Cinco años han pasado desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y Reporteros sin Fronteras se preocupa del estado crítico de la libertad de información en Honduras. Junto la represión y la censura de los primeros meses se han sumado cuatro años de ataques constantes a los derechos humanos y a los medios de comunicación.
En cinco años, el estado de la libertad de información ha ido degradándose cada vez más. Durante sus cuatros años a la cabeza del Parlamento, el actual Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, defensor entusiasta de la "seguridad a cualquier costo", ha promulgado una serie de leyes cuyo objetivo fue reforzar la militarización de la sociedad y crear mecanismos de control que afectan directamente el acceso a la información.
Este repunte de autoritarismo impide que gran parte de los medios de comunicación y de las instituciones puedan colectar y difundir informaciones de interés público. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras (Unah), lamenta el hecho de que la policía impida la difusión en los medios de comunicación de informe sobre agresiones, asesinatos y otras más formas de violencias que cada día censa, principalmente en las zonas más aisladas del país. Además, recientemente el Observatorio se vio obligado a suspender la publicación del Informe mensual relativo al nivel de violencia en el país - tarea que asumía desde hace 9 años - cuando el Secretariado a la Seguridad se negó a compartir sus datos.
A lo anterior se suma la Ley relativa a los secretos oficiales y a la clasificación de le información publica adoptada precitadamente por el Congreso el 13 de Enero de 2014 y que tiene como efecto la vulneración del derecho a la información de los ciudadanos. La ley establece que “toda aquella información (..) referida al ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir efectos institucionales no deseados” puede tener un carácter reservado. Con este texto el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), encargado de la clasificación de ciertos datos de interés público se ve privado de su competencia dejada de aquí en adelante a la discreción de cada Administración Estatal.
El control de la información operado por las instituciones gubernamentales tiene efectos directos sobre el trabajo de los periodistas. Según Marylin Méndez o Dagoberto Rodríguez, redactor del cotidiano La Prensa, "ningún miembro del ejecutivo acepta hablar con los periodistas sin autorización previa de la presidencia". El señor Rodríguez denuncia "una obstrucción obvia a la prensa seria y profesional".
Los obstáculos con los cuales dan los periodistas que gozan de un estatuto profesional estable, resultan ser insuperables para los que operan en condiciones más precarias. Las radios locales o los periodistas independientes - que constituyen la mayor parte de los medios de comunicación - sufren de presiones que se traducen por una distribución discrecional de la publicidad a los que se conformaran, impulsados por la necesidad, en transmitir una información oficial e uniforme.“Claro, ya uno con hambre puede aceptar lo que dispongan", admite un periodista. Esta práctica es tristemente conocida en Honduras como la “prensa tarifada” que permite a cualquiera que tenga los recursos a “pagarse un periodista” para difundir informaciones que sirvan sus intereses personales. Esta situación de monopolio ejercitada por los grandes consorcios mediáticos deja poco espacio a la difusión de una información independiente y crítica. Por lo cual no es inusual que la represión contra los movimientos sociales afecte también a las radios comunitarias que constituyen el principal medio de expresión de estos movimientos.
El control de la información en torno a temas sensibles tales como las consecuencias para el medio ambiente de la extracción minera, los casos relativos a la corrupción de las fuerzas gubernamentales o también los conflictos agrarios, suele ser aún más intenso cuando la difusión de información amenaza poderosos intereses económicos como pudo ser el caso de la Corporación Dinant, propiedad del depredador de la libertad de prensa, Miguel Facussé Barjum. Las múltiples denuncias, realizadas por organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y medios independientes, relativas a la implicación de la Corporación Dinant en la muerte violenta de centenas de campesinos del Valle de Aguán permitieron que una encuesta del Compliance Advisor Ombudsman (CAO) ordene la congelación de un préstamo de 15 millones de Dólares concedido a Dinant por el Banco Mundial.
Reporteros Sin Fronteras lamenta que este pequeño avance no haya recibido el apoyo de las altas esferas del Estado. Preciso que el gobierno se emplee en hacer respetar la Libertad de Información proporcionando protección a los periodistas y a los colaboradores de los medios de comunicación independientes tanto privados como públicos con el mismo afán y energía que pudo emplear el Presidente de Honduras para desprestigiar algunos de sus compatriotas. Cabe recordar que durante una visita en Washington el pasado 12 de junio declaro haberse fijado como principal misión refutar los informes relativos a las vulneraciones de los derechos humanos que "malos Hondureños" mandan al exterior para ensuciar la reputación del país.
Honduras se encuentra en el lugar 129, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.
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