La policía Blendy Georgina Orellana, acusada junto a dos policías más de asesinar a tres jóvenes en la aldea Agua Blanca, sector sur de El Progreso, Yoro; no se presentó al juicio que fue programado para el jueves 1 de octubre después de dos años de espera en el Poder Judicial. El Tribunal de Sentencia compuesto por tres jueces, resolvió declararla en rebeldía para que se gire la orden de captura correspondiente en medio de un proceso que ha estado plagado de deficiencias.
El juicio que se programó para el 1 y 2 de octubre fue suspendido la tarde del 1 de octubre para reanudarse el 26 por la ausencia de testigos que la Fiscalía no pudo localizar para que rindieran su declaración en la evacuación de pruebas contra los dos policías que se presentaron al proceso judicial por el que el padre de una de las víctimas, Merlyn Bonilla, ha luchado los últimos 4 años.
Sin embargo hoy la Fiscalía descubrió que el expediente del testigo que identifican como 0028-11 uno que el Tribunal de Sentencia no dejó testificar ayer, fue retenido y por eso no se encontraba dentro de los sobres que los jueces revisaron antes de no admitirlo. Esto refleja una seria deficiencia en el manejo que el Tribunal de Sentencia tiene de la información de los casos que conoce.
Los agentes policiales Mario Corea Hernández y Santos Fidencio Pérez Corea se sentaron en el banquillo de los acusados ante un Tribunal de tres jueces, presidido por una jueza joven y nueva en el sistema de justicia. A su lado, el abogado defensor, Marlon Rodríguez y frente a ellos la fiscalía representada por el fiscal Reinaldo Canales y el acusador privado Víctor Fernández quienes llevaron las pruebas recolectadas que implican a los policías en el triple crimen donde murieron los jóvenes: Narcy Bonilla, Neptaly Galeano y Guillermo Anariba.
La decisión de declarar en rebeldía a la policía Blendy Orellana, a criterio de Merlyn Bonilla, padre de una de las víctimas tuvo que tomarse con mucha anticipación. “Hay una desviación jurídica porque el juicio se está terminando con los dos policías presentes no así con la policía mujer que yo ya había manifestado que ella había dejado de venir a firmar el libro de las medidas sustitutivas, al dejar de firmar cayó en rebeldía pero hasta ahora lo declaró el Tribunal. Lo que procede es librar las órdenes de captura pertinentes”, declaró Bonilla quien además es abogado, recientemente graduado de la universidad a la que ingresó a estudiar tras la tragedia que vivió su familia perdiendo a su hijo mayor Narcy Bonilla.
Irregularidades del sistema
“El proceso evidenció deficiencias propias del sistema que tienen varias causas, una es que el transcurso del tiempo es pérdida de la inmediatez y de pruebas. Hay una dificultad manifiesta para ubicar testigos, la dificultad de traslado de información que ha venido del Juzgado de Letras al Tribunal de Sentencia, sin embargo, el caso se va sosteniendo en la línea que lo ha hecho con un conjunto de pruebas que juntas evidencian la acusación, pero aún no hay un arma que haya disparado una munición que este en el cuerpo de las víctimas”, explicó el abogado Víctor Fernández, acusador privado.
El asesinato se dio el 1 de febrero de 2011. Merlyn Bonilla padre de Narcy una de las víctimas acudió a la Fiscalía de Derechos Humanos en San Pedro Sula porque a quienes él ha acusado son autoridades policiales de El Progreso, Yoro. Tuvo temor, dijo ante el tribunal, de denunciar inmediatamente y ante las autoridades locales.
“Hasta que se obtuvieron elementos de prueba, se presentó el requerimiento fiscal, giró la orden de captura. Primero les dieron el sobreseimiento provisional, apelamos y duró en la Corte de Apelaciones 2 años para que dieran su resolución y hasta entonces revocaran el sobreseimiento provisional y se siguiera el juicio y les ratificaran las medidas sustitutivas. Aportamos con un acusador privado porque el juicio iba demasiado lento y así logramos que se elevara a juicio oral y público”, dijo Bonilla. El tribunal de Sentencia resolvió que el juicio oral y público se diera en 2015, un año después de la resolución. La Fiscalía pide para los tres policías una pena de 15 a 20 años por homicidio simple basada en pruebas testificales y científicas sobre la balística.
“Estamos terminando este juicio en relación a dos acusados pero cuando la capturen a ella hay que volver a repetir este juicio en relación a ella con los mismos testigos y eso conlleva desgaste sustancial al proceso. Pero se tomó la medida que corresponde, procesalmente no hay opción”, explicó Fernández.
Caso emblemático
El doctor en derecho internacional, Joaquín Mejía del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), asegura que este es un caso emblemático de lucha contra la impunidad.
