Acudimos como lo hemos hecho el primer viernes de cada mes durante 32 años, al décimo plantón del año en la Plaza de los Desaparecidos. Y traemos un mensaje de condena y reclamo ante los organismos de seguridad del Estado que han sido incapaces de reconocer el derecho que tienen las personas a su integridad física y emocional, es decir a su condición humana.
Los recientes desalojos protagonizados por agentes policiales en el barrio San Francisco de Palomares de Choluteca, que dejaron con heridas y lesiones graves a niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres y ancianas producto de la brutalidad con que actuaron los “supuestos agentes del orden”, confirman están realidad.
La saña y la violencia contra comunidades indefensas se volvieron a presentar el 23 de septiembre en la colonia Regalo de Dios, municipio de Villanueva, Cortés, cuando otro desalojo brutal terminó con la vida del menor Fernando José Castro Ramírez, caído mortalmente por un proyectil disparado por un militar.
Tampoco podemos dejar de denunciar el desalojo violento ejecutado el 16 de julio en la comunidad Planes de Santa María en el departamento de la Paz, contra familias campesinas lencas de la Empresa Asociativa Juan Almendáres Bonilla. El desalojo ejecutado por policías y militares derivó en lesiones leves y graves y la criminalización y encierro para 16 personas entre ellas, niños, mujeres de la tercera edad, hombres y mujeres, cuyo único delito es demandar un pedazo de tierra para subsistir.
Nos convoca este plantón para expresar que las 152 recomendaciones del Examen Periódico Universal plateadas en mayo pasado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al estado de Honduras, son un reflejo de que el pueblo permanece en un estado de indefensión, que vive en constante terror, que la desigualdad y las violaciones a los derechos humanos son progresivas y que el sistema judicial colapsó y no funciona.
Por otra parte el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) espera que el próximo informe que presente el estado ante el Comité de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, no solo sea para cumplir con un requisito, sino que contemple la reapertura en las investigaciones de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos derivadas en desapariciones forzadas, ejecutadas por agentes del Estado en la década de los años ochenta y principios de los noventa.
Durante 32 años el COFADEH no ha bajado la guardia y ha señalado que en el tema de las desapariciones forzadas, el Estado mantiene una deuda permanente. Muchas madres de los desaparecidos y desaparecidas del pasado, se han ido, sus hijos, hijas, nietos y nietas continúan demandando la verdad y la justicia.
De los hechos y de los hechores
Ni Olvido Ni Perdón
COFADEH
Tegucigalpa MDC 2 de octubre de 2015
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