Por Rodrigo Soberanes
A San Pedro Sula volvió deportado Wilmer Javier Cabrera Zamora, de 38 años. Era pobre y vivía en un entorno de pandillas y violencia, por lo que huyó a Estados Unidos y pidió asilo. Pero las autoridades del norte no lo creyeron en riesgo, así que lo devolvieron. Al mes de llegar, fue asesinado.
Los hombres van encadenados de brazos, cintura y piernas y las mujeres solo van custodiadas por guardias. Desde el avión, que comienza a descender para aterrizar, se alcanzan a ver las colonias controladas por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 y cientos de hectáreas oscurecidas por el cultivo de la palma africana. El sueño terminó, los migrantes deportados están llegando a San Pedro Sula, Honduras.
Lo que aquí los espera es la posibilidad de muerte.
Cada vez es más común escuchar historias de mujeres y hombres hondureños que huyeron de su país con rumbo al norte, para salvar su vida, pues la violencia de pandillas los amenazaba.
Sin embargo, es casi seguro que la política migratoria de Estados Unidos, que se ha endurecido a raíz de la crisis de los niños migrantes, los expulse de su país y los regrese a un destino casi cierto: la muerte.
Como les ocurrió a cuatro ciudadanos asesinados en junio de 2014, cuando recién salieron del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de aeropuerto de San Pedro, donde llegan los aviones con las personas deportadas.
Era originarios del departamento de Copán. Las autoridades judiciales atribuyeron el homicidio a un conflicto de narcotráfico, común en San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo desde hace cuatro años por su índice de homicidios que es de 171.20 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 2014, según el Consejo para la Seguridad Pública y Justica Penal.
** Amargo regreso.
El caso de Wilmer
En esta ciudad está la colonia Jerusalén, a donde llegó deportado Wilmer Javier Cabrera Zamora, de 38 años. Era pobre y vivía en un entorno de pandillas y violencia, por lo tanto, huyó a Estados Unidos, pero las autoridades del norte no lo creyeron en riesgo, así que lo devolvieron. Al mes de llegar, fue asesinado.
En el barrio su historia se cuenta como algo normal en lo que no se debería gastar mucha saliva.
Pero quienes aceptan hablar de él, cuentan que en noviembre de 2013 Wilmer caminaba por las calles de la Jerusalén poniendo empeño en simpatizar con la gente.
“Pucha, ahí va un muerto caminando”, susurraban al verlo.
El Centro de Estudios y Análisis de la violencia de San Pedro constató que Wilmer estuvo detenido en Estados Unidos en 2013, pero no tiene más registros de su caso y no sabe si pidió asilo o visa humanitaria.
Sí se sabe, en cambio, que andaba por las calles de tierra de la Jerusalén rapado, con sus tatuajes visibles, tenis, calcetas largas, pantalones cortos holgados y sus grandes camisas.
Cuando se acercaba a algún lugar concurrido, como una pulpería (tienda de productos básicos), las personas se alejaban porque sabían que podían llegar las balas. Se sabe que era raro verlo vivo y normal que lo mataran.
El 9 de diciembre de 2013 lo asesinaron a la luz del día en un cruce de calles con una sola casa en una esquina y predios desocupados en las otras tres, en lo que parece una locación ideal para cometer un crimen que todos pudieran ver.
“Con esa insensibilidad, no importó que fuera una persona”, dijo el guía que vivió en esa colonia.
** Colonia Jerusalén, lugar de muerte.
Huir de la violencia
Son varios los motivos para que una persona deja Honduras y pida protección en Estados Unidos. La venganza es el más común pero hay motivos más increíbles como el simple hecho de ser pariente de alguien a quien quieren agredir.
Human Rights Watch, en su informe “You don’t have rights here”, publicado en 2014, identifica que el “impuesto de guerra” cobrado por las pandillas es una de las principales causas de la huida de personas de Honduras hacia Estados Unidos.
Lo pagan negocios grandes, medianos y hasta las tienditas de las colonias pobres. También los “rapiditos”, que son las combis de transporte público, y los taxis, que acuden a pagarlo a un local a menos de cinco cuadras de la Municipalidad de San Pedro.
“El desplazamiento forzoso es uno de los motivos más grandes por el cual nuestra gente sale del país. A partir del 2013 se fue viendo que no solo lo económico obligaba a la gente a salir, sino el nivel de violencia”, dice la administradora del CAMR, Geraldina Garay.
Personas que viven esas circunstancias y huyen, se enfrentan a su llegada a Estados Unidos, si llegan, a una intensa labor de convencimiento de la Border Patrol para aspirar a una entrevista con un agente de Customs and Border Protection (CBP) y que éste considere que el migrante es presa de “miedo creíble” o “miedo razonable”, según el informe de HRW.
