Por Javier Suazo
Reunión del presidente Hernández con parte de las organizaciones de sociedad civil y empresarios.
Foto: Honduprensa.hn
Uno de los problemas centrales en la lucha contra la corrupción e impunidad ha sido la falta de organizaciones y líderes de sociedad civil, gremios y grupos de interés que enfrenten embestidas de los gobernantes y Fuerzas de Seguridad cuando lo que denuncian les afecta. Estas embestidas incluyen no solo la compra y entrega de prebendas a dirigentes de las organizaciones, sino también la desacreditación pública, cárcel y amenazas a muerte con todo y familiares.
En el caso del Fiscal contra la Corrupción, Jorge Aldana, las amenazas a muerte y la falta de apoyo del gobierno fueron las causas que motivaron tomar la decisión de abandonar el cargo, en un momento cuando las investigaciones lo acercaban a los “peces gordos” involucrados.
Las denuncias de actos de corrupción deben ir acompañadas de la protesta pública que involucra a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas indignados con tanto atraco a los fondos públicos y paseo campante de los responsables (políticos, funcionarios, empresarios, banqueros) en las calles; como de la cuantía de los dineros robados y vidas que pudieron haberse salvado. Las y los indignados lo están no sólo contra la corrupción e impunidad de estos actos, sino también con los esfuerzos fallidos del gobierno y organizaciones de sociedad civil en contra de los corruptos, que incluye también la retórica de fortalecimiento de las instituciones responsables de impartir justicia.
El grupo de jóvenes indignados que lidera la marcha de las antorchas tiene definida una hoja de ruta con objetivos y metas claras, no importando el tiempo que pasarán en las calles exigiendo su cumplimiento. Estos objetivos y metas no son negociables, ya que, a decir de José Martí, constituyen no solo la consigna de lucha sino también su identidad social y política. Qué credibilidad pueden tener los jóvenes en la ciudadanía si abandonan estos objetivos y metas, para sustituirlos por otros. Para el caso, si una de las metas de la Marcha de las Antorchas es la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) en Honduras, porque debe ser sustituida o abandonada por otra que busca fortalecer la Oficina de Derechos Humanos cuando se sabe que no tendrán las mismas funciones, competencias y alcances. Más aún, cuando un Ministerio de Derechos Humanos fue cerrado por el actual gobierno por no cumplir las funciones encomendadas y estar en contra de competencias ejercidas por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía de la República.
La presión del cambio de objetivos y metas viene desde el gobierno, como un estrategia para mediatizar en lo posible las marchas y resultados esperados. El presidente Hernández como nunca antes en el tema de la corrupción, habla de meter preso a todos los corruptos pero todavía la población no está conforme ya que los llamados “peces gordos” andan sueltos, ni han sido devueltos los dineros robados. Igual, es del criterio que hay que fortalecer las instituciones públicas pero no se pronuncia sobre el juicio político exigido por los Indignados para los fiscales ya que la Fiscalía es un bastión para el logro del sueño de ciertos cachurecos, la reelección presidencial. A juicio del Salvador Nasralla, coordinador del PAC, tanto los fiscales actuales y los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema Justicia fueron electos en forma arbitraria con el propósito de perpetuar una fraude electoral a favor del presidente de la República.
En una comparecencia pública, los miembros de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), propusieron la creación de la Acción Anticorrupción de Honduras (AACH), orientada a dar una respuesta rápida (60 días) al problema de la corrupción e impunidad. Las acciones incluyen: a) La creación de un grupo de 15 fiscales internacionales para apoyar la lucha contra la corrupción; b) Conformación de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción en Honduras (CCCCH), integrada por personas notables del país, incluyendo mujeres y jóvenes; c) Reformas a varias leyes del país, incluyendo la Ley Electoral, Tribunal de Cuentos, Poder Judicial y de Compras del Estado. Se argumenta que estas acciones son rápidas y baratas, frente a la propuesta de los Indignados (El Soberano) de traer la CICIH con costos elevados y acciones lentas.
Para los indignados estas propuestas son bienvenidas, y pueden ejecutarse entre la APJ y el gobierno, ya que El Soberano tiene otros objetivos, metas y estrategias para lograrlos. Además, miembros de la APJ son del criterio que los fiscales actuales no deben ser llevados a juicio político ya que están cumplimento bien su trabajo, aun cuando se sabe del congelamiento de los casos de corrupción al estar involucrados “peces gordos”, incluyendo a políticos del gobierno. Pareciera que esta iniciativa de la APJ ha sido compartida con el gobierno buscando un grado de viabilidad política en la coyuntura actual, y con agencias de cooperación afines, por lo que es poco probable que los Indignados se alejan de sus objetivos y metas originales ya que la propuesta si lo hace.
Al igual que la propuesta de la APJ, los partidos políticos de oposición preparan también varias propuestas sobre las soluciones al problema de la corrupción e impunidad, y estar “listos” cuando sean llamados por el presidente Hernández al diálogo político (¿el tema de la relección no es negociable?), pero serán bienvenidas por los jóvenes siempre y cuando no sustituyan los objetivos y metas de pueblo indignado. Hay que tener en cuenta, como lo señaló uno de sus jóvenes dirigentes, “nosotros no escuchamos radio”, todo es bienvenido siempre y cuando no se aparte de la ruta trazada.
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