OFRANEH
Rebelión
La ciudad más violenta del mundo, San Pedro Sula, sirvió el pasado cinco de octubre como escenario de la reunión convocada por la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC), a la cual asistieron delegados de 44 países.
La vigesimoquinta reunión de jefes de los organismos nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas, aparentemente tuvo como objetivo lavarle la imagen a Honduras y a la actual administración gubernamental, ante la reputación alcanzada por el país como uno de los más violentos del planeta además de paraíso para las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.
A más de un siglo de la emisión del Acta Harrison y pasados los 50 años de haber decretado el expresidente de Estados Unidos Richard Nixon la fracasada guerra contra las drogas, Naciones Unidas y buena parte de mayoría de los gobiernos del planeta persisten en enfocar la problemática de las drogas con una visión policiaca más que buscar respuestas a un problema de salud social.
El representante de la UNODC, el Sr. Amado Phillipe de Andrés, en una inusitada campaña publicitaria a favor del régimen de Juan Hernandez, adujo que “este es un momento para invertir. Esta es una nueva formulación de Estado de Derecho”. Las declaraciones contrastan con la realidad que se vive en Honduras, donde a pesar del maquillaje a los indicadores de violencia, es innegable que el desangre continua en el país, asociado con una destrucción premeditada del estado de derecho.
Honduras se convirtió después del golpe de estado del año 2009, en el país receptor de los embarques de droga desde Colombia hacia los estados Unidos. En la costa norte de Honduras se ratificó el mandato del crimen organizado, los que no solamente se limitaron a utilizar el territorio sino que se apoderaron de enormes franjas de tierras, legalizándolas a favor de sus empresas o testaferros.
La hecatombe creada por el flujo de capitales rebalsó al crimen organizado el que se asoció con “legítimos” empresarios y banqueros, hasta el punto que la ex embajadora Lisa Kubiske en un discurso emitido en septiembre de 2013 señaló que “Sabemos, todos nosotros sabemos que los criminales están lavando dinero en Honduras”. Aparentemente la cifra de lavado de activos relacionado con el narcotráfico superó los tres mil millones de dólares.
Los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), emitidos el pasado 6 de octubre tras el arresto de Yankel Rosenthal, el que fungió como Ministro de Inversión del actual gobierno, resaltó el desastre por el cual atraviesa Honduras. Corrupción, narcotráfico y lavado de activos, son tres amenazas para el pueblo hondureño, que se han consolidado en los últimos años, a pesar de la campaña publicitaria del gobierno de Juan Hernandez y el apoyó que le han brindado tanto por la OEA como la ONU.
A pesar que el Sr. Amado Phillipe de Andrés declaró que “a Honduras la conozco un poquito” no vaciló en recomendar el país a los posibles inversionistas, sin tomar en cuenta el debilitamiento del estado de derecho y la ausencia de independencia de poderes, como resultado del golpe al poder Judicial (12-12-12) en la crisis surgida alrededor de las “ciudades modelo”, receta de los libertarios de ultraderecha estadounidense para finiquitar el estado-nación y crear supuestos emporios de ciudades-nación circundados por un mar de pobreza.
La guerra contra las drogas se ha convertido en un pingüe negocio, además de una estrategia para justificar múltiples violaciones a los derechos humanos, así como una justificación para el desplazamiento de poblaciones enteras con el pretexto de liquidar un negocio que cada día es más prospero.
La actitud asumida por el representante de la ONU, parece ser que se asemeja a la de los funcionarios de la OEA, los que vienen salvaguardando la dictadura civil en Honduras. Los intereses políticos para preservar el status quo por parte de los organismos internacionales son obvios, sin tener en cuenta que la premeditada destrucción del estado de derecho conllevará a desplazamientos poblacionales masivos y a explosiones sociales sin precedentes.
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