Por medio del Decreto Ejecutivo número PCM-084-2017, el gobierno de Honduras restringe, por un plazo de diez (10) días, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, la Garantía estipulada en la Constitución de la República contenida en el Artículo 81 y mandó a prohibir la libre circulación de las personas desde las 6:00 p.m. a 6:00 a.m., en todo o parte del territorio nacional.
Al mismo tiempo, el gobierno informó que será las Fuerzas Armadas que apoyarán conjunta o separadamente cuando la situación así lo requiera, a la Policía Nacional. Estas instancias represoras del Estado serán las encargadas de poner en ejecución los planes necesarios para mantener el orden y la seguridad de la República y garantizar el ejercicio de los derechos democráticos.
El gobierno de Juan Orlando Hernández ordenó detener a toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido, o que de alguna manera sea sospechoso de causar daños a las personas o sus bienes, aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos o estén en peligro su propia vida. Esto incluye a los periodistas y comunicadores que no estén inscritos en el Tribunal Supremo Electoral.
Condena al decreto
Y la reacción no se ha hecho esperar. El director ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares, CPTRT, Dr. Juan Almendarez Bonilla manifiesta que el pueblo está viviendo en un ambiente de estado de excepción.
“El estado de excepción separa la vida de la vida política, en ese caso, al separar la vida queda la pena de muerte. Es una manera disimulada de decir que el “toque de queda” es decir pena de muerte. Lo que le han dedicado al pueblo es pena de muerte”, aseguró Almanedarez.
En el Decreto Ejecutivo número PCM-084-20173, el gobierno de Juan Orlando Hernández ordena proceder al desalojo de toda instalación pública, carreteras, puentes y otras instalaciones públicas y privadas que haya sido tomado por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando actividades prohibidas por la Ley.
El abogado Omar Menjívar, ex fiscal del Ministerio Público, manifestó en Radio Progreso que la decisión del gobierno de la República tiene una naturaleza básicamente represiva.
“No es un mecanismo, como lo señala la teoría del derecho constitucional, que suele ser, en un Estado de Derecho, un mecanismo para hacer prevalecer justamente la Constitución de la República. Aquí el violador de la Constitución de la República es el gobierno que no ha respetado jamás la constitución, que ha hecho con ella lo que le da la gana, está utilizando esta figura excepcional para asegurar su pretensión reeleccionista”, analizó Menjívar.
Según analizó el abogado Omar Menjívar, el propósito de la medida es intimidar y darles carta libre a los órganos represores del Estado para poder controlar a la población usando métodos letales incluso. El analista considera que ya ha habido varios muertos que han sido responsabilidad de la Policía Militar y aseguró que, si las circunstancias prevalecen o se agravan, esas muertes van a quedar en total impunidad.
“Es probable que la declaratoria de quién ganó las elecciones se de en horas de la noche cuando la población está restringida en su libertad de locomoción”, analizó Menjívar.
Recurso de amparo
Varias organizaciones promotoras de los Derechos Humanos en Tegucigalpa se van a presentar ante la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de amparo ante la sala de lo constitucional.
“La Constitución sigue vigente y vamos a presentar un recurso de amparo ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque nosotros, los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, consideramos que la sala debe controlar este acto ilegitimo e ilegal por parte del señor Ricardo Álvarez reunido en Consejo de Ministros”, informó el abogado Eddy Tábora del Comité por la Libre Expresión, C-Libre.
Tábora hizo un llamado para que la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos inicie la respectiva investigación para que presente una acusación contra el señor Ricardo Álvarez y los demás secretarios de Estado que firmaron el decreto
“Presentaremos una denuncia contra el señor Ricardo Álvarez por haber usurpado las funciones de la presidencia de la República establecida en el artículo 245, y él junto al Consejo de Ministros porque ni siquiera el decreto, si lo podemos revisar, está firmado en condición de la Presidencia de la República, está firmado como coordinador de un gabinete. Están usurpando la presidencia de la república, eso es grave para la democracia”, advirtió Tábora.
El Decreto Ejecutivo PCM-084-2017 entra en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial de la República “La Gaceta”, curiosamente ya estaba publicado antes de informarse a la nación.
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