Nosotras y nosotros, integrantes de la Mesa Nacional de Derechos Humanos de la Coalición Contra la Impunidad, articulación integrada por más de 50 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, ante el contexto actual comunicamos lo siguiente:
La declaratoria de Juan Orlando Hernández como candidato ganador de las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre es una afrenta a la soberanía de nuestro pueblo e irrespeta la voluntad popular expresada en las urnas. Entendemos con claridad, que el continuismo que pretende el Partido Nacional, auxiliado por un cómplice y subordinado Tribunal Supremo Electoral, TSE, responde al plan de profundización del modelo extractivista y de despojo de nuestros bienes naturales y riquezas en general.
Declaratoria efectuada a pesar de que diversas instancias nacionales e internacionales han calificado de irregular, viciado y de baja calidad técnica el proceso electoral, tal como lo señala la Misión de Observadores Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su segundo informe preliminar, y también el Secretario General de la Misma, el señor Luís Almagro, quién ha reafirmado esos hallazgos y recomienda celebrar nuevas elecciones generales.
Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, condenamos firmemente los abusos de poder, las diversas violaciones de los deberes de los funcionarios de gobierno, así como la comisión de ilícitos y graves violaciones a los derechos humanos de la población por parte de los órganos de seguridad del Estado, violaciones que han significado a partir del 30 de noviembre a la fecha, más de 23 ejecuciones extrajudiciales de mujeres y hombres. Repudiamos el silencio cómplice de los medios corporativos serviles al oficialismo que han pretendido invisibilizar tales crímenes fortaleciendo la impunidad que el sistema de justicia les ha garantizado hasta ahora. Dichos asesinatos han sido plenamente constatados y verificados como producto de la situación de crisis e inestabilidad social provocada por la cúpula polltica del Partido Nacional y demás instituciones involucradas en el fraude consumado y no incluyen datos de muertes de agentes policiales.
Repudiamos la brutalidad con que la que ha actuado la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los allanamientos a las viviendas de la población que ejerce su derecho constitucional a la protesta y los distintos métodos de tortura empleados en contra de los y las manifestantes entre los cuales se registra el uso de armas de electrochoque, tortura en vías públicas y la exhibición de personas detenidas frente al resto de la población movilizada como mecanismo de castigo ejemplarizante.
Exigimos el cese a los ataques directos en contra de comunidades, barrios y colonias que se han mantenido en permanente manifestación pacífica; las mismas han sido continuamente violentadas al punto de afectar a familias enteras, incluidos adultos mayores y niñez, los cuales han sido severamente afectados por el uso de gases lacrimógenos.
La saña con la que actúan los cuerpos de seguridad ha dejado un amplio saldo de personas heridas y detenidas en todo el territorio nacional, 4 de esas personas continúan con un diagnóstico de gravedad.
Evidenciamos y denunciamos el hostigamiento, las amenazas, agresiones y persecución en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos durante el ejercicio de su labor en acompañamiento a las acciones de protesta y denuncia de las violaciones a los derechos humanos de la población; la criminalización y estigmatización efectuada desde los medios de comunicación oficialistas, quienes han promovido campañas de desinformación y pretenden desvirtuar la naturaleza de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Exigimos el respeto a la libertad de expresión de los medios de comunicación alternativos y nos solidarizamos con Radio Progreso y UNE TV quienes han sido víctimas de ataques por su posicionamiento frente al proceso electoral, así como las radios comunitarias Radio Dignidad, Radio Taragual, entre otras.
Al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) e instancias internacionales de derechos humanos demandamos que desde sus facultades mandatarias actúen de formas aún más oportunas y determinadas, acordes con la gravedad de la crisis de derechos humanos que Honduras enfrenta.
Como organizaciones de derechos humanos reafirmamos nuestro compromiso no sólo de denunciar, documentar y acompañar a las víctimas de las violaciones de derechos, sino también de estar en los lugares donde se gesta la defensa heroica de la ciudadanía, por la construcción de una sociedad democrática celadora del Estado de Derecho.
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