Cinco años han pasado desde que asesinaron a Elsa Mariana Cantarero, una mujer originaria de la zona de Intibucá. Todo este tiempo su caso se suma a la interminable lista de muertes de mujeres que siguen sin ser investigados. A ella le arrebataron la vida dentro de su propia casa de habitación, junto a su pequeño de apenas 11 años de edad.
En estos cinco años su familia no ha descansado en la exigencia para que se investigue y castigue a los criminales. Pero como sucede con miles de casos, la justicia hondureña se muestra soberbia y sorda ante los clamores de los más pobres. Desde el dolor de la ausencia sus familiares han manifestado que no descansarán hasta encontrar justicia en esta muerte que desnuda la desprotección e indefensión en la que viven las mujeres.
La dura realidad se refleja en las diversas investigaciones realizadas por las organizaciones de mujeres, donde se da cuenta del aumento en los casos de muertes violentas. En menos de dos años pasamos de un asesinato cada 24 horas, a un asesinato cada 13 horas. A las muertes se añade el ensañamiento ejercido contra las víctimas, que van desde violación sexual, tortura y, en algunos casos, mutilaciones.
En tales asesinatos, la investigación es el “talón de Aquiles”, ya que hay ausencia de personal capacitado y humanizado, toda muerte cae en el mismo saco de violencia, sin hacer diferencia entre estos crímenes. Al no haber investigación, no hay acceso real a la justicia.
Para hacerle frente al grave problema de violencia contra las mujeres es necesario una serie de acciones que van desde consultar a las mismas mujeres qué tipo de seguridad quieren. Si se sienten seguras con calles repletas de policías y militares. Además de la impostergable tarea de avanzar en políticas efectivas para el control de tenencia y uso de armas de fuego, una ley que sigue engavetada en el Congreso Nacional.
Sin descuidar la presión social para exigir la despolitización del Poder Judicial, haciendo que la figura de femicidio incluida en el Código Procesal Penal ataque y prevenga cualquier ataque que se cometa contra una mujer. A nivel local se requiere la instalación de centros de refugio en los diferentes municipios y la creación de políticas públicas que respondan a salvaguardar la vida de las mujeres.
Las mujeres y la ciudadanía en general siguen exigiendo acabar con los hilos de la impunidad que están asesinando y desprotegiendo a las mayorías. Pero sin duda todo recae en la lucha por la recuperación de la institucionalidad, una tarea que pareciera imposible. Únicamente si tenemos oficinas públicas libres de politización y corrupción podremos tener la convicción de que se dará respuestas a las precariedades e inseguridades de nuestras mujeres.
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