Por Pablo Ruiz
Recientemente, el Jefe de la Policía Preventiva en el Sur de Honduras, Eduardo Turcios le quitó, de manera arbitraria, las medidas de protección al periodista Jairo López pese a que dichas medidas habían sido aprobadas por el “Mecanismo de Protección” establecido por la Ley de Protección a Periodistas Comunicadores Sociales, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia la que fue aprobada por el Congreso Nacional hondureño en mayo de 2015.
El periodista, de acuerdo a Reporteros Sin Frontera, el 2015 “reveló actos de corrupción en los que estaban implicados funcionarios y políticos, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Desde entonces es víctima de una campaña de desprestigio y enfrenta un juicio por difamación en el que se han registrado graves irregularidades”.
A esta situación debemos sumar que en la madrugada del 10 de diciembre Radio Progreso sufrió un atentado en sus antenas de trasmisión quedando fuera del aire.
En una nota emitida por el canal TELESUR el padre Ismael Moreno, sacerdote jesuita, y director de la emisora, señaló que “estamos en una situación crítica en el país, y como Radio Progreso ha tenido un acompañamiento a las voces que están cuestionando el fraude electoral y además denunciando todos los atropellos a los derechos humanos que emanan del actual gobierno, que se quiere reelegir, de nuestra parte, y como responsable de Radio Progreso, responsabilizó al equipo de Juan Orlando Hernández, y a su grupo, como los estrictos responsables de este sabotaje”.
No es la primera vez que la emisora sufre represalias por su trabajo. En abril de 2010, Gerardo Chévez, periodista de la radio, y el padre Ismael Moreno denunciaron que habían recibido amenazas de muerte.
El 2011, militares intervinieron las instalaciones de la emisora y el 2014, Carlos Hilario Mejía Orellana, colaborador y activista de Radio Progreso, fue asesinado a puñaladas en su departamento.
De acuerdo a Reporteros Sin Frontera: “Honduras es uno de los países más peligrosos de América Latina para la prensa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró que entre enero de 2001 y agosto de 2017 fueron asesinados en Honduras 70 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación; el 91% de estos casos permanecen en la impunidad”.
Honduras figura en el lugar 140 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017. Muy lejos de Noruega, Suecia y Finlandia que ocupan los primeros lugares con mayor libertad de prensa.
Por su parte, el “Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión” de la CIDH señaló que el año 2016 en Honduras fueron asesinados 3 periodistas y hubo ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación.
“La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que los funcionarios estatales deben repudiar de manera inequívoca los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, y deberían abstenerse de efectuar declaraciones que posiblemente incrementen la vulnerabilidad de quienes son perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, señalaron.
No podemos olvidar tampoco que ya este año, el 13 de septiembre, fue asesinado el periodista del Canal 22 Carlos William Flores por personas “no identificadas”.
Amnistía Internacional también expresó su preocupación por la situación de derechos en Honduras y dijo, sobre el derecho a la libre expresión que “La evidencia demuestra que no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones en Honduras. Cuando lo hacen, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno”.
Lamentablemente, en Honduras tanto los medios de comunicación como los periodistas y comunicadores están en peligro de sufrir atentados o represalias por su trabajo.
Pero no sólo ellos, “desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras; muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados” declaró Global Witness. Entre los casos, el asesinato de Berta Cáceres que sigue sin aclararse totalmente.
En las últimas semanas, y de acuerdo a un Informe de COFADEH, tras las elecciones del 26 de noviembre, las que fueron fraudulentas, “14 personas perdieron la vida en forma violenta, doce de ellas por la represión en las protestas y aplicación de la suspensión de las Garantías Constitucionales; 51 resultaron heridas, siete de ellas gravemente; 844 resultaron detenidas de las cuales 148 personas fueron acusadas por el delito de Robo Agravado, 3 por terrorismo y 91 expedientes penales han sido abiertos en Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula”.
Honduras vive una dictadura y la OEA y los EEUU son cómplices de las violaciones a los derechos humanos que hace mucho tiempo suceden este país.
Pablo Ruiz
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAWatch
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