La Mesa Nacional de Derechos Humanos ante la actual crisis política generada por el Tribunal Supremo Electoral, en el marco de las elecciones generales desarrolladas el domingo 26 recién pasado, a la comunidad nacional e internacional expresa lo siguiente.
El Pueblo Hondureño, haciendo uso de su derecho al sufragio, acudió masivamente a las urnas en una hermosa demostración de su vocación democrática, expresando de forma contundente su anhelo por un cambio en el rumbo que lleva la nación, a manos de un gobierno que se ha caracterizado por una sistemática violación a los derechos humanos en todos los órdenes.
Ante la crisis política electoral que enfrentamos en este momento, presentamos a ustedes nuestras valoraciones.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) actuó con irresponsabilidad al incumplir su deber de difundir los resultados electorales del nivel electivo presidencial de forma oportuna, como históricamente se ha estilado, pues no los presento el día de las elecciones, después de haberlo ofertado para dos horas luego del cierre de urnas; en cambio, lo hizo hasta el día siguiente a la 1.43 de la mañana, generando serias dudas sobre la transparencia con que es administrado el proceso electoral.
Por si esto fuera poco, el TSE, en particular su Presidente, activo miembro del partido de gobierno, ha presentado informes parciales a cuenta gotas y con evidente sesgo político, presentando “tendencias” que no corresponden a la realidad y que solo benefician la candidatura del actual Presidente, contrario al hecho de que los resultados a estas alturas tienen un carácter de tendencia irreversible en favorecer el candidato opositor, como lo ha confirmado el también magistrado del TSE Marco Ramiro Lobo. Cabe decir que esto también genera serias dudas sobre la legitimidad de los resultados en los otros niveles electivos, a diputaciones y corporaciones municipales.
Esta conducta impropia de funcionarios electorales ha provocado inseguridad, caos colectivo y ha creado condiciones propicias para que se generen violaciones a los derechos humanos, debido a poptenciales escenarios de represión a la protesta social. Esto es muestra de que los Magistrados del TSE están incurriendo en responsabilidad penal, por retardo doloso, según el artículo 349 del Código Penal, por lo que deberán responder ante los Tribunales de justicia.
La responsabilidad de todo lo ocurrido recae en el candidato ilegal y actual Presidente de la Republica, quien junto a su grupo cercano, están provocando una grave crisis por su empecinamiento en aferrarse al poder; crisis que luego pretende resolverla mediante negociación o represión, sin importarle el costo humano que esto pueda tener. De esa forma, pretende abrogarse mediante el fraude y la fuerza, un nuevo periodo de gobierno, en contra de la voluntad popular, que ha expresado lo contrario, mediante el voto.
Finalmente exigimos a los medios de comunicación del país, que cumplan con su rol de brindar información clara y verdadera, sin manipulaciones, cumpliendo compromisos de cualquier tipo.
Por todo lo anterior, llamamos:
1) A la población hondureña a mantenerse en alerta y defender los derechos políticos en los parámetros que la Constitución de la República y los derechos civiles y políticos universales establecen.
2) Al Tribunal Supremo Electoral que respete la voluntad popular, que rinda cuentas de forma inmediata ante la población, que brinde todas las facilidades a los partidos políticos en contienda y a veedores sociales para garantizar a cabalidad los resultados del proceso.
3) A los partidos políticos a respetar la voluntad popular, la cual es innegociable.
4) A las organizaciones de observación internacional continuar con una observación que les permita verificar efectivamente los procesos de contabilización de resultado para que no haya duda. Que sus conclusiones sean claras y contundentes y no superficiales que favorezcan el fraude.
5) A las organizaciones internacionales de derechos humanos a mantenerse alerta de nuestras comunicaciones y de las mediciones de país que llevan, para las acciones de solidaridad que correspondan, así como a las organizaciones de derechos humanos nacionales, a seguir con las acciones de defensa de los derechos políticos que competen.
6) A los países cooperantes y solidarios con Honduras a actuar conforme a la defensa de los principios democráticos con base en los derechos de los pueblos.
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