el que está sosteniendo el teletrabajo”, sostiene Eda Luna, integrante de la Red de Trabajadoras Domésticas.
En el segundo mes de confinamiento, la Red de Trabajadoras Domésticas realizó una encuesta a las 50 mujeres organizadas en ese espacio, en la que se les consultó si habían experimentado síntomas característicos del Coronavirus, sin embargo, ninguna se atrevió a responder por temor a ser estigmatizadas.
En su último informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por Coronavirus (Covid-19), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) anticipa un deterioro de los indicadores laborales para 2020, es decir que la tasa de desempleo se ubicará en 11,5%.
Asimismo, la Cepal alerta que la desigualdad de género se acentuará por medidas como el cierre de las escuelas, el aislamiento social y el aumento del número de personas enfermas, pues aumentará la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres.
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