La junta nominadora de candidatos y candidatas a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha comenzado esta semana con el proceso de aplicación de las pruebas de confianza, que incluyen las toxicológicas, poligráficas, psicométricas y socioeconómicas, a los 200 aspirantes.
Las pruebas a los 200 notarios y abogados aspirantes a una magistratura en la CSJ, las queculminarán el próximo cinco de noviembre, deben de ser un examen “en el cual exista la menor alteración psicológica de estar constreñidos a someterse, pero también dejarles la opción de la voluntariedad y valorar”, manifestó Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien integra la junta proponente.
Sin embargo, Jari Dixon Herrera, ex fiscal del Ministerio Público (MP), considera que las pruebas de confianza se han convertido en “farsa” en el proceso de elección de los operadores y operadoras de justicia: “nadie en el mundo hoy garantiza científicamente que las pruebas sean confiables, de hecho, muchos criminales en otras partes del mundo han pasado las pruebas de confianza, porque no es una prueba exacta, entonces, yo siempre he dicho que estas pruebas de confianza son parte del show mediático del gobierno para hacerle creer a la población que las cosas se están haciendo bien”.
En ese sentido, Herrera asegura que el actual fiscal general de la república, Oscar Fernando Chinchilla, “no pasó las pruebas de confianza y fue sacado de la lista, pero cuando los partidos tradicionales se pusieron de acuerdo salió electo”.
Los resultados no serán públicos “Las evaluaciones de confianza es información reservada y son los mismos nominados quienes deben autorizar la publicación de los resultados. También hay que establecer que dichas pruebas tienen un porcentaje que se sumará a los créditos finales otorgados a cada aspirante”, explicó Rafael Canales, vicepresidente del Colegio de abogados e integrante de la junta nominadora.
José Luis Valladares, presidente del Colegio de Abogados y miembro de la junta nominadora, también aseguró que los resultados no serán de conocimiento público porque “todos ellos – los aspirantes- han manifestado someterse a este proceso de manera voluntaria. Los resultados solo van a ser conocidos por la junta nominadora, se va a respetar la voluntariedad de las mismas”.
Walter Banegas, diputado del Partido Anticorrupción (PAC), es del criterio que se debe de respetar la independencia la junta proponente, sin embargo, dicha determinación comienza a generar dudas en el proceso de selección. “Nosotros lamentamos eso, porque el acceso a la información pública es un derecho fundamental del ser humano; eso es preocupante, eso aumenta la desconfianza. Nosotros no queremos una Corte cuestionada, porque finalmente en este país lo que hace falta es justicia y la falta de justicia lo que ha generado es desigualdad”, manifestó Banegas.
IAIP sancionada a junta nominadora
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en un comunicado de prensa, requirió a la junta nominadora de los candidatos a integrar la nueva CSJ para que en un plazo de cinco días actualice el portal de transparencia que le fue asignado para la divulgación de la información relacionada con el proceso de selección.
De acuerdo al requerimiento, la junta nominadora “no está cumpliendo” con los artículos 4 y 13 de la Ley de Transparencia, así como el artículo 3 de la Ley Orgánica de la propia junta, el que dicta los principios de publicidad, transparencia, idoneidad y principios democráticos.
“Si en un plazo de cinco días, los miembros de la Junta Nominadora, propietarios y suplentes, no cumplen con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se verán expuestos a sanciones pecuniarias que van desde uno hasta cincuenta salarios mínimos”, advirtieron el IAIP.
Tras las advertencias del IAIP, el presidente de la junta nominador, Ricardo Rodríguez, en un todo molesto, dijo que “Si ellos siguen exigiendo en imponernos sanciones, poniendo multas, de repente vamos a renunciar, si a nosotros nadie nos paga nada, solo estamos aquí por servirle a Honduras”.
Doris Madrid, comisionada presidenta del IAIP, en declaraciones a emisoras de radio declaró que “toda la información que generan debe ponerse a disposición de la sociedad y no es para perturbar ni alterar sino para proteger la participación ciudadana”. Según el IAIP El portal de transparencia de la junta nominadora corresponde a las siete organizaciones que la integran. Desde que se habilitó, en septiembre pasado, solo 65 archivos están a la disposición de la ciudadanía.
APJ pide que proceso no sea politizado
En el marco de una reunión con los miembros de la junta nominadora, los representantes de la organización no gubernamental Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) exigieron que el proceso de elección de los nuevos magistrados y magistradas sea bloqueado de la “pretensión de diferentes grupos interesados de instrumentalizar el Poder Judicial para obviar ser juzgados por actos criminales y de corrupción”.
Agregaron que el proceso de selección se desarrolla en un contexto marcado por el descontento de la ciudadanía, producto de la histórica negación de justicia a la mayoría del pueblo hondureño y la generalizada impunidad que afecta a millones de personas, naturales y jurídicas.
Ante lo anterior, enfatizaron a la junta nominadora que “bajo ninguna circunstancia debe permitirse que bandos políticos, conglomerados económicos y grupos delincuenciales, incidan perversamente para confeccionar una nueva CSJ, a la medida de sus reprochables intereses”.
La junta nominadora en su cronograma de trabajo ha indicado que el primer listado de candidatos, tras las pruebas de confianza y revisión de requisitos, se dará a conocer el 23 de noviembre; mientras que la audiencia de los precandidatos ante la junta nominadora será del 25 al 30 de noviembre y del 5 al 15 de diciembre las audiencias públicas.
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