“La impunidad es como un cáncer en una sociedad y esta impunidad está hermanada con la corrupción, ambas se necesitan la una a la otra para poder sobrevivir, la impunidad lo que hace es garantizar que una parte de la ciudadanía no sea tocada por la ley”, explica el experto haciendo alusión al caso de los tres jóvenes de Agua Blanca, por haber sido víctimas de representantes del Estado que deben garantizar seguridad y que cobijados por la corrupción e impunidad cometen delitos como este.
Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, entre 2011 y 2012 fueron asesinadas por policías 149 personas. Ese mismo 2011 el hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos junto a un amigo fue asesinado por policías de la Posta de La Granja en Tegucigalpa. Ambos policías acusados fueron encontrados culpables.
“Nos referimos a casos que tienen gran impacto en la sociedad y cuya resolución podría tener impacto en relación a la impunidad que impera en el país. Hay una grave situación en Honduras y no tenemos la capacidad de asumir todos los casos. Esa pequeña muestra de casos emblemáticos esperamos que promuevan cambios estructurales para que se haga justicia en otros casos y no se vuelvan a repetir los hechos”, explicó Mejía.
“El sistema nos victimiza, aparte que buscamos a las autoridades para que hagan las investigaciones, nos hemos dado cuenta que no existe la investigación y que todo el esfuerzo lo hacen los interesados en que se resuelva”, critica Merlyn Bonilla al sistema de justicia.
Algo que las élites de poder en Honduras siempre pretenden controlar son las instituciones del sector justicia, porque la impunidad cobija todos los actos de corrupción y logra el fortalecimiento de estas mafias. Por eso es manipulado el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado de Derechos Humanos o los fiscales general y adjunto.
“Hemos visto recientemente que el gobierno de la república y el sector que representa se han encargado de cooptar las instituciones de este sector, como se eligió el CONADEH y su silencio atroz. Hemos visto como se eligieron a los fiscales general y adjunto que están vinculados a actos de corrupción. Hemos visto como se eligió al Consejo de la Judicatura y como se está manejando el tema de la CSJ porque es fundamental, porque esta Corte conocerá tres gobiernos (2 años del actual gobierno, 4 del siguiente, y uno del siguiente) para los corruptos es importante controlar la elección de la Corte porque así tendrán 7 años más de impunidad.
Miedo
Una de las palabras más repetidas en el juicio fue: miedo. Algo normal en un país violento como Honduras y en un juicio donde los acusados son miembros de la institución que debe brindar seguridad al pueblo.
Aunque el juicio era oral y público, la presidenta del Tribunal ordenó a las personas presentes apagar sus celulares y por ningún motivo tomar fotografías. La justificación fue que la situación del país los ha obligado a tomar estas medidas de seguridad. En 2013, la jueza Mireya Mendoza fue asesinada en El Progreso, Yoro, saliendo de un juicio que presidía.
“Más allá del proceso, este caso es emblemático en la zona, la vinculación de la Policía en el mismo, la dinámica del hecho tiende a afirmar más allá de lo normal del miedo, tiene características para generar miedo. En este caso hay que resaltar que aun habiendo declarado anteriormente, aun con el riesgo, hubo personas que aceptaron venir a declarar dispuestas a afrontar el riesgo para lograr justicia en este caso”, explicó el abogado Víctor Fernández.
Miedo había en uno de los policías acusados, quien con los labios pálidos y manipulándose los dedos escuchaba atentamente a la testigo identificada como A2 quien claramente y sin tapujos dijo “esos dos que estaban allí sentados fue a quienes vi en la posa Dos Encuentros”.
Miedo también hubo en personas del público quienes sentían que el abogado defensor pretendía desnudar la identidad de la testigo protegida preguntando el lugar donde vivía e insistiendo en detalles sobre la locación de su vivienda con respecto a la posta policial comunitaria.
Pero a pesar del miedo, organizaciones comunitarias como la Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (Aidevish) acompañaron a Merlyn Bonilla en este proceso y eso fue muy importante para él y su familia. Bonilla ha sido un líder comunitario y aunque el asesinato de su hijo marcó fuertemente su vida, él no ha dejado de luchar por la justicia. El 26 de octubre se reanudará el juicio que ahora es solo contra los dos policías hombres acusados. Ese día se deberán presentar los testigos periciales (peritos del MP, Medicina Forense y policías que estuvieron en la escena del crimen) así como la presentación de pruebas documentales. Al ser capturada la policía Blendy Orellana, comenzará un nuevo proceso de juicio que repetirá la evacuación de pruebas por parte de la Fiscalía.
Los testigos presenciales llegaron a testificar, y Merlyn Bonilla, aun con el dolor se vio siempre muy determinado y seguro de que pronto le llegará la justicia.
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