Expertos* de la ONU y la CIDH condenaron el asesinato de al menos 12 manifestantes en Honduras y la detención de cientos de personas que tomaron las calles luego de la suspensión del conteo de votos de las elecciones presidenciales del mes pasado.
El Gobierno declaró un estado de emergencia, suspendiendo derechos fundamentales, después de que miles de personas se sumaron a las manifestaciones en rechazo a las irregularidades del proceso electoral del 26 de noviembre. La policía detuvo forzosamente las protestas. El estado de emergencia quedó sin efecto el pasado 9 de diciembre.
“Exhortamos al Gobierno de Honduras a dar cumplimiento estricto a sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida, así como los derechos a la libertad de expresión y derecho de reunión de todas las personas bajo su jurisdicción”, afirmaron les expertos. Los expertos notaron que la proclamación de estados de excepción no autoriza, bajo ninguna circunstancia, la derogación de derechos a la vida e integridad personal y llamaron a las autoridades a investigar estos hechos.
“Las protestas callejeras y los disturbios no constituyen una situación excepcional que justifique per se la suspensión de derechos fundamentales”, afirmaron los expertos. “Por el contrario, en momentos críticos para la vigencia de la democracia, el debate público robusto y las manifestaciones políticas deben tener la máxima protección posible”, manifestaron.
“Estamos alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver protestas, que resultó en la muerte de al menos 12 manifestantes, decenas de heridos y cientos de detenidos, muchas de ellos trasladados a instalaciones militares, donde habrían sido brutalmente golpeados, insultados y sometidos a torturas, y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”.
Asimismo durante este tiempo, se han reportado ataques y detenciones de periodistas durante la cobertura de protestas. Los días 9 y 10 de diciembre, Radio Progreso, un medio comunitario emblemático por su independencia y defensa de la democracia, denunció el sabotaje de su torre y antena en Tegucigalpa. La radio perdió su señal en la zona central del país.
“Hacemos un llamado urgente para que se investigue el ataque a Radio Progreso, se restablezca su transmisión y se garantice la seguridad de sus periodistas y trabajadores”, reafirmaron.
“Antes, durante y después de contiendas electorales, la información pública sobre el proceso electoral, divulgada de manera oportuna, proactiva y fidedigna, es una garantía indispensable de los sistemas democráticos”, concluyeron.
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