Este 2015 se registran varias denuncias por actos de corrupción en municipalidades como La Lima, San Pedro Sula y Choloma en el departamento de Colón, Utíla en Islas de la Bahía, Limón en Colón y Tela en Atlántida.
Algunas de las denuncias fueron presentadas por personal municipal, otras por investigaciones de organizaciones de combate a la corrupción como el Consejo Nacional Anticorrupción. Hasta el momento la mayoría sigue en proceso de investigación y análisis de documentación.
En el caso de la Corporación Municipal de Choloma, las investigaciones denotan indicios de responsabilidad penal en la administración de Leopoldo Crivelli, quien ha ocasionado un perjuicio de unos 12.5 millones de Lempiras.
En una auditoría realizada entre el 18 de noviembre de 2005 y el 28 de febrero de 2011 se encontraron distintos elementos que fueron retomados por la Comisión de Delitos donde se supone la responsabilidad de funcionarios en casos de corrupción.
Este caso sigue en investigación en el que hay antejuicios contra el alcalde y que la Corte de Apelaciones aún no se pronuncia.
En la comuna de La Lima, Cortés la denuncia se dio bajo el argumento de suponer a los funcionarios de incapaces de manejar los recursos económicos de la población. En el proceso se hizo la inspección y los fiscales revisaron todas las oficinas del palacio municipal, recopilando documentos e información para corroborar o desmentir las acusaciones.
Además la denuncia amplía la falta de pago al personal, la mora sostenida con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, por lo que los denunciantes piden rendición de cuentas claras y transparentes.
En Utila, Islas de la Bahía también se presumen actos de corrupción en los que se supone habría incurrido el alcalde Troy Bodden González en conjunto con la administración anterior que presidió Alton Cooper. Las autoridades de investigación manifestaron que las acusaciones son por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y fraude.
La denuncia fue interpuesta por cuatro funcionarios municipales el pasado 21 de enero.
En ese enfoque el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó ante la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, una denuncia contra la municipalidad de Tela, Atlántida, donde se supone que durante la administración 2010- 2014, siendo alcalde David Zaccaro hubo actos irregulares.
La acción se refiere a la compra de un terreno por un monto de 18 millones de Lempiras, pero ahora mediante peritaje del CNA ha establecido que el mismo solo tiene un valor de 7.6 millones, detalló Gabriela Castellanos, presidenta del ente fiscalizador.
Adicionalmente, el Consejo Nacional Anticorrupción denuncia la sobrevaloración de los honorarios profesionales y la existencia de un préstamo por 21 millones de Lempiras destinados a la compra de maquinaria en un autolote, cuando ya existe una disposición legal que prohíbe la adquisición de maquinaria usada.
La Ley de Contratación del Estado establece que no se puede comprar maquinaria de segunda mano cuando ya se cuenta con un presupuesto aprobado, aseguró Castellanos. La corporación municipal en el 2012 solicitó a las instituciones bancarias 60 millones de lempiras, aunque no todo fue utilizado para este fin.
Entre la sospecha y la inocencia
Todas las acusaciones son investigadas por el Ministerio Público e instituciones de lucha contra la corrupción; los casos más sonados y que ya registran un castigo penal son los de la ex jefa de Control de Ingresos de la Municipalidad de San Pedro Sula, Ada Muñoz y el ex alcalde Oscar Kilgore. En consonancia con estas penas, las demás comunas siguen a la espera de la parte final de las investigaciones que definirán la culpabilidad o inocencia de los imputados.
En Choloma el alcalde Leopoldo Crivelli uno de los principales acusados de actos de corrupción ha dicho en repetidas ocasiones que no ha incurrido en ningún acto impúdico, por lo tanto sigue abierto a las investigaciones para que se pueda dar con la verdad.
En Radio Progreso, Crivelli ha manifestado que este proceso judicial que lo tiene a las puertas de un juicio es parte de una persecución política en su contra. Por otra parte el Ministerio Público afirmó a través de su vocero Elvis Guzmán que el caso sigue en análisis de documentos y que la Corte de Apelaciones debe pronunciarse en el tiempo que considere prudente en torno a la petición de juicio contra el funcionario.
Lo mismo ocurre con el expediente de La Lima, donde desde hace meses la ciudadanía y la parte acusadora están a la espera de castigo o absoluciones a los imputados, pero más allá de eso esperan que el problema interno de la comuna sea resuelto a la mayor brevedad.
En Utila y Tela la espera ha sido más corta, pero es porque son las más recientes en iniciar los procesos. Las investigaciones siguen estancadas y evidencian la falta de contundencia y agilidad de los entes investigativos del país para condenar y castigar a los corruptos.
El ex alcalde de Tela, David Zaccaro dijo que él y sus compañeros funcionarios son inocentes ante las acusaciones que se les imputan, por lo tanto pide un proceso de investigación coherente y justo y que no se le difame en los medios de comunicación.
Mientras los acusados se defienden, la parte acusadora y los organismos de investigación avanzan a paso lento con las pruebas que definirían si se castiga a los acusados de corrupción dentro de las instancias estatales.
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