Un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras se declaró culpable de los delitos de lesiones leves y graves proferidas contra dos jóvenes que pescaban en el Lago de Yojoa el 6 de abril de 2013.
José Arnaldo Amaya, que era alférez de la Fuerza Naval cuando sucedieron los hechos y que ahora es miembro de la Policía Militar y de Orden Público (PMOP), se declaró culpable ante los jueces de la Sala cinco de Juicios Orales y Públicos de Los Tribunales de San Pedro Sula, región norte del país, de los cargos imputados por la Fiscalía constitutivos de lesiones graves contra Wilmer Sabillón y lesiones leves contra Julio César Pineda.
El Fiscal del Ministerio Público, Alejandro Canales, les comunicó a los jueces de la Sala cinco que el acusado había solicitado un acuerdo de estricta conformidad y que el mismo había sido aceptado por una de las víctimas que estuvo presente en el juicio oral y público el pasado 28 de septiembre, por la abogada acusadora privada (en representación del Cofadeh) y por el Ministerio Público.
En la lectura del acuerdo, el fiscal señaló que el acusado aceptaba una pena de tres años y medio por el delito de lesiones graves contra Wilmer Sabillón y pedía que se le despenalizara del delito de lesiones leves contra Julio César Pineda, quien no estuvo presente en el juicio por encontrase fuera del país.
Esta última petición no fue aceptada por los jueces de la Sala cinco, conformada por Rosario López, Edin Geovana de la O Ramos y Wendy Valenzuela, quienes le expresaron a la defensa y a los acusadores que también tenía que penalizarse a Amaya por el delito de lesiones leves, porque también está contemplado en el Código Procesal Penal.
Una vez que los jueces deliberaron con la defensa y los acusadores, Amaya fue sentenciado a tres años y cinco meses por el delito de lesiones graves y se le dio 30 días por el delito de lesiones leves, manteniéndose así la pena de tres años y medio que aceptaba el acusado en el acuerdo de estricta conformidad.
Cabe señalar que la resolución de la sentencia emitida por los tribunales de San Pedro Sula y que conlleva a una pena de 3 años y medio, imposibilita al militar de ejercer sus funciones dentro de las FFAA mientras no se cumpla la pena establecida.
Alejandro Canales, Fiscal del Ministerio Público, manifestó que la defensa del militar acusado al ver la carga de la prueba, no le quedó más que pedir ese acuerdo de estricta conformidad, que para el Ministerio Público y para el acusador privado (Cofadeh) es una sentencia condenatoria.
“El Ministerio Público y la abogada acusadora privada han fortalecido la investigación, entonces ellos ven que la carga de la prueba es fuerte y que no tienen posibilidades de tener una sentencia absolutoria, y por eso el acusado se ha declarado culpable de los delitos que se le acusan”, sostuvo el fiscal Alejandro Canales.
Todos los delitos que son penados con reclusión menores a cinco años son fiables y es un derecho que tienen los imputados a conmutar la pena, pero las implicaciones de estos casos van mucho más allá, porque es declarado civilmente responsable.
En este caso, serán las Fuerzas Armadas (FFAA) las que tendrán que responder a esa demanda civil de indemnización por daños a las víctimas, que es lo más fuerte de esta investigación, sostuvo el fiscal Canales.
Cabe señalar que la resolución de la sentencia emitida por los Tribunales de San Pedro Sula y que conlleva a una pena de 3 años y medio, imposibilita al militar de ejercer sus funciones dentro de las FFAA mientras no se cumpla la pena establecida.
Wilmer Sabillón y Julio César Canales quedaron incapacitadas para ejercer sus labores diarias y en ese caso la indemnización tiene que brindarla el estado, tiene que ser a través del juzgado de ejecución a través de la demanda civil o demandando al Estado por la vía de lo contencioso administrativo a través de la Procuraduría General de la República.
Una vez que quede firme la sentencia, Wilmer Sabillón, quien resultó con daños más severos, podrá ejercer su acción civil en el ámbito de lo contencioso administrativo. Lo mismo podrá hacer Julio César Pineda, que tiene el mismo derecho a demandar al Estado porque las lesiones lo incapacitaron por siete días e igual tiene cicatrices permanentes y todo eso le provocó un daño.
Según el fiscal Canales, ambas partes han quedado satisfechas porque al defensor no le conviene exponerse en un juicio donde la prueba está en contra de ellos, y que entonces es mejor pedir una pena mínima para su cliente y eso le permite conmutar, porque en caso de irse a juicio el Ministerio Público así como la acusadora privada hubiesen pedido una pena máxima, entonces ahí la pena excedería los cinco años y ahí los dejaría en problemas para conmutar.
Karol Cárdenas, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, señaló que esperarán que la sentencia quede firme para iniciar las acciones de la demanda civil contra las Fuerzas Armadas.
El 6 de abril de 2013, a tempranas horas del día, Wilmer Gerardo Sabillón (23) y Julio César Pineda (27), pescaban en el Lago de Yojoa por el sector de El Naranjo, Peña Blanca, municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, cuando fueron requeridos por miembros de las Fuerza Naval de Honduras.
Como advertencia, el alférez José Arnaldo Amaya realizó dos disparos, los cuales fueron a impactar en la humanidad de Wilmer Sabillón y Julio César Pineda.
Los heridos quedaron lisiados de sus brazos producto de las heridas provocadas por fusiles M-16 y pistola 9 mm.
Wilmer Gerardo Sabillón desde el atentado, está inhabilitado físicamente, afectando además a su esposa e hija; lo mismo sucede con su compañero de faenas Julio César Pineda.
“Lo que antes lo hacía en determinado tiempo, ahora me tardo el doble en hacerlo, porque tengo dificultades con el brazo”, señaló Wilmer Sabillón, quien también de ser pescador, es un técnico en refrigeración.
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