Por Sandra Rodríguez
El Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), denunció que en horas de la madrugada, policías preventivos, militares del Décimo Batallón de Infantería y civiles, allanaron viviendas dirigentes indígenas, golpearon a una mujer embarazada, dos niñas y capturaron a dos jóvenes, en la comunidad de El Potrero, caserío Casa grande, municipio de Santa Elena, La Paz, al centro de Honduras.
El hecho fue de repente, sin orden de ejecución por un juez competente, sin documentos y alegando que buscaban drogas, pero lo que se llevaron fue a los hermanos menores de edad Porfirio y Rodolfo Vásquez, que tienen 17 y 15 años, y un cuaderno con información de actas y acuerdos de la organización, que estaba en poder de Rosalío Vásquez, presidente del Consejo Indígena San Isidro Labrador, además tres mil 600 lempiras que guardaban entre sus páginas.
Como Rosalío no estaba en la casa, los hombres armados agarraron a patadas a su esposa Ana Mirian Romero, quien está embarazada y producto de la golpiza, su vida y la de su bebé corre peligro. También estaban sus hijas Roxana y Selenia Vásquez Romero de 9 y 7 años respectivamente, a ellas les ponían las pistolas en la cabeza, denunció el MILPAH.
Las casas allanadas son las de Porfirio, Rodolfo y Rosalío, este último tiene orden de captura supuestamente por asesinato, pero es una forma de desarticular la lucha por los bienes comunes, específicamente por oponerse al construcción de una represa hidroeléctrica que afecta el cauce del Río Chinacla, denuncian dirigentes indígenas
Es urgente trasladar a Ana Mirian Romero y a sus hijas a Tegucigalpa, para que reciban atención médica y que puedan interponer la denuncia ante la Fiscalía de la Etnias, oficina que está en la capital de Honduras, a una distancia de 170 kilómetros y unas seis horas de carretera. Miembros de comunidades indígenas ya han solicitado al gobierno que abra oficinas de la Fiscalía de las Etnias en donde hay comunidades originarias y no solo hay en Tegucigalpa, pues como en esta nación, o cuentan con recursos económicos para movilizarse.
Así mismo, preocupa que no se sabe sobre el paradero de los menores indígenas Porfirio Vásquez y Rodolfo Vásquez, quienes fueron sacados de sus viviendas hoy a las 4:30 de la madrugada, cuando unos 20 policías preventivos, 10 miembros del décimo batallón de infantería de La Paz y varios civiles armados, allanaron sus moradas.
Las órdenes de captura que libran contra el compañeros de concejos indígenas son formas de incriminarlos y sacarlos de circulación, aseguran sus dirigentes, “esto viene de tres partes: del empresario Arnold Castro, administrador del proyecto de la construcción de la represa hidroeléctrica; del alcalde municipal Santa Elena, Víctor Ventura Vásquez y activistas del Partido Nacional interesados en construir una represa hidroeléctrica, que afecta el cauce del río Chinacla, esta lucha contra los poderes económicos y políticos viene desde hace tres años”, denunció MILPAH.
Hace tres meses, miembros de la policía capturaron a 20 indígenas en La Paz, entre ellos tres menores de edad, una anciana de 74 años y una mujer embarazada que perdió el bebé.
Un grupo de 16 personas estuvieron más de 90 días en la cárcel de Marcala, municipio de La Paz, hay dirigentes con órdenes de captura que suman más de 8 mil defensores por el derecho a la tierra criminalizados en Honduras, entre ellos 800 mujeres y 11 privados de libertad en los centros penales a nivel nacional-.
Cabe mencionar que uno de ellos estuvo siete años en prisión por un delito que en tres juicios no se le pudo probar, es así que el Sistema de Justicia violó el debido proceso y los derechos humanos de José Isabel Morales (38), que vive en la comunidad campesina Guadalupe Carney, Trujillo, Colón, zona del Bajo Aguán, y que ayer fue declaro inocente del cargo que se le imputa, sin embargo ese tiempo tras la rejas acabó con su vida, como él mismo ha declarado.
Por los hechos que suceden en las comunidades indígenas, especialmente con los miembros del MILPAH el departamento de La Paz, se insta al Estado hondureño a cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en todo lo referido al derecho de los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT.
Un llamado al a comunidad nacional e internacional, defensores por el derecho a tierra y los bienes comunes a estar atentos para que se respete la integridad física de los habitantes de la comunidad El Potrero, caserío de Casa Grande, municipio de Santa Elena, departamento de La Paz y los dirigentes del Consejo Indígena San Isidro Labrador.
Hace dos semanas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, realizó un encuentro entre defensores por el Derechos a la Tierra, con campesinos del Bajo Aguán, Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, regional La Paz y El Progreso, y MILPAH, donde condenaron estas acciones grotescas que enfrentan en sus comunidades.
“Hacemos un llamado a las organizaciones campesinas y de derechos humanos nacionales e internacionales a estar vigilantes a nuestra lucha la cual es personal y comunitaria, porque no estamos usurpando, robando, ni invadiendo tierras, sólo defendemos lo que nos pertenece como ciudadanos y es deber del gobierno cumplir y garantizar nuestros derechos humanos.” manifiestan en un pronunciamiento público, en el marco del proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” con FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).
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