El gobierno hondureño está desplegando tácticas peligrosas e ilegales para silenciar las voces de disenso en el marco de una de las peores crisis políticas que ha atravesado el país en una década, entre otras, evitando que abogados o activistas de derechos humanos visiten a manifestantes detenidos, indicó Amnistía Internacional luego de una visita a Honduras después de las disputadas elecciones presidenciales del 26 de noviembre.
“Honduras pareciera estar en medio de una peligrosa caída libre en la que ciudadanos comunes están siendo víctimas de juegos políticos egoístas e imprudentes,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La evidencia demuestra que no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones en Honduras. Cuando lo hacen, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno.”
“Detener todo el uso ilegítimo o excesivo de la fuerza de policías y militares contra las personas que protestan, acabar con las detenciones arbitrarias e investigar todos los casos de violaciones de derechos humanos sería una buena forma de comenzar a abordar los graves hechos que hemos documentado en días recientes.”
Una delegación de Amnistía Internacional visitó la capital de Honduras, Tegucigalpa, para reunirse con activistas y víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de la crisis y estado de excepción que tuvieron lugar después de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. Los expertos de Amnistía también se reunieron con miembros de la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.
Durante la visita, los delegados de la organización documentaron una plétora de violaciones contra manifestantes y otras personas.
Violencia contra personas que protestan
Al menos 14 personas fallecieron, muchas de ellas por heridas de bala, decenas más fueron heridas en el contexto de manifestaciones que fueron generalmente pacíficas que tuvieron lugar tras las elecciones del domingo 26 de Noviembre, de acuerdo con la información provista a Amnistía Internacional por funcionarios públicos y personas defensoras de derechos humanos.
El 1 de diciembre, las autoridades impusieron un toque de queda que, de acuerdo a la mayoría de personas entrevistadas, incrementó los riesgos a la vida e integridad de las personas.
Un defensor de derechos humanos le dijo a Amnistía Internacional que aunque el acoso y los golpes sean comunes durante las protestas en Honduras, en los últimos días la situación se ha vuelto más insegura para cualquier persona que camine por las calles.
Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos, persiguieron y arrestaron a manifestantes. En algunos casos, dispararon armas de fuego contra ellos. Los niveles de violencia son comparables a aquellos que siguieron al golpe de estado de 2009.
Solo un oficial de policía ha sido llevado ante un juez por disparar un arma contra un manifestante, de acuerdo con información dada por la Policía Nacional a Amnistía Internacional.
Violaciones a Derechos Humanos bajo el toque de queda
Durante el toque de queda impuesto por las autoridades hondureñas el 1 de diciembre, las fuerzas de seguridad han operado con los más altos niveles de impunidad.
Raúl Antonio Triminio, un albañil de 39 años procedente de Tegucigalpa, fue asesinado durante la noche del 3 de diciembre de 2017. Su familia le dijo a Amnistía Internacional que Raúl estaba manifestando pacíficamente fuera de su casa cuando efectivos de la policía militar llegaron, dispararon al alumbrado público y luego le dispararon directamente a la cara. Sus allegados no pudieron asistirlo inmediatamente, ya que estaban muy temerosos de salir y enfrentar potenciales ataques de la policía. Una de sus hermanas dijo: “Lo debieron llevar a prisión, no dispararle. Él no estaba haciendo nada malo… solo pedimos justicia”.
La policía militar pareciera estar implicada en varios casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones y durante el toque de queda.
Los investigadores de Amnistía Internacional también documentaron el caso de un joven que fue atacado por la policía militar en Tegucigalpa mientras intentaba meter su motocicleta a su casa la noche del 3 de diciembre.
De acuerdo con testigos presenciales, la policía no dio la voz de alerta ni intentó arrestarlo. Simplemente lo golpearon hasta que estuvo inconsciente. El joven ha estado hospitalizado por días y todavía sigue en una condición de salud crítica.
Sus familiares indicaron a los investigadores de Amnistía Internacional que cuando sus hermanas intentaron asistirlo, agentes de la policía militar apuntaron sus armas contra ellas y les dijeron que no denunciaran el caso, ya que ellos sabían dónde vivía y podían volver para asesinarlo.
En ambos casos, los familiares han tenido que llamar a la Policía Nacional para que llevaran a las víctimas al hospital, ya que estaban temerosos o imposibilitados para hacerlo por su propia cuenta.
El toque de queda está afectando todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Muchas han tenido que cambiar constantemente sus rutinas mientras otras pierden horas de trabajo o evitan visitar a familiares y amigos. Si no dejan las calles para el momento en que comienza el toque de queda, enfrentan el riesgo de no volver a sus casas o sufrir ataques en las calles.
Las personas arrestadas por violar el toque de queda son retenidas hasta las 5 de la mañana en las estaciones de policía. Durante ese tiempo, no tienen acceso a asistencia legal, ya que ni los abogados ni las personas que defienden los derechos humanos pueden movilizarse durante el toque de queda para visitarlos o para iniciar procedimientos legales en su nombre.
El toque de queda, que ha sido enmendado en un par de ocasiones desde que fue inicialmente proclamado en términos de su duración y cobertura geográfica, no se ajusta a las provisiones legales internacionales y parece muy amplio para manejar pocos eventos de violencia.
Si el gobierno quiere mantener esta medida por más tiempo, tiene el deber de argumentar suficiente y adecuadamente la necesidad de la misma y seguir todos los procedimientos constitucionales y del derecho internacional, incluyendo notificaciones oficiales a los Secretarios Generales de la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.
En cualquier circunstancia, debe disponerse de salvaguardas efectivas para prevenir más violaciones a los derechos humanos y todos los casos que ya ocurrieron deben ser apropiadamente investigados y llevados ante la justicia.
Información Complementaria
El 26 de noviembre de 2017 se celebraron elecciones generales en Honduras.
El 27 de noviembre por la madrugada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer una primera tendencia, basada en el 57 por ciento de la revisión de votos, la cual otorgaba una ventaja de 5 puntos al candidato de oposición, Salvador Nasralla, respecto del actual Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Ambos candidatos se declararon ganadores. De acuerdo al Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en Honduras, publicado posteriormente a las elecciones, “el sistema de divulgación de resultados, disponible al público online, no fue actualizado [después del primer anuncio del TSE] el lunes 27 de noviembre. Reanudada la divulgación, la Misión observó cómo la diferencia entre los candidatos se iba estrechando”.
El 29 de noviembre por la tarde, el TSE dio a conocer una tendencia diferente, apuntando a la victoria de Juan Orlando Hernández.
Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con una alta tasa de homicidios e inseguridad. Existe un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones, alimentado por la impunidad que prevalece en la mayoría de los crímenes, y por recurrentes señalamientos de corrupción o involucramiento de agentes estatales en actividades delictivas.
Las personas defensoras de derechos humanos están particularmente expuestas a la violencia, siendo Honduras uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para los y las activistas de la tierra y el medio ambiente.
A raíz del golpe de Estado ocurrido el 28 junio de 2009, durante el cual fueron aprobados varios estados de excepción y toques de queda, se reportaron graves violaciones de derechos humanos atribuidas a fuerzas de seguridad hondureñas.
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