Militares en estado de ebriedad hirieron de bala a 3 habitantes del municipio de Wampusirpe en la Mosquitia. Ocho militares violan a una mujer en Cofradía, Cortés.
Miembros de la Policía Militar torturaron a dos trabajadores de la mina artesanal de la aldea San Juan de Arriba, ubicada en el municipio del Corpus en Choluteca.
El director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, fue golpeado salvajemente por elementos del Ejército asignados a casa presidencial, acción que se suma a la golpiza que recibió un miembro de la comunidad LGTB en San Pedro Sula por parte de militares.
Militares secuestraron a un comerciante de los mercados capitalinos a quien le exigieron una cantidad determinada de dinero para no asesinarlo. El ex Comisionado Adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Nery Velásquez, fue detenido ilegalmente por miembros de la Policía Militar.
Miembros de la Policía Militar atacaron a tiros a una unidad de transporte público en Tegucigalpa que no se detuvo ante un retén, provocando que 4 personas resultaran heridas. Policías Militares agredieron a personal periodístico de Televicentro en las afueras del Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.
Todos estos titulares son solo algunos de los ejemplos que nos alertan una vez más que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la gestión pública y la vida civil, crea más problemas de los que resuelve, tiene un alto costo humano y profundiza los niveles de victimización.
Hoy más que nunca es fundamental exigir la implementación de una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el sentido de “revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.
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