En el “raro” caso de que logren pasar a la segunda etapa, los migrantes deben encontrarse con un oficial de asilo de la Citizenship and Inmigration Services (USCIS) que determina si el migrante puede seguir adelante con su proceso en una corte de inmigración.
De acuerdo con datos de la Border Patrol recabados por HRW, solo el 1.9 por ciento de los hondureños que piden protección logra calificar como “creíble” y el 80 por ciento son deportados en la primera etapa.
“En nuestro país como va aumentando el índice de violencia, eso va causando que Honduras no sea candidato a aplicar solicitudes de refugio porque es tanta la cantidad de persona que pasan estas solicitudes, que es difícil ganar un caso”, opina Geraldina Garay.
Son casos de Expedited Removal o de Reinstentment of Removal en Estados Unidos que pueden ser casos “muertos que caminan” en Honduras.
** Honduras, sin garantías para los deportados.
Otros muertos
Así como Wilmer, fue asesinado el migrante deportado José Alfredo Flores Gutiérrez, que vivió 16 años en Estados Unidos usando el nombre de Jorge Alberto Saravia. Lo decapitaron en San Pedro, lo hallaron en un basurero el 22 de diciembre de 2014.
Así también pasó con el migrante deportado y “supuesto pandillero”, según la Dirección Nacional de Investigación, Eleazar Padilla Reyes, muerto a balazos el 22 de abril de 2015 en la céntrica colonia Barandillas de San Pedro.
Y así pasó con Juan José López, que llegó al CAMR en mayo de 2015 y se comunicó con su familia de Santa Cruz de Yojoa para avisarles que se quedaría en un hotel antes de ir a su encuentro. Fue encontrado muerto en la morgue del pueblo el 4 de ese mes.
No hay dónde esconderse en Honduras y las “faltas” que causan sentencia de muerte no prescriben ni se olvidan.
Expulsar, objetivo del procedimiento
HRW asegura en su estudio que los métodos de investigación de CBP son “anticuados” con entrevistas de 45 minutos y las entrevistas de la Border Patrol son “mucho más cortas”. Son conversaciones “en lugares llenos de gente”, sin confidencialidad y con los agentes portando sus armas a la vista.
Según testimonios recabados por HRW, los oficiales “simplemente están enfocados en expulsarlos de Estados Unidos” y eso “hace que sus miedos no salgan a flote y sean tomados como verdad”.
Los oficiales no conocen la experiencia de Geraldina Garay, que en lo que va de 2015 ha visto pasar 11,328 personas deportadas:
“A uno le da mucho sentimiento porque nos dicen que no pueden llegar a su lugar de origen porque si llegan, a la media hora ya van a estar muertos. A veces los tratamos de apoyar para que puedan salvar su vida. Les pagamos hotel pero no podemos pagarles más de tres noches porque no contamos con el presupuesto y lamentablemente por parte del gobierno no hay lugares de albergue o instituciones que puedan apoyarles a ellos. Hay otros que escuchamos en las noticias que lamentablemente fue asesinado y que apenas tenía dos o tres días de haber llegado de Estados Unidos”.
Pruebas para salvar la vida
Ronnie Joel Celaya vive en Indianápolis, Estados Unidos, y su familia en El Progreso, Honduras.
Aunque la ley natural dictaría el deseo de su mamá por verlo volver a casa, la ley de la pandilla le hace querer lo contrario.
Joel tiene conflicto con una de ellas, por lo tanto, “si regresa, me lo matan”, dice su madre que da por nombre Emma Rodríguez en lugar del verdadero, que lo dejó de usar en 2002 cuando dos miembros de su familia fueron asesinados en San Pedro.
Dice doña Emma que a su hijo lo querían obligar a entrar en una pandilla y él se negó.
Está en Indianápolis, se casó con una mujer de su misma nacionalidad y tuvo una niña. Tiene trabajo y lleva una vida normal. Sin embargo no tiene la nacionalidad americana ni la residencia.
“No está preso pero está bajo proceso y corre riesgo su vida. Vio algo. Sabe algo”, dice la mamá de Joel, de 35 años, que tiene abierta una petición de asilo desde 2010 y enfrenta un juicio de deportación en una corte de Chicago.
Joel quiere demostrar que su riesgo es “creíble” y su familia también. Hace un año le enviaron pruebas de la muerte violenta de una prima suya para que la agregue a su expediente. “No puedo regresar a Honduras”, repite él desde Estados Unidos, “pero ellos quieren más pruebas”, lamenta el migrante.
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Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: “Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí:
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