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Por Giorgio Trucchi | LINyM
Foto G. Trucchi | Rel-UITA
La población hondureña está en las calles y continúa protestando contra el fraude en las elecciones generales del pasado 26 de noviembre. La respuesta del Estado ha sido violenta, dejando un saldo trágico de muertos, heridos y detenidos.
De acuerdo con el informe presentado este miércoles por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), a la fecha se han realizado 118 manifestaciones, 38 de las cuales han sido reprimidas violentemente.
Entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, 14 personas han perdido la vida en forma violenta durante la represión de las protestas, 51 han resultado heridas -siete de ellas muy graves- y 844 personas han sido detenidas.
De los 14 fallecidos, 12 son manifestantes ejecutados por miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) que está usando tácticas de guerra para atacar a la población civil, y 2 son policías preventivos caídos en enfrentamiento con supuestos delincuentes.
La inmensa mayoría de casos de represión y violencia se dieron durante el ‘toque de queda’ y la suspensión de garantías constitucionales decretada por el gobierno.
“Se trata de un decreto totalmente inconstitucional que está generando violaciones severas a los derechos humanos”, dijo Mary Agurcia del Cofadeh.
El sacerdote jesuita y director de Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) Ismael Moreno explicó que, durante las manifestaciones contra el fraude, el gobierno habría infiltrado a antisociales para que generaran violencia y caso, y de esta manera justificar la decisión de declarar el estado de exepción (Decreto 084-2017).
Además, aseguró que se están usando estrategias para identificar a líderes comunitarios, ubicar donde viven y así poder capturarlos durantes las horas del toque de queda.
“La situación de los derechos humanos se va agravando cada día más. De estas medidas represivas son responsables los mismos que han perpetrado el fraude”, dijo Moreno.
Tanto el sacerdote como el dirigente sindical y miembros de la Convergencia, Carlos H. Reyes, subrayaron la importancia de la movilización social. “Ha sido sumamente importante para que la comunidad internacional tomara conciencia de lo que estaba pasando y comezara a presionar a las autoridades electorales”, manifestó Reyes.
También criticaron al gobierno de Estados Unidos, en especial a la embajada en Honduras, por el “silencio complice ante el fraude electoral y la violación de los derechos humanos en el marco de esta crisis política”.
“Rechazamos y repudiamos las declaraciones del Departamento de Estado que nos quiere hacer creer que Honduras ha avanzado en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos humanos. La embajada (de Estados Unidos) se ha quedado callada ante el fraude y prácticamente lo está legitimando”, dijo Reyes.
Ante esta situación, el Cofadeh recomendó a las autoridades del Estado de Honduras retirar de la labor de seguridad a la Policía Militar y pidió garantizar el derecho de manifestación y reunión de la oposición política, sin recurrir a medidas represivas.
También exigió que se inicie un proceso de investigación de las graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las violaciones del derecho a la vida, a la integridad y la libertad personal.
Finalmente pidió levantar y derogar inmediatamente el Decreto 084-2017 por violentar derechos internacionales, investigar todos los casos de personas detenidas, así como el uso de sustancias tóxicas, de la fuerza física y el uso de armas de fuego contra la población civil.
Convergencia pide nuevas elecciones
Hoy jueves 7 de diciembre, la Convergencia contra el Continuismo dio a conocer un comunicado en el cual sienta su firme posición ante la coyuntura actual.
“Este proceso electoral es completamente nulo, por lo tanto, todo lo que se puede hacer dentro del mismo resulta completamente inutil”, se lee en el documento.
Por ello, la Convergencia ratificó una vez más la inconstitucionalidad de la candidatura del actual mandatario Juan Orlando Hernández, declaró desconocer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y demandó la anulación de las elecciones del domingo pasado y la convocatoria a nuevas elecciones “bajo estricta supervisión internacional”.
Asimismo, se unió al Cofadeh para exigir la derogación inmediata del estado de sitio y la investigación de los graves crímenes cometidos en los días pasados.
Finalmente, convocó a la movilización popular permanente y pacífica “hasta alcanzar el objetivo de derrotar el fraude electoral y la dictadura, y recuperar la democracia y el estado de derecho con Salvador Nasralla como presidente”, concluye el comunicado.
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