miércoles, 14 de octubre de 2015

El gobierno hondureño avanza en la entrega del territorio para la explotación minera



Los proyectos entreguistas del territorio y de explotación minera en el país, impulsados por el gobierno de Juan Orlando Hernández, continúan avanzado. En noviembre próximo, las empresas mineras desarrollarán una nueva asamblea en Miami, Estados Unidos, donde ratificaran  “un pacto por el ambiente”, pero además se aprovechará  el evento para continuar  exponiendo los minerales hondureños a las grandes empresas transnacionales que se dedican a la extracción del oro.

“Esto es prácticamente peligroso y en el caso del pacto por el ambiente es una burla más, es como decir que un  mutilador va a salir a  ofrecer  prótesis  a las personas que ha mutilado; en ese sentido  no podemos hablar de un pacto por el ambiente cuando  sabemos que la explotación minera genera severos daños al ambiente y por ende a la salud de las personas”, manifestó el investigador y ambientalista, Pedro Landa.

Aseguró que con el pacto lo que se hará es cumplir con los requisitos que demandan el mercado internacional: “es como un sello de garantía para instalar las grandes empresas mineras en países como el nuestro, el pacto es para aparentar”.  

De acuerdo a Landa, la asamblea los empresarios mineros y el sector gubernamental  además servirá para establecer “una industria extractiva con amplios poderes, dejando de un lado la participación de las comunidades”.


En contexto

El Consejo de la Minería e Industria Extractiva de Comercio e Inversiones (COMICOIN) desarrolló  el 12 y 13 de agosto el primer cónclave mundial de la minería  en San Pedro Sula,  en el que estuvieron  presentes representantes de transnacionales del  rubro de 25 países, con el objetivo de potenciar la oferta minera de Honduras. En dicho cónclave  se acordó desarrollar el pacto ambiental.

Reinaldo Ekonomo, presidente de COMICOIN, explicó que el objetivo  es buscar el desarrollo del sector de la minería del país, pero cumpliendo con los estándares de calidad y que ayude a minimizar el impacto ambiental o que promueva la seguridad para los trabajadores.


Indicó que Comicoin, es una institución formada por un grupo de empresarios mineros, la cual busca abrir puertas a niveles internacionales para la adquisión de conocimientos y recursos necesarios para el desarrollo del rubro, dando apoyo a las personas que deseen incursionar en el negocio.

Agregó que cuentan con alianzas estratégicas con instituciones como el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA).

Señaló que en la actualidad, Honduras posee 950 sitios de investigación, para determinar la factibilidad de abrir nuevos yacimientos; además de 7 minas metálicas y unas 300 no metálicas, que ya se explotan.

Estragos de la minería

“Son 14 años de lucha y de exigir justicia ante la indiferencia del Estado. La transnacional minera Goldcorp Inc. debe responsabilizarse por los daños que nos ha causado, por haber quebrantado el tejido social de nuestras comunidades, por haber robado la paz y la dignidad de nuestro pueblo, por el estado de desolación y abandono en que vivimos”, indicó Carlos Amador, miembro del Comité Ambiental del Valle de Siria.

Su voz se suma a las de miles de pobladores que todavía se atreven a vivir en este rincón desahuciado del departamento Francisco Morazán, y que se niegan a olvidar la tragedia humana y ambiental que les ha tocado vivir.

El Valle de Siria está conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros. El proceso de exploración minera inició a mediados de la década de los 80, pero fue hasta 1995 que la empresa Sociedad Minerales Entre Mares Honduras S.A., subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp Inc., solicitó un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto -a base de cianuro- de la mina San Martín.

El permiso fue otorgado en enero del 2000 sobre un área de 23 mil hectáreas, y el proceso de explotación duró hasta el año 2008, cuando la empresa comenzó la etapa de cierre y post-cierre, en medio de un verdadero éxodo juvenil y una creciente protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones socios-ambientales.

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