Por Dana Frank
De pronto, todos los ojos están sobre los 47.000 menores no acompañados por adultos que procedentes de América Central han sido interceptados en la frontera de los EE.UU. desde principios de este año, el mayor número de los cuales provienen de Honduras. Con toda razón, la mayoría de los debates han puesto de relieve que las pandillas y la violencia son la causa inmediata de su huida.
Sin embargo, en esta discusión sobre Honduras no aparece el régimen post-golpe de Estado que rige el país, que es en gran parte responsable de la gran criminalidad que ha sobrepasado el país. Igualmente ausente es la responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos con este régimen. Sí, las pandillas están fuera de control en Honduras. Pero la pandilla verdaderamente peligrosa es el gobierno de Honduras. Y los dólares de nuestros impuestos se están vertiendo en él, mientras que nuestros altos funcionarios alaban sus virtudes.
Este 28 de junio se cumplió el quinto aniversario del golpe militar que depuso al presidente de Honduras democráticamente electo Manuel Zelaya. Desde entonces, una serie de administraciones corruptas ha desatado un control criminal abierto de Honduras, de arriba a abajo del gobierno. El actual presidente Juan Orlando Hernández, quien asumió el cargo en enero, era él mismo un entusiasta partidario del golpe de Estado, los informes del Congreso de Honduras establecen que en 2012 llevó a la expulsión ilegal de cuatro miembros de la Corte Suprema y el nombramiento ilegal de un nuevo Fiscal General para un mandato de cinco años.
La policía de Honduras es mayoritariamente corrupta, opera en estrecha colaboración con el narcotráfico y el crimen organizado. En agosto pasado, incluso una comisión del gobierno hondureño que supervisa la depuración de la policía admitió que el 70 por ciento de la policía está "más allá de poder rescatarla." InSight Crime concluye: "una serie de poderosos grupos locales, conectados a las élites políticas y de la economía ... manejan la mayor parte de las actividades del hampa en el país. Ellos han penetrado profundamente la policía hondureña."
La respuesta de Hernández a la corrupción de la policía, sin embargo, ha sido la militarización peligrosa. No sólo el ejército regular ahora patrullan los barrios residenciales, aeropuertos y cárceles, pero la nueva fuerza de 5.000 efectivos de la policía militar de Hernández va expandiéndose en todo el país. El poder judicial y los fiscales a menudo son corruptos también. El Informe del Departamento de Derechos Humanos del Estado de los EE.UU. para el año 2013 en Honduras habla de "impunidad generalizada", causada por un sistema de justicia débil. "Los autores de asesinatos y otros crímenes violentos rara vez son llevados ante la justicia", informa la orgaización Human Rights Watch. Como resultado, después del golpe Honduras ahora cuenta con la tasa de homicidios más alta del mundo, según cifras de las Naciones Unidas.
Peor aún, la policía y los propios militares matan y golpean a las personas con impunidad. La organización Human Rights Watch ha documentado numerosas denuncias de asesinatos de activistas de los derechos de la tierra por parte de fuerzas de seguridad, e informa que "la impunidad de los graves abusos de la policía es un problema crónico." Hasta el pasado mes de diciembre, el jefe nacional de la policía fue Juan Carlos "El Tigre" Bonilla, quien de acuerdo con documentos obtenidos por la Associated Press (AP), participó en los asesinatos de muerte en el período 1998-2002. Más recientemente la AP ha documentado al menos cinco presuntos asesinatos de los escuadrones de la muerte por la policía hondureña. El 13 de mayo, los nuevos policías militares rodearon, gasearon y golpearon brutalmente, y expulsaron por la fuerza de la sala principal del congreso a 36 congresistas del partido de centro-izquierda de la oposición LibRe.
Al mismo tiempo, el gobierno post-golpe de Estado está destruyendo rápidamente gran parte de lo que queda de la economía hondureña. En los dos años siguientes al golpe, 2010-12, el gasto en vivienda pública, la salud y la educación se redujo, según el Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research), mientras que la pobreza extrema se incrementó en 26,3 por ciento. "A través de las privatizaciones neoliberales, recortes y reorganizaciones que están acabando con empleos sindicalizados del sector público", observa German Zepeda, Secretario General de la Federación de Honduras de Trabajadores Agroindustriales. En mayo, por ejemplo, todo el organismo encargado de los asuntos de la infancia fue eliminado y todos sus activos liquidados. La AFL-CIO reporta que las leyes laborales raramente se cumplen, los asesinatos y amenazas contra sindicalistas no son investigados, y un programa del sector privado, “la creación de puestos de trabajo" tan pregonado rompe el tiempo completo, el empleo permanente y lo convierte en un trabajo precario a tiempo parcial, eliminando el acceso al sistema de salud pública y la elegibilidad para la sindicalización, junto con un salario digno.
