Por Sandra Rodríguez
Defensores de Derechos Humanos del Bajo Aguán, denuncian que este día 30 de septiembre de 2015, fue requerido fiscalmente Santos Lemus, Fiscal del Movimiento Unificado Campesino del Aguan MUCA, por suponerlo responsable del delito de asesinado de dos hombres.
Lemus de 45 años de edad, permanece en las instalaciones policiales de Tocoa, Colón, y en las próximas horas podría ser trasladado a la ciudad de Trujillo, ya que, según información que proporcionó la Policía Nacional a miembros del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguan, OPDHA, se hizo la investigación respectiva de los hechos que se le imputan.
A Lemus, se le acusa por el homicidio de Donaneli López Alvarado y Santos Caferino Zelaya Ruiz. La orden de captura 11-15 en el expediente 192 NCPP-15, se ejecutó en la comunidad de La Confianza, Tocoa, Colón, por la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguan, UMVBA.
Se tiene información que Donaneli López Alvarado y Santos Caferino Zelaya Ruiz forman parte del más de centenar de campesinos asesinado en el conflicto agrario de la región, a partir del año 2010. Ellos habrían perdido la vida en el 2011 y eran miembros de la Empresa Asociativa Campesina “La Confianza”.
La semana pasada también detuvieron a otro muchacho acusado por asesinato, en este momento defensores de derechos humanos de la Plataforma Agraria, MUCA y OPDHA, permanecen atentos en donde se encuentra Santos Lemus, ya que las violaciones a los DDHH también se dan en las faltas al debido proceso.
Esta detención se lleva a cabo cuando se realiza por tercera vez el juicio contra el campesino Isabel Morales “Chabelo”, quien pasó siete años de su vida en prisión, acusado de un delito que afirma no haber cometido, por lo espera ser sobreseído definitivamente. En este caso el proceso ha sido totalmente viciado, incluso se ha dado falso testimonio, criminalizando así, la lucha campesina.
Santos Torres Ruiz, otro campesino criminalizado el l2 de mayo del 2015 a las 2:30 p.m. fue objeto de detención ilegal, por dos agentes vestidos de civil, supuestamente agentes de la Dirección Nacional de Investigación y cinco elementos de la Policías Militar de Orden Público. Ambos contingentes se conducían en dos vehículo sin identificación, fuertemente armados y sus rostros cubierto con pasamontañas, le interceptaron cuando se dirigía a las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA).
En actitud intimidante solicitaron su documento de identificación personal y procedieron a compararla con una orden de captura que portaban, dijeron que sus datos no coincidían con lo de la orden de captura, por lo que tenía que acompañarlos que solamente iban a investigar y fue trasladado a la Estación Policial de Tocoa. Aun sin coincidir los datos lo trasladaron la Jefatura policial de Trujillo, donde se verifico una vez más que no existía una orden de captura contra Santos Marcelo Torres, que está era contra Santos Avad Hernández Torres (otra persona).
También, el año pasado se le inició un proceso Judicial a Irma Lemus, por los delitos de usurpación de tierras, hurto de ganado, daños y perjuicios contra el fondo ganadero y extorsión, todo a forma de criminalización e intimidación para que no continúe con la defensa de la tierra. Pero el 10 de diciembre fue sobreseída, ya que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba en su contra.
Irma Lemus es dirigente y asesora de la Empresa Asociativa Campesina Fuerzas Unidas, ha recibido formación en derechos humanos de parte de varias organizaciones entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, quien actualmente ejecuta un proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” con FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).
En el 2009, otra criminalización se dio contra 38 campesinos que fueron enviados a prisión, tras un asalto policial al Instituto Nacional Agrario, INA, donde llegaron los uniformados rompiendo puertas y ventanas y capturaron a 55 personas, entre ellas dos menores de edad y seis mujeres.
Varios se declararon en huelga de hambre, porque estaban siendo tratando injustamente entre ellos Santos Lemus. Y es que todos estaban participando en una toma pacífica de esa Institución desde el 28 de junio del 2009, día en que se dio el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales, por militares en contubernio con grupos de poder en Honduras.
Cabe señalar que hay más personas con orden de captura, los acusan falsamente para que se detengan en la defensa de la tierra, hay compañeros procesados, con medidas sustitutivas a la prisión, aseguran los y las defensoras de DDHH que viven en el Bajo Aguán, muchos de ellos enfrentado injustamente procesos judiciales, y otros tienen Medicadas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, debido a la vulnerabilidad que enfrentan por su labor, como es el caso de la coordinadora del OPDHA, Martha Arnold y sus 5 hijos que son menores de edad.
Desde el 2008 al 2013 el conflicto agrario ha cobrado más de 125 vidas, y seis personas desaparecidas, por las que los y las campesinas realizan diversas acciones para que se investiguen los hechos que violentan los derechos contra la vida.
A la comunidad nacional e internacional, se le solicita estar pendientes de lo que pueda suceder con Santos Lemus, fiscal del MUCA, y demás defensores por el derecho a la tierra en el Bajo Aguán, donde las violaciones a los derechos humanos no han cesado, al contrario se incrementan de diferentes formas, entre ellos la criminalización a la lucha social.
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