CELAG
Por Ava Gómez y Esteban De Gori +
Después de 10 días de realizadas las elecciones, Honduras no puede conocer al próximo presidente legítimo. Esto ha sumido al país en una gran incertidumbre y descolocado a la comunidad internacional. El conjunto de irregularidades –reconocidas por observadores de OEA y de la Unión Europea– beneficiaron al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, quien siempre supuso que ganaría o, que nunca entregaría el poder a una oposición alternativa a los partidos tradicionales.
Ocurre que después de la habilitación inconstitucional del presidente -por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia- para presentarse como opción del Partido Nacional en los pasados comicios, era evidente que el líder nacionalista -quien controla el proceso de escrutinio de votos- la comisión de supervisión electoral, el ejército –que mueve las papeletas y todos los procesos–, los órganos de apelación, la maquinaria clientelar y los medios de comunicación, apuntaban a la permanencia en el poder.
Todo menos transparencia
Muestra de ello ha sido la gran dilación del escrutinio de los votos, que ha mantenido en vilo al país. El día 27 de noviembre se había escrutado el 57% de las mesas electorales. El líder opositor Salvador Nasralla de la Alianza Oposición contra la Dictadura obtenía un 45,17%. A partir de entonces, el sistema de totalización de los votos se cayó, hecho que se repitió al menos dos veces más; miércoles y jueves, cuando la tendencia se modificó y el presidente superó a Nasralla [1].
Ante la incertidumbre, la ciudadanía se volcó a la calle apoyando al líder opositor. La respuesta del Gobierno –acostumbrado a disuadir a sus contrarios por medio de la represión violenta– fue la declaración del Estado de Sitio, con la consecuente militarización del país, que ha impactado con violencia en la ciudadanía, saldándose con varios civiles heridos y muertos en el marco de las protestas [2].
La noticia del fraude anunciado llegó el día lunes 4 de diciembre, cuando el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, dio por concluido el escrutinio especial a las 05.00, hora local, restando 20 actas electorales que aparecieran en el cómputo final de 18.128. En el resultado final, con el 99,89% de los votos escrutados, Hernández se impone con el 42,98 % a Nasralla, que alcanza un 41,39 % [3].
Una ciudadanía que exige respeto por su derecho al voto
Ante un escenario tan complejo sólo la ciudadanía ha estado a la altura. Así como era previsible un escenario de fraude electoral, ya desde antes de las elecciones los ciudadanos y ciudadanas habían comenzado a movilizarse, algo que no ha parado y que se espera tenga continuidad en los próximos días. Por ello el papel que adquiera la comunidad internacional en la defensa del pueblo hondureño –el cual se acerca a una situación de victimización por represión militar- será fundamental. En este sentido, si bien las declaraciones han sido individualizadas por país (como es el caso de Venezuela), ha sido escasa la unidad progresista expresada ante este nuevo atropello.
Ampliar la crisis
Esta situación erosiona el Estado de Derecho y amplifica la crisis en la confianza en torno a la democracia. El Partido Nacional ha desestructurado la legitimidad de todas las reglas de juego y rutinas constitucionales. Los hechos de corrupción y el quebranto del texto constitucional –que permitió que el actual presidente se presentará a su reelección– se inscriben en un largo proceso de deslegitimación y en escenarios de movilización ciudadana que expresan rechazos a estas prácticas. Si en 2009 se desconoció la decisión de los electores con el derrocamiento de Manuel Zelaya, ahora ese desconocimiento se suma a esta crítica situación.
Todos los observadores internacionales, con mayor o menor crítica a todo el proceso, han reconocido irregularidades y la Unión Europea ha pedido que no se ratifique ningún ganador. A ello se suma que Salvador Nasralla no es Manuel Zelaya sino un aliado moderado y reconocido como tal por medios y espacios hondureños e internacionales, por ello resulta más difícil legitimar un fraude.
El toque de queda y la militarización sólo aumentan las sospechas de un acto electoral viciado e irregular. Además, abre futuros escenarios de malestar político que pueden aumentar la conflictividad o erosionar, aún más, la democracia hondureña.
Notas
+ Ava Gómez y Esteban De Gori, investigadores
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