En este escenario global, los niños de hecho mueren. Con pocos puestos de trabajo y sin un sistema de justicia penal eficaz, las pandillas verdaderamente aterradoras han proliferado, y el tráfico de drogas engendra violencia espectacular, incluyendo múltiples masacres de niños en abril y mayo divulgadas en todos los medios. Según Casa Alianza, la organización independiente que lidera y aboga por los niños sin hogar en Honduras, solo en el mes de mayo 2014, 104 jóvenes fueron asesinados; entre 2010 y 2013, 458 niños menores de 14 años fueron asesinados.
El 6 de mayo, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, denunció que la policía están operando operar "limpieza social" escuadrones de la muerte matando a los niños.
Dos días más tarde, su coche parado fue embestido por un vehículo de seguridad del gobierno y fue brutalmente golpeado y arrestado por la policía militar, según Amnistía Internacional (Amnesty International).
Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia, el gobierno de EE.UU. sigue apoyando, incluso celebrando el régimen. Dos días después de que los policías militares atacaron a los miembros de la oposición en el Congreso, la Embajadora de EE.UU. Lisa Kubiske elogió sin rodeos al presidente Hernández, alabó los TIGRES - una peligrosa nueva unidad de fuerzas especiales que ha promovido - y dijo que los EE.UU. quiere invertir "más y más en la policía hondureña". El Comandante John Kelley del Comando Sur de EE.UU., al visitar Honduras el 19 de mayo, elogió Hernández por su "impresionante" y exitoso trabajo contra los narcotraficantes. Ahora, como una respuesta a la afluencia de los menores no acompañados en la frontera, la Casa Blanca ha autorizado $ 8,5 millones en fondos adicionales para la corrupta policía hondureña.
Los EE.UU. está vertiendo ciertamente fondos a la policía hondureña y los militares, en nombre de la lucha contra el tráfico de drogas. Las cifras exactas no están disponibles, pero de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso aproximadamente $ 25 millones fluyeron a las fuerzas de seguridad de Honduras en 2013. Otros fondos de Estados Unidos apoyan las fuerzas hondureñas a través de USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad (CARSI).
Al mismo tiempo, las políticas de los Estados Unidos están contribuyendo directamente a la destrucción de la economía hondureña - de ahí la falta de puestos de trabajo viables. El Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA), por ejemplo, ha obligado a los pequeños y medianos productores a competir con la agroindustria EE.UU. y otras corporaciones. En Honduras como en otros lugares, las políticas neoliberales impuestas por el Fondo financiado por Estados Unidos Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial promueven la eliminación de puestos de trabajo del sector público, la privatización y la reducción de los servicios sociales un comunicado fechado el 13 de junio del Directorio Ejecutivo del FMI, por ejemplo, aboga por “la reducción de la masa salarial" del gobierno hondureño.
El Congreso de los EE.UU., sin embargo, ha desafiado en voz alta y claramente la política de EE.UU. El 28 de mayo, 108 miembros del Congreso, encabezados por la congresista Janice Schakowsky (D-Illinois), enviaron una carta al Secretario de Estado John Kerry cuestionando el apoyo de EE.UU. para el régimen. La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2014 coloca los derechos humanos como condicionante en una parte sustancial de la asistencia de los EE.UU. a las fuerzas de seguridad hondureñas.
Mientras los jóvenes hondureños corren el riesgo de peligros espectaculares al cruzar las fronteras para tratar de escapar del horror de su país, los EE.UU. debe asumir la responsabilidad de esa pesadilla, y cortar sus lazos con las pandillas de los oligarcas que gobiernan Honduras, dejar de verter fondos en sus policías y militares incluidos los fondos para la capacitación de la policía. Al mismo tiempo, tenemos que tratar a los niños que llegan con gran cuidado y respeto, que se observen los procedimientos legalmente establecidos. Tenemos que darles abogados, permitir a los observadores independientes inspeccionar todas las instalaciones en las quelos retienen, y si sus padres están aquí, hacer todo lo posible para reunirlos con sus familias en los EE.UU.
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