La crisis política que ha vivido Honduras, antes, durante y después del proceso electoral realizado el 26 de noviembre, ha llegado a un punto de agudización provocado por la tardanza, manoseo y alteración de los primeros y únicos resultados brindados por el pleno del Tribunal Supremo Electoral que favorecían por un margen de cinco puntos con el setenta por ciento de la carga electoral escrutada, al candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Ing. Salvador Nasralla. El cambio fraudulento de dicha tendencia a favor del candidato ilegal de la reelección, el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, después de una supuesta caída del Sistema, ha dejado claramente sembrada en la población, la certeza de un descarado fraude electoral.
Esta burla a la voluntad popular expresada en las urnas ha provocado masivas protestas a nivel nacional en un franco rechazo a la maniobra del Partido Nacional empecinado en conservar el poder a toda costa. La respuesta represiva del gobierno, coloca en situación de vulnerabilidad al pueblo puesto que viola flagrantemente las libertades democráticas y garantías ciudadanas. Se trata de un decreto inconstitucional que establece el Estado de Sitio y que fue emitido en un momento crucial, cuando aún no se ha iniciado el proceso de revisión de actas y el cómputo general de los resultados y, que, por lo tanto, se convierte en un nuevo y sui generis golpe de Estado como otros que se han venido sucediendo durante los dos últimos gobiernos del Partido Nacional.
Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Honduras obligadas por la Constitución de la República a garantizar la alternabilidad en el poder, guardan un silencio cómplice frente a este mandato y ahora se muestran diligentes para ejecutar un decreto ilegal en contra del pueblo.
Este decreto, que no firmó Juan Orlando Hernández por ser candidato ilegal a la presidencia de la República y que no debió firmar el designado Ricardo Álvarez, por no ser legalmente depositario del poder, ha dado vía libre a los cuerpos represivos del Estado para cometer una serie de actos de violación a los Derechos Humanos como son las amenazas a los manifestantes, las detenciones ilegales, las torturas a los detenidos, los numerosos heridos y hasta asesinatos. El propósito inmediato del mismo es impedir o contener la movilización popular e imponer al señor Juan Orlando Hernández en la presidencia de la República, acción que conducirá a una agudización de la crisis y nos pondrá a las puertas de una catástrofe humanitaria en materia de Derechos Humanos. Es parte también de la estrategia de inteligencia militar que se ha venido implementando, en la que se utilizan sicarios y provocadores infiltrados en las protestas populares para ejecutar acciones que atentan contra la propiedad privada o pública y luego culpar a los manifestantes contra el fraude, el continuismo.
Estamos ante una crisis política que debe solucionarse con absoluta transparencia para establecer la confianza y credibilidad que necesita todo proceso electoral, porque de lo contrario, el conflicto se agravará y crecerá el uso de la fuerza por parte del régimen autoritario para aplastar la resistencia del pueblo. Esta perspectiva, de una salida sangrienta de la crisis nos obliga a hacer un llamado urgente de acción y apoyo a los mecanismos de Protección Internacionales y al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para que realice visitas in situ, acompañe, observe y determine la gravedad de la situación a la que esta expuestos, la ciudadanía, Defensores de Derechos Humanos, dirigentes populares y medios de comunicación comunitarios, y otras como radio Progreso y UNEtv a quienes debe garantizárseles el ejercicio de sus derechos.
Convergencia contra el continuismo
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