Las razones que movieron a un joven artista a acabar con la vida de un abogado, en uno de los hechos que más ha conmovido a la sociedad hondureña, son inaceptables para muchos, y para otros más es producto de un acumulado de indignación de un pueblo que por décadas ha sido víctima de una serie de violaciones a sus derechos fundamentales.
En la actualidad diversos analistas coinciden que la realidad hondureña es una bomba de tiempo y que cualquier factor puede ser detonante. Las condiciones de violencia, inseguridad, desempleo, falta de oportunidades y exclusión social son el terreno fértil para generar un ambiente de ingobernabilidad que cada día es creciente.
Muchos grupos se han atrevido asegurar que este crimen refleja el odio que ciertos sectores de la sociedad hondureña cargan, y que es necesario cambiar de rumbo para lograr arrancar ese sentimiento y mejorar las condiciones del país.
“El problema no es odio sino indignación e impotencia de ver cómo se saquean los fondos del Estado y aquí no pasa nada, cómo se asesina fríamente y aquí no pasa nada. Cómo es posible que aquí hay autoridades que se valen de sus cargos para incrementar sus riquezas y aquí no pasa nada, en fin, aquí la justicia no funciona. Aquí Ministerio Público solo actúa si el presidente está interesado y el poder judicial está secuestrado por el Consejo de la Judicatura, quien le da instrucciones a los jueces, eso es lo que nos produce la indignación a todos los hondureños”, dice el ex fiscal general de la república Edmundo Orellana Mercado.
Para el escritor y miembro de las Comunidades Cristianas por la Paz y la Justicia, Rodolfo Cortés, “lo que hay en un gran sector del pueblo hondureño es indignación por la burla a que lo han sometido desde tiempos inmemoriales los corruptos políticos, oligarcas, militares y clérigos de las cúpulas Católica, Evangélica y Protestante. No puede haberse de odio en personas sencillas, indefensas, marginadas que sólo han recibido de los poderes fácticos humillación.
“El pueblo hondureño por antonomasia es generoso, caritativo, solidario y quienes han destilado y vaciado odio hacia ellos son los sectores corruptos”, mencionó Cortés.
Rescatar institucionalidad
Para el ex fiscal de la república, Honduras está en momentos en donde debemos crear las condiciones para que exista independencia del Ministerio Público y el poder judicial, y para eso se requiere de un cambio en los titulares de las dependencias públicas y la convicción de los políticos que no deben intervenir en la institucionalidad.
“Es necesario permitir que los jueces actúen de acuerdo a su criterio sin que se les amenace de que van hacer perseguidos por decidir, porque sí los jueces hoy están con miedo por las decisiones que pueden tomar, quiere decir que justicia no hay Honduras”, menciona Orellana.
El abogado Omar Menjivar del equipo de defensores del joven Rigoberto Paredes Veles, dice que este hecho es un llamado de atención porque lo que ha ocurrido con este caso puede ser un indicador de lo que podría estarse anidándose en la sociedad, lo que nos llama a tener una actuación responsable de todos los sectores, pero el principal responsable es la clase política que ostentan el poder. “Es momento de actuar con prudencia y responsabilidad en especial con la corrupción e impunidad, ya que hasta ahora se quiere tomar como una bandera política, sin que hasta ahora se ataque directamente este fenómenos que tanto daño le han hecho al pueblo”, mencionó Menjivar.
No buscamos impunidad, lo que procuramos es justicia
El caso de Rigoberto Paredes tiene un fuerte impacto mediático, por lo que el Ministerio Público quiere enviar un mensaje de ser implacable con el delito, cuando sabemos que la impunidad es la permanente en la mayoría de los crimines en Honduras, dice Omar Menjivar.
El abogado defensor agrega que no están buscando impunidad sino procurando justicia. “La fiscalía acusa de asesinato al joven alegando que en la ejecución del hecho hubo ensañamiento, eso no lo compartimos porque el asesinato implica que hubo intención del acusado de prolongar el momento prolongar el momento de la muerte de la víctima, aumentan el dolor, además la fiscalía ha omitido una serie de elementos en este caso, entre ellos el estado mental del acusado al momento en que cometió el delito”.
En las próximas semanas el equipo defensor del Rigoberto Paredes exigirá nuevamente la realización de un dictamen psiquiátrico que dé una nueva evaluación para saber el estado mental del acusado y otras pruebas que den más elementos que sustenten el caso.
Verdadero diálogo
El abogado Edmundo Orellana llama a iniciar un verdadero dialogo que escuche y tome en cuenta las propuestas de todos los sectores, y no a seguir apostando a la simulación de diálogo que vino hacer la Organización de Estado Americano en Honduras. “Lo que la OEA vino hacer a Honduras es instalar un departamento de quejas, simular que estaba recabando información pero que ya se habían inclinado por una propuesta peor que la del gobierno”, dice Orellana.
El ex fiscal advierte que aún estamos a tiempo para comenzar a buscar verdaderas salidas a la crisis de los contrario las consecuencias será fatales para la vida del país.
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