Por Sandra Rodríguez
El tribunal de sentencia de Trujillo, acaba de leer el fallo mediante el cual absuelve a Chabelo... ¡Se ha hecho justicia!.
Los anterior fue publicado esta tarde en redes sociales por el abogado Omar Menjivar Rosales, defensor de José Isabel Morales, campesino del Bajo Aguán, acusado de un hecho que Chavelo siempre afirmó “soy inocente”, y después de tres juicios por el mismo caso, hoy es declarado inocente.
El veredicto lo dio el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Colón, esta tarde, tras varios días de audiencia, que fueron suspendidos porque el Ministerio Público no presentó a los testigos, más que declaraciones de personas que no estuvieron en el momento preciso donde ocurrió el asesinato de once personas, el 2 de agosto del 2008 en la comunidad campesina “Guadalupe Carney”. Desde el 2010 se han registrado más de 130 asesinatos por el conflicto de la tierra, entre campesinos y guardias de seguridad privada en el Bajo Aguán, costa norte de Honduras.
Chabelo ha sido considerado “preso político”, permaneció casi siete años en prisión acusado injustamente en un juicio viciado, con testigos falsos y como dando una lección a los cientos de campesinos y campesinas que lucha por la tierra en el Bajo Aguán.
En julio pasado, se le permitió que fuera defensor en libertad, sin embargo asegura que en la cárcel perdió no solo su ojo, sonrisa, sino que la vida, pues incluso estando allí falleció su padre e hija menor, a quienes no pudo velar.
Este es el tercer juicio que se le hacía, por el mismo delito, asesinato contra un sobrino de Henry Osorto, Comisionado Nacional de Policía, quien en esta ocasión no se presentó al juicio, únicamente declararon los testigos a favor de Morales.
Cientos de personas y organizaciones sociales han mostrado su solidaridad con José Isabel Morales, quien aún en libertad vive en una inseguridad continua, por la persecución de hombres extraños en su comunidad "Guadalupe Carney".
Acusación
“El Chele”, como lo conocen sus amigos y familia, es un campesino que se vio involucrado en la muerte de Carlos Manrique Osorto Castillo, sobrino del ahora comisionado de la Policía Nacional Preventiva, Henry Osorto Canales, hecho que sucedió en agosto del 2008, en la comunidad “Guadalupe Carney”, Trujillo, Colón, zona del Bajo Aguán, al norte de Honduras. En un inicio al menos 300 personas eran sospechosas, reduciendo la lista a unas 30 y señalando finalmente solo a una.
Ahora, es la tercera vez que el campesino Isabel Morales, enfrenta un juicio por el mismo delito, el primero fue entre 2010 y 2012 y el segundo en 2014.
Al inicio se le acusaba por la muerte de 12 personas, dejándosele responsable por uno –Manrique-, que fue señalado por un testigo no estuvo en el lugar de los hechos.
Este juicio en libertad se había programado entre el 28 de septiembre al 9 de octubre, pero el 30 se septiembre se anunció un cambio de fechas, que seguirá el 19 hasta el 23 de octubre. Y como el Ministerio Público, alegó que no pudo localizar a sus testigos, hoy se dio el veredicto que embarga de una inmensa alegría a la comunidad local y acompañantes de Chavelo en estos siete años de persecución jurídica, informó el defensor de derechos humanos Leonel George.
Para este juicio, Chabelo Morales, logró lo que tanto ansiaba, su libertad completa. Pues según su declaración, él ni siquiera se acercó al lugar del incendio, sino estaba trabajando en su vendía de helados (ice cream), en ese tiempo debía ir a firmar al juzgado ya que, como la mayoría de campesinos, también estaba procesado por “hurto” cuando le decomisaron parte de la producción de palma africana que con otros compañeros llevaba a comercializar y que era de su empresa campesina.
A criterio de Chabelo, hoy los jueces se posicionaron en base a la verdad. A sus 38 años, y con todo lo que ha vivido, aprendió a tener paciencia y a esperar que la justicia llegaría con su libertad.
Desde que inició la acusación en su contra, ha sido acompañado por defensores y defensoras de Derechos Humanos nacionales asimismo por organizaciones sociales, campesinas, y compañeros de comunidad, quienes permanecen atentos a lo que sucede en los tribunales de justicia, pues consideran el caso como persecución políticas y sin ninguna garantía de Derecho.
La defensa a lo largo de los juicios denunció el irrespeto a las garantías procesales que establece la Constitución de la República y el Código Procesal Penal. Y el proceso se ha caracterizado por una serie de irregularidades como falso testimonio y violaciones al debido proceso que terminaron en una sentencia condenatoria que fue anulada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quién además ordenó la repetición del juicio, en un proceso entre junio del 2010 y julio del 2012.
La primera condena la recibió el 24 de julio de 2012, donde le dictaron sentencia condenándolo a 20 años de prisión.
Por las inconsistencias, el juicio llegó a etapa de casación y la Sala Penal de la Corte anuló el proceso y ordenó uno nuevo, que se realizó en enero-febrero de 2014, y fue condenado a 17.5 años de prisión.
La lucha por recuperación de tierras
“Ellos me acusaron de 12 muertes, incendio de propiedad, incendio de carro y robo, cosas que solo Dios sabe que no fueron ciertas y utilizaron a un testigo protegido que estaba inconsciente, porque tenía un balazo y yo mismo le di apoyo a la policía abriendo camino en ese momento para que ellos salieran. “Yo seguí trabajando con mis helados y no huí, como algunos dicen, no, yo solamente di el apoyo a Arnulfo Guevara y a la policía que llevaba a otros heridos, Arnulfo Guevara murió cuando lo cargábamos con otros compañeros”.
Chavelo vive en la comunidad “Guadalupe Carney” que está asentada en las tierras que durante la década de los años ochenta, las Fuerzas Armadas (FFAA) bajo la coordinación directa del Pentágono y del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU), utilizaron para entrenar a los ejércitos de El Salvador y Nicaragua envueltos en conflictos armados internos en sus respectivos países.
El Estado a través del Instituto Nacional Agrario (INA) reconoció el derecho de los campesinos a la tierra y con los años otorgó a la mayoría de las cooperativas de la comunidad títulos de propiedad.
Registros e investigaciones divulgados en internet, señalan que funcionarios militares y terratenientes, que se negaron a participar en la solución del conflicto promovido por el Gobierno, adquirieron ilegalmente tierras, antes y después del año 2000.
Entre éstas personas se señala a Henry Osorto, un oficial policial y al terrateniente palmero Miguel Facussé (fallecido en junio 2015), dueño de las más grandes extensiones de tierras cultivables en Honduras.
Defensores de Derechos humanos acompañan a Isabel Morales este proceso judicial como parte de sus acciones de defensoría y procuraduría apoyados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, quien ejecuta el proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” con FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).
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