Por Marvin Palacios
Recientemente tres centros educativos de la jornada nocturna se vieron obligados a cerrar debido a las constantes amenazas de miembros de maras y pandillas, denunció el Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes de Casa Alianza-Honduras en su informe del mes de septiembre de 2015.
“Estos grupos presionan a las estudiantes y a los estudiantes para que distribuyan drogas, brinden información, cobren las extorsiones o para que pasen a formar parte de su estructura criminal”, subrayó el informe.
Al tiempo que señaló que si los niños, niñas y jóvenes se niegan, son amenazados e incluso asesinados, situación que repercute en sus familias, según los docentes de los colegios afectados.
Los colegios de la jornada nocturna que tuvieron que cancelar la matrícula debido a la violencia en la zona en donde funcionaban, son Francia, San Martín y la Divanna, todos de Comayagüela. Estos centros educativos se suman a la larga lista de los que han tenido que cerrar a nivel nacional por estas mismas razones.
La jefa de Recursos y talento humano de la Secretaría de Educación, Inés García dijo que “los docentes serán reubicados en la jornada matutina o vespertina en los mismos centros para que no pierdan la oportunidad de laborar y los 100 estudiantes se trasladarán a otras instituciones”.
El informe registra casos como el de “José” de 14 años, cuyo colegio había sido sitiado por pandilleros para obligarlo a ingresar a estos grupos delictivos, su situación se agravó cuando otra pandilla lo asediaba en su casa para reclutarlo o asesinarlo junto a su familia si aceptaba unirse al otro grupo criminal.
Ante las amenazas, el personal docente contactó a defensores de derechos humanos quienes con el apoyo de agentes de la Policía Nacional y Militar, lograron rescatar al estudiante, sacándolo, junto a sus familiares, fuera del país.
El informe detalla que en esa ocasión, se logró salvar la vida de “José” y su familia. Sin embargo, no todos los casos son resueltos de forma satisfactoria. Un estudiante de 17 años, quien habitaba en la colonia Villa Los Laureles de Comayagüela, fue asesinado a pedradas por supuestos integrantes de las pandillas que operan en la zona.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ha registrado que desde el 2010 al 2014 han sido asesinados 972 estudiantes.
En este contexto, la mayoría de los asesinatos se asocia a la actividad de maras y pandillas que operan en los territorios en donde se encuentran los colegios y escuelas.
Ministro de Educación aplica trato desigual a colegios públicos en relación a los privados
Lo más grave de esta situación es que la mayoría de estos hechos quedan en la impunidad y nunca son investigados por los operadores de justicia del país, por lo que no se conoce a ciencia cierta la causa precisa de las muertes.
Casa Alianza denunció cuando los hechos de violencia ocurren en los centros educativos privados -principalmente escuelas y colegios- y los protagonistas pertenecen a estratos sociales medio y alto, los medios de comunicación guardan silencio, ya sea para proteger a la institución como empresa privada o para no divulgar el nombre de los involucrados.
Esta situación se evidenció en el caso de un niño de 14 años, quien fue brutalmente golpeado por seis de sus compañeros, todos estudiantes de un centro educativo bilingüe de Tegucigalpa.
El niño fue golpeado con un palo de golf, perdió el conocimiento y fue abandonado a su suerte en una de las calles de la residencial Villa Elena (lugar donde se produjo el ataque violento).
Los agresores regresaron a la casa de donde había sido sacado el menor con engaños como si nada había pasado, para continuar con la fiesta de celebración del cumpleaños de una de sus compañeras.
Un pariente del menor agredido dijo que gracias a la intervención de una vecina de la colonia, se pudo trasladar a la víctima al Hospital Escuela Universitario (HEU). Una vez en el hospital, los médicos le recomendaron a los parientes del niño que por su estado de gravedad fuera trasladado a un centro hospitalario privado.
Los padres del menor agredido no hicieron en su momento la denuncia ante el Ministerio Público (MP) porque tanto los papás de la niña a quien le celebraban el cumpleaños y demás compañeros, les afirmaron que había sido un accidente y que algún carro lo había golpeado.
No obstante, cuando el menor despertó del coma -15 días después- recordó que sus compañeros lo habían acosado y que lo habían golpeado con un palo de golf. Este homicidio en su grado de ejecución de tentativa, como está tipificado, ocurrió el 12 de septiembre y fue hasta el 24 de septiembre que el niño pudo relatar a sus parientes lo sucedido.
La denuncia sobre este intento de homicidio se encuentra en la Fiscalía de la Niñez, que comenzó a realizar la investigación para presentar los requerimientos fiscales contra los agresores y los padres de la cumpleañera que serán acusados por encubrimiento y complicidad.
Al respecto el ministro de Educación , Marlon Escoto señaló que lo ocurrido es violencia infantil y que como ente rector de la educación en el país, darán el acompañamiento a la familia del menor agredido y a los jóvenes que lo atacaron, porque lo que se busca es que todos sean reinsertados nuevamente al centro educativo.
Casa Alianza citó en su informe que en relación a los casos de violencia que se suscitan en los centros de enseñanza públicos y privados, el tratamiento es desigual.
Para el caso el informe sostuvo que “las declaraciones del ministro resultan totalmente opuestas cuando suceden hechos similares en los centros públicos de enseñanza, tal es el caso del asesinato de la niña que estudiaba en el Instituto Central Vicente Cáceres, Soad Nicole Ham.
La menor Soad Nicole Ham Bustillo, de 13 años, estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres, apareció asesinada el 25 de marzo de este año, en la calle que conduce a la terminal de buses de Tiloarque, a inmediaciones del centro educativo.
El cuerpo sin vida estaba metido en un saco de nailon color blanco, con signos de estrangulamiento. Horas antes de su muerte Soad Nicolle había participado en protestas estudiantiles para demandar del estado, mejores condiciones físicas y pedagógicas para su centro educativo.
En su momento, el ministro Escoto afirmó que: “La familia de la niña del Central (Soad Nicole Ham Bustillo, de 13 años) la había retirado el año pasado por problemas de conducta y bajo rendimiento. Este año se volvió a matricular y el registro de asistencia demuestra que solo asistía a una o dos clases y luego ya no estaba en el colegio”.
En declaraciones a medios de comunicación relacionadas a las protestas de los movimientos estudiantiles, Escoto dijo que: “Líderes mareros dirigían las protestas estudiantiles”.
En este contexto, el ministro Escoto no se refirió a la reinserción de los estudiantes involucrados en las protestas, mucho menos exigió que se realizara una investigación para esclarecer los móviles de las muertes de los estudiantes, los cuales, pasados ya siete meses, continúan en la impunidad.
Asimismo, cuando se dan acciones de protesta en los centros educativos públicos el Ministro ejerce su autoridad sin contemplaciones y hasta ha mandado a prisión a los niños estudiantes, tal es el caso de Oscar David Montesinos, quien enfrenta un proceso judicial y estuvo preso por más 24 horas.
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