El director de la Pastoral Social Cáritas en San Pedro Sula, Carlos Paz, es del criterio que la crisis política post electoral que vive Honduras no se debe a la pérdida de las elecciones sino un quiebre de un sistema injusto.
“Está representado en Juan Orlando como Presidente, pero detrás está todo un sistema de inequidad social, de injusticias reiteradas y en el cual la población ha estado sometida, en ese sentido, la pérdida de las elecciones significa la posible ruptura con el sistema” dijo Paz.
La Pastoral Social Cáritas instaló en la Catedral de San Pedro Sula una oficina de atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por la represión militar en contra de la población que se manifiesta en las calles demandando el respeto a su voluntad expresada en las elecciones del pasado 26 de noviembre.
Radio Progreso (RP) habló con Carlos Paz (CP), director de Cáritas en San Pedro Sula.
RP. En materia de derechos humanos, ¿cómo podríamos describir lo que está viviendo la población hondureña?
CP. Estamos en una grave situación de violación a los derechos humanos, pienso que ya estamos en el clímax de un proceso que ha sido reiterado, no es que en este momento haya comenzado, sino que, todo lo contrario, es ahora cuando llega a la cúspide más álgida.
RP. ¿Por qué cree que se esté dando esta situación?
CP. Creo que hay una situación que no se quiere aceptar, pienso que aquí no solamente se trata de una pérdida de las elecciones, sino un quiebre de un sistema injusto. Está representado en Juan Orlando como Presidente, pero detrás está todo un sistema de inequidad social, de injusticias reiteradas y en el cual la población ha estado sometida, en ese sentido, la pérdida de las elecciones significa la posible ruptura con el sistema.
RP. En el Valle de Sula, ¿cómo han acompañado las protestas?
CP. En un programa que tenemos dentro de Cáritas, la Escuela de Procuradores de Derechos Humanos, iniciamos un proceso de veeduría inicialmente en el contexto de las elecciones. Varios procuradores estuvieron en los centros de votación y pudimos constatar cómo se volcó la ciudadanía a votar y cómo se volcó también a vigilar su voto, eso es una característica del contexto. Como se fue fraguando el fraude electoral, en esa medida la población comenzó a movilizarse, de tal manera que el jueves por la noche, posterior a las elecciones, comenzaron las manifestaciones en las calles y nosotros salimos a las calles, allí comenzó la represión.
RP. ¿Qué pasó luego en las protestas?
CP. Notamos que dentro de la misma manifestación se comenzó a incitar a la violencia. Nos reunimos brevemente el equipo para analizar esa situación y concluimos que muy posiblemente al día siguiente, que es el viernes, la situación se iba a ir de las manos o se podían generar estrategias para desmovilizar a la población. El viernes por la mañana no ocurrió absolutamente nada, hubo un repliegue de los militares a los batallones, nosotros consideramos que posiblemente eso fue una forma de estructurar una estrategia. Pensamos que al medio día podía presentarse un detonante y así ocurrió. Ocurrieron el tema del saqueo, el vandalismo. Nosotros deslindamos tres acciones.
RP. ¿Cuáles fueron esas acciones?
CP. La primera de ellas es la protesta pública, legítima, una protesta que es un derecho humano. En segundo lugar, un comportamiento colectivo suscitado por las situaciones de vandalismo, que posiblemente, consideramos, era una estrategia de desmovilización, tenemos testimonios de algunas personas que fueron detenidas y que no tenían nada que ver con la protesta, venía de trabajar, que producto del contexto se suspendió el servicio de transporte, ellos quedaron desprotegidos y en ese contexto los agarraron.
RP. ¿Quién provocó esta violencia?
CP. Yo creo que la parte física y obvia son los militares, pero como lo dice la Constitución de la República son obedientes y no deliberantes, hay una orden superior que han tenido que acatar que posiblemente viene del alto mando militar y muy posiblemente del mismo Presidente, lo cual eso implica una acción premeditada, considero que ha sido una acción estratégicamente premeditada con el único propósito de desmovilizar y posteriormente generar el “estado de excepción”.
RP. ¿Qué hicieron ustedes con los detenidos en medio de la represión a las protestas?
CP. Lo primero fue el temor. Los procuradores populares me empezaron a llamar para preguntarme qué hacían, ellos tenían el deseo de salir, pero como institución yo no podía orientarles a que salieran porque corrían peligro sus vidas, entonces tomé la decisión de ir personalmente a la 105, mientras otros compañeros de la oficina hacían el recuento de lo que estaba pasando. Cuando llegué a la 105 Brigada ya estaban otros compañeros abogados y nos pusimos de acuerdo y preparamos Habeas Corpus mientras se hacían gestiones en la posta de la 105 para que sus familiares pudieran ver a sus hijos.
RP. ¿Cuántos detenidos hubo?
CP. Nosotros no pudimos constatar simplemente vimos una hoja donde aparecía un número superior a 100, al día siguiente por la mañana esas personas fueron puestas en libertad hasta dejar a 35 detenidos allí en la 105, de esos 35 dos fueron liberados, eran menores, se celebraron las audiencias y posteriormente fueron entregados a sus padres. Quedaron un total de 33 que fueron los que trasladaron el día domingo a “El Pozo”.
RP. ¿Cuál es su valoración de estos traslados a “El Pozo”?
CP. Además de negarles información a los familiares tampoco permitieron que un abogado pudiera estar y constatar las condiciones en que estaban los detenidos, nosotros hicimos gestiones alegando el derecho que tienen los detenidos a tener un abogado y no nos permitieron entrar. A los detenidos también le negaron la posibilidad de una llamada y tampoco se les leyeron sus derechos, con lo cual estaban allí en una flagrante detención ilegal. Eso fue lo que nos motivó a preparar el Habeas Corpus para ser presentado a los tribunales.
RP. ¿Qué argumentaron las autoridades para mandarlos a una cárcel de máxima seguridad?
CP. Se les imputaba el delito de robo agravado y asociación ilícita, sin embargo, al constatar de que las personas detenidas no se conocían entre sí, lógicamente el tipo penal no califica con lo cual posteriormente se modificó.
RP. ¿Qué busca el gobierno de Honduras desatando la violencia en las protestas?
CP. Yo creo que los objetivos eran dos. Lo primero era desmovilizar, creo que es natural sentir miedo, lo que hace que la gente se auto recluya en su casa, eso tiene un efecto desmovilizador. Lo segundo, creo que toda esta situación fue la excusa perfecta para el “estado de excepción”, para el toque de queda, con eso, creo yo, coronaría todo este proceso de desmovilización y posteriormente decir el resultado de las elecciones.
RP. ¿Qué piensa de la permanencia de la indignación ciudadana?
CP. Creo que la gente, el pueblo hondureño, con la dosis de confianza que tiene, con la solidaridad que pudimos constatar, con el derecho de defender su voto, la gente rompió el miedo, rompió ese cerco, y yo creo que eso ha sido un hecho muy importante porque la gente se ha mantenido en las calles, la gente sigue defendiendo, a estas alturas, su voto, su voluntad popular, y no ha logrado el gobierno de la República el objetivo que tuvo. Ya vemos que las declaraciones de los organismos internacionales dan cuenta de que esta estrategia ha sido una estrategia fallida porque el pueblo sigue en las calles y sigue desafiando el sistema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario