Por Sandra Rodríguez
El acompañamiento se da a defensores y defensoras de derechos humanos que desarrollan su labor en medio de un ambiente de violencia hacia ellos.
El proyecto dio acompañamiento legal a líderes estudiantiles de educación media, de educación superior, ambientalistas, mujeres, indígenas que enfrentan procesos de criminalización.
Así mismo a diferentes movilizaciones y manifestaciones populares, en el papel de observadores acompañantes de Derechos Humanos.
Apoyó a numerosos defensores y defensoras bajo riesgo inminente con acciones específicas de acompañamiento y protección y se elaboraron planes de seguridad para la prevención de riesgos y amenazas.
Aci-Participa ejecutó jornadas de formación en materia de análisis de riesgo y formulación de planes de seguridad y desarrolló talleres de seguridad informática, con la finalidad de mejorar las condiciones en las que las personas ejercen su derecho a defender derechos, explicó Adalid Vega, durante la explosión del contexto del proyecto.
Con este tipo de proyectos, la organización pudo atender la necesidad de acompañamiento legal para personas que en virtud de las acciones realizadas en uso de su derecho a defender derechos, han sido víctimas de hostigamiento y persecución judicial.
Y entre estos caso figuran la criminalización de Gladys Lanza, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, agresiones físicas contra Elton Banegas, investigador de la Fiscalía especial de Derechos Humanos de La Ceiba, el allanamiento, robo, amenazas y agresiones contra la familia Córdova, ambientalistas Tolupanes.
Y también la defensa de Héctor Martínez Motiño, presidente del Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, SITRAUNAH- CURLP, (Choluteca) por el hostigamiento laboral.
Los alcances de este proyecto, llegó a dar acompañamiento legal en 8 procesos, 2 traslados internacionales de defensores en riesgo, 26 medidas de seguridad (Movilización interna y comunicación segura, traslados nacionales, etc, 9 defensas de líderes ambientalistas de la comunidad de Azacualpa, municipio de la Unión, Copán y criminalizados por ejercer su derecho a un ambiente sano y a sus derechos territoriales.
Expulsión de líderes estudiantiles de la Escuela Normal Mixta “Pedro Nufio”, como represalia por hacer uso de su derecho al reclamo y a la manifestación pacífica. - Criminalización de estudiantes del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico de la Universidad Autónoma de Honduras. - Criminalización contra otro grupo de estudiantes del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico de la Universidad Autónoma de Honduras.
Se explicó que se presentaron dos casos graves de amenazas a muerte y ataques inminentes, por lo que ACI PARTICIPA se vio en la necesidad de buscar refugio internacional para las cuatro personas en peligro.
Y se registró 35 casos de acompañamiento a defensores en riesgo y/o amenazas, en los cuales se apoyó para crear condiciones para movilización y comunicaciones seguras a nivel nacional.
La criminalización a los y las defensoras abarca a defensores de pueblos indígenas inmersos en un contexto de violencia que violenta sus derechos territoriales, ambientales y culturales consecuencia la imposición de proyectos mineros e hidroeléctricos, en franca violación de los contenidos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Jorge Hernández, encargado del proyecto manifestó que con los resultados de este trabajo “Confirmamos la necesidad imperante de que existan iniciativas como éstas para poder responder de forma rápida y eficaz a personas en riesgo o bajo ataques, sin duda alguna la existencia de este tipo de apoyos fortalece el trabajo de los defensores y defensoras y asegura (en gran manera) la protección a su integridad personal y a su vida.
El principal problema que enfrentan los defensores y defensoras es la criminalización y muestra de ellos es el acompañamiento necesario para indígenas, campesinos, ambientalistas, estudiantes y sindicalistas que son llevados constantemente a Tribunales de Justicia como un mecanismo que busca cooptar, intimidar y detener el trabajo que ejecutan en defensa de sus derechos y los de la población en general, por eso es necesario que organizaciones como las nuestras, tengan los recursos y las capacidades para acompañarlos legalmente.
Pese a que hay otras organizaciones que dan acompañamiento y apoyo a los y las defensoras de DDHH, como lo hace el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, el Programa de Acompañamiento Honduras, PROAH, de Friendship of América, entre otras, aun no es suficiente para la cantidad de violaciones a los DDHH que se denuncian, manifestó Hernández.
Como organizaciones que dedicamos nuestros esfuerzos a la protección de defensores y defensoras, debemos hacer mayor incidencia en las personas y/o organizaciones para que el tema de seguridad sea incluido en sus agendas. En este contexto de violencia generalizada, urge la creación y consolidación de colectivos de defensores y defensoras en redes de autoprotección y acompañamiento, manifiesta el informe, que puede leer completo en el siguiente enlace.
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