Rose Marie Antonie presidenta de la CIDH
Por Marvin Palacios
La Asociación de Jueces por la Democracia (ADJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) comparecieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revelar una serie de irregularidades practicadas por el Consejo de la Judicatura y sobre el proceso de selección de los próximos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de justicia (CSJ).
En el caso del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, la AJD denunció el uso indebido de los procesos disciplinarios y denunció el uso del polígrafo como prueba de confianza que se está aplicando a los aspirantes a magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Rose Marie Antonie presidenta de la CIDH y los comisionados José de Jesús Orozco y Tracy Robinson escucharon las denuncias planteadas por la ADJ y el CEJIL. La presidenta de la CIDH, Rose Marie Antonie lamentó la ausencia de los representantes del estado de Honduras a esta audiencia desarrollada en Washignton, DC, Estados Unidos, en el marco del 156 Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el uso de la palabra el presidente de la ADJ, Mario Díaz denunció que el Consejo de la Judicatura fue creado en principio como un órgano idóneo para atacar la impunidad y la corrupción.
“No obstante en la práctica se ha convertido en un mecanismo de coacción, amenazas, amedrentamiento e injerencias indebidas hacia los jueces y las juezas hondureñas”, aseguró Díaz.
Díaz dijo que en un informe de gestión judicial del año 2014, el Consejo de la Judicatura destituyó a 47 operadores judiciales y despidió a 75 jueces y juezas, “situación que representa una afrenta a la garantía de inamovilidad”.
La ley del Consejo de la Judicatura establece los procesos disciplinarios de la carrera judicial y estipula como sanción grave el no someterse a evaluaciones de confianza.
Díaz señaló que la ley del Consejo de la Judicatura contiene una normativa inadecuada, porque no se está respetando el derecho de defensa ni el debido proceso para los jueces y juezas. “Por ejemplo en muchas ocasiones los operadores de justicia cuestionados se enteran que serán sometidos a un proceso disciplinario, por medio de la prensa, ya que el Consejo hace pública una lista; antes de notificar a los involucrados, lo que implica además una violación al debido proceso y una estigmatización innecesaria”.
El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia (ADJ) señaló que es importante dejar constancia que desde que se inicia el proceso de suspensión provisional, la persona deja de percibir su salario, con lo cual dicho acto se convierte en una sanción anticipada y consecuentemente en violatoria del principio de presunción de inocencia.
Mario Díaz de la AJD y Marcia Aguiluz CEJIL
Cabe destacar que actualmente el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla enfrenta un requerimiento fiscal por abuso de autoridad y tráfico de influencias.
En torno al proceso de selección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la abogada Rubenia Galeano de la ADJ dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la normativa vigente permite un amplio margen de discrecionalidad a la Junta Nominadora y al Congreso Nacional (CN), que es el que finalmente selecciona a 15 magistrados y magistradas de una lista de 45 nominados y nominadas.
Galeano expresó que no se garantizan criterios objetivos para nombrar a los magistradas y magistradas, ni que se cumple con los principios de transparencia, participación amplia y publicidad.
La abogada también resaltó el aspecto de que se exige el título de notario público como requisito para aspirar al cargo de magistrado o magistrada, ya que esto excluye a una gran cantidad de aspirantes al cargo.
En Honduras solo un 10 por ciento de las abogadas y los abogados, son notarios públicos, “y además este requisito no guarda ninguna relación con el cargo que se ejerce”.
En la relación al proceso de selección, Galeano dijo que se han observado algunos avances, por ejemplo las audiencias públicas a las que comparecerán los aspirantes y las aspirantes, pero que también se reflejan deficiencias como la inexistencia de reglas claras para la nominación y selección de las personas por parte de los sectores proponentes, esto provocó que, salvo el caso del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, los otros sectores realizaran procesos sin tomar en cuenta criterios objetivos de capacidad e idoneidad.
Por ejemplo el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) realizó una votación masiva y no evaluó las competencias de las personas propuestas, en otros casos, simplemente se eligieron nombres pero no se brindó ningún tipo de evaluación.
Junta Nominadora debe publicar en todos los medios posibles todo el proceso de selección (actas de sesiones, regulaciones internas, criterios de evaluación y puntajes otorgados)
Galeano dijo que el cuadro técnico de calificaciones con que cuenta la junta Nominadora, la puntuación para evaluar a los candidatos y candidatas, según información circulada por los medios de comunicación, no garantiza la elección de las mejores personas.
“Preocupa también que la Junta Nominadora ha anunciado el uso del polígrafo, como una prueba para los candidatos y candidatas, y también preocupan algunos aspectos como establecer criterios relacionados con la verificación de honor homologado a la idoneidad, el cual puede estar sujeto a apreciaciones subjetivas”, expuso Galeano.
En ese orden hacemos un llamado al ejercicio de las mejores prácticas de transparencia por parte de la Junta Nominadora para que difunda por todos los medios disponibles sus regulaciones internas, calendarios de trabajo, sesiones, criterios de evaluación, entrevistas y puntajes otorgados.
“Asimismo solicitamos que se conozcan las actas de las sesiones de la Junta Nominadora, de conformidad a los principios de transparencia y publicidad y que se establezca un plazo suficiente para poder presentar observaciones e impugnaciones sobre las candidatas y los candidatos”, señaló la abogada Rubenia Galeano.
Se estima que unos 200 profesionales del derecho aspiran a convertirse en magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de los cuales la Junta Nominadora deberá entregar una lista final de 45 a más tardar el próximo 23 de enero de 2016 al Congreso Nacional , para la respectiva selección de 15 magistrados y magistradas.
Por su parte la directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz destacó que la elección de magistrados y magistradas es determinante para fortalecer la democracia y el estado de derecho en Honduras y por eso es fundamental que se lleve a cabo un proceso que permita elegir a las mejores personas.
Aguiluz solicitó a la CIDH que haga un pronunciamiento público para reiterarle al gobierno de Honduras que en el actual proceso de selección de magistrados y magistradas a la Corte suprema de Justicia, se ajuste con los estándares internacionales.
“Recordando que cualquier proceso de selección y nombramiento debe seleccionar a los candidatos y candidatas basándose en méritos profesionales y titulación profesional, que debe contarse con criterios objetivos pre-establecidos para evaluar a los candidatos y candidatas, evitando al máximo el uso de criterios discrecionales; que debe garantizarse la igualdad de acceso a posiciones respetando el principio de no discriminación y relacionada a la paridad de género”, subrayó Aguiluz.
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